Los profesionales estuvieron o están involucrados en el tráfico de objetos prohibidos en diversas cárceles del país. Casos similares son tratados de forma tan dispareja que dejan al descubierto el hecho de que la justicia tiene sus preferidos.
Escrito por Gregorio Morán.30 de Abril. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR
- Todos hemos visto esas caricaturas donde aparece la justicia, representada como una mujer que sostiene una espada, una balanza y está vendada, pero que se ha levantado el velo de los ojos para ver a quién favorecer, y generalmente los favorecidos son gente pudiente o con influencias.Bien, esta vez, esa dama inmortal se ha levantado el velo para ver al ex juez de Paz suplente de Ayutuxtepeque, José Próspero Arias Hernández y dos abogadas más: Rosa Guzmán y Maritza Ayala.
Ellos, en su calidad de defensores, ignoraron la disposición del artículo 338-B del Código Penal, que castiga la introducción de objetos prohibidos a los centros penales. Los abogados en cuestión intentaron proveer de celulares, chips de teléfonos y medicamentos a reos, durante audiencias judiciales o visitas a centros penales.
Por eso mismo fueron procesados, aunque nunca pisaron la cárcel bajo la calidad de imputados.
Abogados chips
Arias Hernández intentó introducir dos chips al penal de Mariona, durante una visita a dos reos realizada en abril pasado, durante las vacaciones de la pasada Semana Santa.
Fuentes fiscales dijeron a ContraPunto que en San Vicente y Zacatecoluca, otros dos casos de violación al referido artículo penal llegaron hasta la instancia judicial en contra de las abogadas Rosa Guzmán y Maritza Ayala.
Ambas defendían a un reo cada una. Ayala fue descubierta por miembros de seguridad del Centro Judicial de Zacatecoluca cuando le entregaba dos chips a su defendido, el reo Edwin Castillo, durante una audiencia preliminar celebrada en agosto de 2008.
Al verse descubierta, la abogada se escabulló entre los visitantes del centro judicial, pero luego fue procesada. Un juez de Paz de Zacatecoluca y una Cámara de lo Penal absolvieron a la abogada, bajo un argumento legalista.
Tanto el juzgado como la Cámara justificaron la liberación de Ayala, señalando que la ley establecía la prohibición de introducir objetos “en los centros penales” y en este caso el hecho no se dio en un centro penal, sino en el centro judicial de Zacatecoluca.
Los diputados reformaron el artículo 338-B del Código Penal para salvar esa deficiencia legal en la que se ampararon los jueces y magistrados, ampliando el concepto a “un centro o lugar de detención, resguardo o reeducativo”.
Eso se castiga con prisión de tres a seis años.
Todas las resoluciones respecto de Ayala se dieron tan rápido como se pudo. La absolución la dictó el juzgado de Paz el 7 de septiembre de 2009; el 10 del mismo mes la fiscalía acudió a la Cámara, y el 29 de septiembre del mismo año, la absolución de la abogada ya estaba declarada firme por esta última instancia judicial.
Ahora goza de total y plena libertad, pese a haber entregado los chips a su defendido, quien estaba preso en el penal de máxima seguridad.
El segundo caso del que tuvo conocimiento ContraPunto, es el de la abogada Rosa Guzmán, de 53 años, quien el pasado 25 de febrero a las 2:30 de la tarde, fue sorprendida por custodios del centro penal de San Vicente con un celular y una bolsa conteniendo medicamentos. Los llevaba en su cartera.
La profesional pretendía ingresar ambos productos al centro penal. Así lo admitió ella misma a fin de lograr que se le abreviara el procedimiento para evitar ir a la cárcel. El juez y la Fiscalía le concedieron su deseo.
En el proceso judicial consta que teléfono y medicinas aparentemente tenían como destinatario su defendido, Antonio Walter Rodas, quien guarda prisión por el delito de tenencia y posesión de drogas en el penal de San Vicente.
Jueces con la cola pateada
Es una conducta “intolerable” que no solo riñe con la legalidad, sino “con la ética y la moralidad” de estos profesionales, dijo a ContraPunto el presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, Manuel Arieta.
La actitud de estos abogados también se lleva de encuentro a los jueces que les iniciaron el proceso penal, porque al final, los aplicadores de justicia, e incluso los fiscales mismos, terminaron beneficiando a sus “colegas”, contrario a lo que ocurre cuando se trata de civiles que no tienen profesión ni influencia alguna.
Arieta no está de acuerdo con “la benevolencia” con que los jueces han resuelto estos casos. “La verdad es que es una cosa grave y debería castigarse con el rigor que la ley proclama”, dijo el presidente de FEDAES.
Y es que la benevolencia advertida por Arieta, no es pareja. En algunos casos actúan con todo rigor.
Todos en la cama o todos en el suelo
Una anciana de 69 años, por ejemplo, identificada como Lidia López, ahora está en la cárcel desde septiembre de 2009 porque se le encontró un teléfono celular en sus partes genitales cuando visitaba a su esposo en el penal de Mariona, a quien pretendía darle el aparato.
Una nota colgada el 22 de septiembre en el sitio Web de la Fiscalía, dice que el defensor particular de la señora López solicitó que se realizara un proceso abreviado, es decir, una salida alterna que la pondría en libertad inmediatamente y con una pena mínima excarcelable, si aceptaba haber cometido el delito.
Sin embargo, la representación fiscal se opuso a tal solicitud, por considerar que “este tipo de delitos conlleva la consecución de otros más graves, como extorsiones y homicidios”. El juzgado de Paz estuvo de acuerdo.
