El titular de Defensa, David Munguía Payés, dice que un ciudadano tiene derecho a tener un arma para defender su morada o circular en zonas peligrosas. Seguridad habla de una ley de desarme.
Escrito por Efren Lemus/Marcos Salguero. 29 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
Un ciudadano que se mueva en ciertas zonas de alto riesgo tiene que andar no solamente armado, sino que tiene que andar con una escolta.”
David Munguía Payés, ministro Defensa
Existen datos específicos y hay también una base científica que no podemos ignorar. Hay que analizar (la ley de desarme) sin pasionismos.”
Henry Campos, viceministro Seguridad
El ministro de Defensa, David Munguía Payés, dice que en algunas zonas del país el Estado no tiene la capacidad para dar seguridad a sus ciudadanos y, por lo tanto, se pronunció en contra de aplicar a escala nacional una ley para prohibir la tenencia y portación de armas de fuego, una iniciativa que promueven los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
“Entendemos que el Estado es el que debe darle protección al ciudadano, pero si el Estado no se la da, entonces el ciudadano tiene que tener una alternativa para defenderse”, dijo Munguía Payés en el programa “A primera hora” de Radio 102.9. Esa alternativa, dice el funcionario, es andar armado: “Un ciudadano que se mueva en zonas de alto riesgo, por ejemplo un hacendado que tiene que moverse a su hacienda a pagar y pasa por zonas peligrosas donde lo pueden asaltar, entonces él tiene que andar no solamente armado, sino que con escolta”.
Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para controlar el problema de la delincuencia camina en otro rumbo: una ley para prohibir la tenencia y portación de armas de fuego. El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, confirmó ayer que esa propuesta para regular las armas de fuego ya está bien avanzada y que “en los próximos días” será enviada al presidente de la República, Mauricio Funes.
Munguía Payés no rechaza la propuesta, sino que la matiza: “Creo que es conveniente, pero en forma focalizada. Siempre nos surge la duda de que si nosotros desarmamos totalmente a la población civil la podemos dejar a merced de la delincuencia. Es decir, que al menos una persona en ciertos lugares peligrosos pudiera tener la opción de defenderse”.
El principal problema de la seguridad pública son los homicidios. Hasta el 27 de abril, la Policía reportaba 344 homicidios, un promedio de 13 diarios. Al sumar esa cifra con los primeros tres meses del año resulta que han sucedido 1,402 muertes violentas y los municipios aquejados son los mismos de los últimos años: Apopa, Soyapango y San Miguel.
Según el Instituto de Medicina Legal, la mayoría de los crímenes se comete con armas de fuego. Del total de casos reportados durante 2010, en el 74% se utilizó un arma. Las autopsias realizadas indican que ese porcentaje se ha ido reduciendo en los últimos tres años, pues del 80% bajó al 76% el año pasado.
“Existen datos específicos y hay también una base científica que no podemos ignorar. Hay que analizar (la ley) sin pasionismos, sin que esto nos haga perder de vista que las decisiones deben de tener una base racional”, insiste el viceministro de Seguridad.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no ha querido revelar detalles de la propuesta de la ley de desarme y se ha limitado a decir que la iniciativa debe ser discutida por todos los sectores sociales. Aunque la propuesta ya parece estar en la recta final de su elaboración, Campos dice que una mesa que analizará el tema tomará en cuenta las sugerencias, las objeciones o los apoyos.
“Un padre de familia debería de tener derecho a tener un arma para defender su morada, no me cabe la menor duda. En ciertos lugares no debería circular armado, pero en otros, como en las zonas peligrosas o si se mueve al interior del país en carreteras de segundo orden, donde lo pueden asaltar, no se le puede vedar el derecho a esta persona”, insiste Munguía Payés.
Campos dijo que respetaba las opiniones del titular de Defensa y que esos puntos de vista podrían discutirse en el Gabinete de Seguridad, del cual Munguía Payés es miembro luego de que en noviembre del año pasado la Asamblea aprobó un decreto para que el Ejército apoye a la Policía en labores de seguridad.
“El señor ministro de Defensa pertenece al Gabinete de Seguridad, pues tiene su postura y estamos abierto a la discusión interna y al debate nacional”, reiteró Campos.
La salida del Ejército a las calles fue una medida inmediata que tomó el Gobierno principalmente ante los altos índices de homicidios y extorsiones. El decreto aprobado por los diputados duraba seis meses, pero en ese tiempo los indicadores delincuenciales se han mantenido altos.
A punto de que expire el decreto que los autoriza a realizar labores de seguridad pública –el 6 de mayo–, Munguía Payés dice que una gran parte del problema delictivo del país está relacionado con las pandillas y la venta de drogas. “Para nosotros, el problema principal de este país se llama pandillas. Sentimos esa fuerte presencia de las pandillas, en donde el tráfico de drogas a escala local y el narcomenudeo es bien acentuado, y alrededor de eso hay mucha violencia”, expresó el titular de Defensa.
Fin de la labor
El decreto legislativo que permite al Ejército realizar labores de seguridad finaliza el próximo 6 de mayo. Defensa dice que presentará recomendaciones.
La Fuerza Armada realiza labores de seguridad en cinco departamentos en los que se han seleccionado los municipios los más problemáticos. Hay ocho Fuerzas de Tarea con unos 350 efectivos, según Munguía Payés.
El ministro dice que el decreto solo les permite realizar capturas in fraganti, revisar personas y vehículos, seguridad en las fronteras y en el perímetro de las cárceles. Defensa presentará un informe al presidente.
El documento que será entregado a Mauricio Funes no solo contendrá los resultados de los seis meses de trabajo, sino que también una serie de recomendaciones del Ministerio de Defensa para el combate al crimen.
Munguía Payés no quiere adelantar las recomendaciones porque sus propuestas no son vinculantes. Empero, dice que si el Gobierno las apoya, tendrá que realizar cabildeos políticos para implementarlas.
El problema de la impunidad
La Policía ha reconocido que no tiene todos los recursos para investigar.
La cifra diariaEl promedio diario de homicidios en el país oscila entre 11 y 12. Carlos Ascencio, el director policial, reconoció hace unos meses que “ninguna Policía” del mundo tiene la capacidad para investigar esos hechos. La misma situación ocurre con la Fiscalía, que es la encargada de dirigir la investigación.
La impunidadSegún Munguía Payés, uno de los problemas en el país es que muchos crímenes se quedan sin castigo. “Es muy difícil que el sistema judicial, y no digamos la Fiscalía, coadyuvada por la Policía Nacional Civil, puedan resolver esos casos, entonces, hay mucha impunidad”, reprocha el funcionario.
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