Escrito por José Arturo Benítez Reyes.30 de Abril. Tomado de Diario Co Latino.
Es inaudito descubrir que en todos los esfuerzos que hace y continúa haciendo el gobierno en todos los órdenes de la vida nacional, y específicamente en el tema de seguridad, solo el instituto político considerado defensor de las libertades, es el que ha mostrado su férrea oposición a dicho plan.
No se logra entender la razón que expusieron los miembros de la cúpula de ARENA al negarse a participar en las reuniones de consulta nacional que convocó con sanas intenciones el presidente Mauricio Funes, y se comprometieron realizar unilateralmente una propuesta de seguridad que nunca lo expusieron públicamente, debido a que posiblemente no tenía ningún sentido lógico.
Basta escuchar y leer declaraciones de los dirigentes, específicamente de la derecha recalcitrante y sus allegados, donde manifiestan su oposición a ese esfuerzo que realiza el ejecutivo con la mayoría de las fuerzas vivas, organizaciones gremiales, empresa privada, iglesia, grupos sindicales, etc. con el fin de llegar a estructurar un plan de seguridad, que no solo se base en la represión, tal como lo desea ese grupo de poder político, militar y económico que solo busca su protección, sino que, se base y se tomen medidas de prevención especialmente.
Ha habido declaraciones de altos dirigentes del partido mayoritario en la oposición de hacer críticas desmesuradas al plan anti-delincuencial del gobierno sin ninguna solvencia moral, ya que sus detractores son los mismos que planificaron el plan mano dura y supermano dura, ambos planes con posiciones represivas violentas, basadas en la fuerza bruta contra las pandillas.
Para lo único que sirvió ese plan fue para empeorar la violencia.
Es comprensible las protestas que hacen los señores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y otros sectores de la ANEP por la ola delincuencial a todo nivel, pero también deben analizar que lo que se recibió a partir del 1 de junio de 2009 de parte de sus antecesores, solo fueron problemas de tipo social, económico.
No se pretende justificar este clima de inseguridad, sino que son realidades que no hay que obviar y este gobierno está obligado a corregir. Por tanto, esos problemas que encontró en su gestión, el estadista presidente junto a su equipo, tiene que esforzarse en solucionarlo de verdad, para lo cual está sentando bases sólidas con el resto de los poderes del estado, gobiernos locales, iglesias en general y todos los sectores de la vida nacional.
Debe entender esa derecha voraz de una vez por todas, que si al recurso humano de un país se le brinda asistencia en aspectos básicos de salud, alimentación, cultura y educación, empleos dignos no acarrea desajustes sociales exagerados tales como hoy suceden, no porque este gobierno lo permita, sino, porque son aspectos heredados. Es muy cierto que desde que se anunció el plan, ha habido más desaciertos que aciertos, pero entonces hay que hacer ajustes inmediatos de corrección, pero sin tanto cacaraqueo y más de acción para hacer más efectivo y eficaz el plan.
La cúpula de ARENA no solo debe alegrarse de que el actual gobierno retome el tema de seguridad como política de estado, sino que deben colaborar directamente y con sinceridad.
Cómo es posible que siendo tan pequeño nuestro territorio, no se tenga la capacidad de contar con una inteligencia policial y la fiscalía para investigar todo lo relacionado a crímenes y delincuencia común, lo que si creo que está pasando es que el blindaje que encontraron las actuales autoridades en las distintas instancias del gobierno y resto del estado, no permitió que la voluntad de las autoridades de investigación dieran el fruto deseado en efectuar seria y honestamente su trabajo, debido a que es más fuerte el tráfico de influencias del mismo crimen organizado.
Este crimen organizado, no solo está constituido por mareros y pandilleros, también, es obvio, que detrás de ellos existe lo más importante, es decir, el financiamiento para operar dentro y fuera de ciertas instancias del estado, y que como lo mencioné en un párrafo anterior, existen sin duda alguna fuerzas que se saben filtrar en las altas esferas institucionales como personas de cuello y corbata que habría que tener el coraje y valentía de investigar.
Por lo tanto, todas las medidas que están tomando las autoridades y por más leyes que se elaboren en la asamblea legislativa y que nadie cumple, es imposible terminar con este flagelo que se ha multiplicado a la enésima potencia, y que así seguirá infinitamente, si el presidente Mauricio Funes, no recibe la colaboración directa del sistema judicial, fiscalía, asamblea legislativa, gobiernos locales, sector empresarial y pueblo en general organizado.
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