La detención de la señora fue dictada por el juzgado de Ayutuxtepeque, el cual, meses después, también realizó una audiencia contra el ex juez suplente Arias Hernández, quien en otros tiempos fungió como tal en ese mismo tribunal.
Arias Hernández, que como ya se dijo intentó introducir dos chips al penal de Mariona, actuó igual que la señora López: violentó la prohibición del Código Penal de introducir a las celdas artefactos prohibidos.
Sin embargo, Arias Hernández está libre, porque el tribunal y la Fiscalía creyeron en alegato del ex juez: que los chips eran de su esposa y que se le olvidó sacarlos de la cartera y por ello los andaba el día de su vista a Mariona.
El argumento de defensa de Arias Hernández no fue cuestionado. Por el contrario, tribunal y fiscalía terminando creyendo que el ex juez es una persona “honorable” y que no había actuado con dolo. Aunque al final de cuentas el mismo imputado admitió haber cometido el delito estipulado en el artículo 338-B del Código Penal.
Mientras tanto la septuagenaria Lidia López pasó alrededor de tres meses en la cárcel, hasta que por fin el Juzgado de Instrucción de Ayutuxtepeque la dejó en libertad a condición de que la anciana no se acercara al centro penal, entre otras.
El magistrado Ulices Guzmán dice con relación a los paños tibios con los que se han tratado al ex juez y a las otras dos abogadas, que la Corte Suprema de Justicia no puede interferir en las decisiones de los jueces que los han procesado. Sin embargo, sí han intervenido en el caso de Arias Hernández.
La intervención ha sido en el sentido de quitarle a éste su calidad de juez suplente y de ordenarle al Departamento de Investigación Profesional de la Corte abrir un expediente administrativo que dará resultados independientes del proceso penal que se le siguió.
De hecho, la intervención de la CSJ en el caso del ex juez fue por iniciativa de Guzmán, quien admitió, sin embargo, desconocer los otros casos registrados en San Vicente y Zacatecoluca, aunque señaló que Investigación Profesional debería actuar oficiosamente en éstos.
La verdad que la cloaca del Organo Judicial Salvadoreno apesta, con gente como jueces como este Jose Prospero Arias Hernandez(ex juez de Panchimalco) deberian investigarlo y pocesarlo por el delito de introduccion de objetos prohibidos en un penal,sin embargo jueza y fiscal le hicieron el gran favor al colega corrupto en no procesarlo,este juez es un descarado en el sentido que sin ninguna etica o moral decide delinquir como un vulgar y bajero delincuente,el color que se da con una tontera ahora ya no digamos que le paguen por metir en un juicio, o darle trato preferencial a alguien, deberian investigarlo desde que era juez de panchimalco e investigarlo como notario,seguro hay grandes irregularidades en ese libro de protocolo.La CORRUPCION ESTA EN LOS JUZGADOS.
ResponderEliminarEs una lastima el nivel de corrupcion a que hemos llegado en El Salvador,y es mas lamentable que sean los mismos jueces los que delinquen como cualquier delincuente callejero,este ex-juez deberia estar detenido al igual que las abogadas sin embargo gozaron de las mieles de la impunidad salvadorena, seguramente ya estan en las mismas andadas,es una verguenza como profesionales que se tildan de "honorables" no son mas que delincuentes traficando objetos prohibidos a las carceles,chips en el caso de Prospero Arias Hernandez, esos chips son con los que los otros delincuentes recluidos extorsionan,ordenan secuestros y asesinatos,como es posible que este caso de este ex-juez suplente de Panchimalco quede en completa impunidad y nadie, absolutamente nadie se pronuncia en contra de estas impunidades,hemos llegado a un nivel donde estos abogados operan junto al crimen organizado o pandillas y lo hacen libre y tranquilamente sin que la Fiscalia y Policia, mucho menos la Corte Suprema los investigue,procese y los encarcele.Y este caso de Arias Hernandez es solo uno que se hizo publico pero cuantos actos de corrupcion haran otros jueces y juecesitos suplentes,fiscales,procuradores y demas personas del Organo Judicial.Mientras el pueblo no se levante en protesta por actos como el de este abogado y juez seguiran en la corrupcion, mientras la prensa no investigue y denuncie ,nadie los destapara ni acusaran de nada,Estos abogados corruptos deberian ser desautorizados como abogados y como notarios porque que buena fe puede una mafia de esta tener en actos privados en los cuales deben ellos utilizar un libro de protocolo,que mas actos haran en todo lo que protocolizan,que mas corrupcion haran como abogados defensores particulares,o como este juez aprovechandose de sus influencia y cargo publico para delinquir, lo encuentran in fraganti introduciendo los chips,lo detienen los custodios y jueza y fiscal se ponen de acuerdo en dejarlo libre como si no cometio nada,cualquier persona,cualquiera que haga esto lo procesan y lo meten a la carcel,pero esta gente opera con todal impunidad en nuestro pais, y nadie se pronuncia en contra de esto,ni asociaciones de abogados,ni Corte Suprema ni ninguna otra entidad o persona,hemos llegado al colmo con la mal llamada justicia en nuestro pais. Yo felicito a la persona que escribio esta publicacion por ser de los pocos que se han levantado con su voz a tocar este acto de corrupcion, y espero no se quede sin escribir mas al respecto,y seguirle los pasos a estos abogados corruptos y mafiosos, y muchos otros que hay en nuestro pais.Gracias y adelante con sus reportajes que buena falta hacen medios como este en que toquen esos temas que nadie quiere tocar.
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