Por más de una década 92 barriles que contenían pesticidas nocivos para la salud permanecieron abandonados sin ninguna medida seguridad en una zona rural de San Miguel, por lo que ésta resultó contaminada. Es hasta ahora que el gobierno está buscando cómo ayudar a los pobladores.
Escrito por Magdalena Flores. 30 de Abril. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – Desde hace más de 10 años la empresa Agroquímicos Jell (Agrojell) abandonó sus instalaciones en el Cantón Las Delicias, San Miguel. Dejó abandonados 92 barriles de toxafeno, un insecticida nocivo para la salud humana que incluso puede causar la muerte.
El toxafeno es un insecticida empleado en cultivos de algodón, cereales, frutas, nueces y hortalizas, así como para luchar contra las garrapatas y los ácaros del ganado.
Se prohibió su uso en 1990 por su alto grado de peligrosidad para los seres humanos. La Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA) lo considera como un posible carcinógeno humano. La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, dijo que realizarán a finales de mayo y principios de junio pruebas de laboratorio específicas para determinar los perfiles renales y hepáticos de los pobladores.
“Ya se han encontrado indicios de lesiones renales, de lesiones hepáticas en esa población y habrá que ver cuál es la relación entre la contaminación por toxafeno”, dijo la ministra.
Desde 1998 que Agrojell cerró sus puertas, los pesticidas estuvieron a la intemperie, sin ninguna seguridad para la población.
Las condiciones climáticas, el tiempo y sobre todo el abandono sin ninguna prevención facilitó que el toxafeno penetrara al suelo, y en consecuencia se filtrará a los mantos acuíferos de la zona. No hubo ningún control por parte de las autoridades de ese entonces.
Agua envenenada
“Desafortunadamente en el caso de San Miguel debemos decir que la mayor parte de toxafeno en realidad se incorporó al suelo y se infiltro en el agua”, reconoció Rosa Chávez, en conferencia de prensa el martes.
El MARN realizó un estudio en la zona para determinar el grado de contaminación de los pozos de la zona. Este estableció que de las 10 muestras realizadas en los pozos de las poblaciones aledañas a la ex bodega de Agrojell, nueve de los diez resultaron positivos, aunque sólo dos mostraron concentraciones de toxafeno mayores al límite máximo permitido internacionalmente.
El límite establecido por la EPA es de 0.003 miligramos por litro (mg/l). El ministro de Medio Ambiente enfatizó que aunque la mayoría tienen niveles muy por debajo de los establecidos, “el problema tiene que ver con la exposición prolongada” al químico.
Los pozos que presentaron mayores niveles de toxafeno fueron el de la Colonia Carrillo, ubicado en la propiedad de la señora Elsy Ramírez, con 0.0046 mg/l, y el del Hotel Faraón, que abastece a los grifos de gasolinera de Alba Petróleos con 0.0521 mg/l.
“El primero está 1.5 veces arriba del máximo, y el segundo, el pozo del hotel Faraón está 15 veces arriba”, detalló el ministro.
El toxafeno se absorbe mediante ingestión (comer pescados o mariscos contaminados, tomar agua de pozos contaminados, o en los casos de niños que comen tierra contaminada), inhalación (respirar aire cerca de un sitio de residuos peligrosos donde se desechó toxafeno) y a través de la piel. Puede causar lesiones hepáticas y renales.
¿Grandes intereses?
De acuerdo a Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), los productos que dejó dicha compañía abandonados pertenecían a Monsanto, el gigante estadounidense dedicado a vender productos agrícolas, criticado en varios países del mundo por su ferocidad para producir y comercializar semillas genéticamente mejoradas. Los ingresos de la compañía rondan los US$11.3 billones, y sus utilidades netas alcanzan los US$2 billones.
Para Navarro sería bueno que el gobierno demandara a Monsanto por el daño ocasionado; sin embargo el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Herman Rosa Chávez, dijo a ContraPunto que hasta el momento están evaluando las opciones legales.
“Ese es otro carril, el legal y se están explorando opciones en ese sentido”, indicó.
Aunque en las administraciones pasadas a manos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se levantó una demanda en contra del apoderado de la empresa, al final esto no terminó en nada.
De acuerdo al Director Jurídico del MARN, Marcial Pineda, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revisó en 2009 la sentencia emitida previamente por un tribunal, que dejaba libre al apoderado legal de Agrojell, José Manuel Roberto Gutiérrez López.
La CSJ confirmó la sentencia del tribunal.
“Significa entonces que en estos momentos está absuelto el señor José Manuel Roberto Gutiérrez López, está cerrada la causa penal en contra de él”, dijo Pineda.
“En un primer momento se decía que él era el representante, pero en el transcurso del procedimiento llegaron a determinar que al parecer él no era el representante legal en el momento que ocurrieron los hechos”, explicó Pineda. Agregó que están realizando las investigaciones pertinentes para iniciar un proceso legal.
Algunos sostienen que el desinterés de las antiguas administraciones por no esclarecer la problemática se debía a que el ex Presidente de la República Alfredo Cristiani (1989-1994) estaba implicado, en el sentido de que parte de los químicos, o todos en su totalidad, eran propiedad de una empresa del ex mandatario, dedicada a la comercialización de semillas y fertilizantes.
Sin embargo esto no ha sido comprobado.
Navarro dijo desconocer si hay vínculos entre el ex mandatario y dicha empresa.
“No sé si hay vínculos con Cristiani, desconozco eso”.
Una luz al final del túnel
A pesar del desinterés mostrado por las anteriores autoridades, en la actualidad el MARN está buscando dar una solución a este problema.
Aunque el ministro de Medio Ambiente reconoce que es imposible la descontaminación de la zona, sí van a intentar hacer el mejor trabajo posible para evitar que la situación empeore.
“Estamos en contacto con la agencia Federal de Medio Ambiente de Estados Unidos que tiene bastante experiencia en remediación de sitios contaminados”, dijo el ministro.
Agregó: “Desgraciadamente creo que la palabra descontaminación es muy fuerte porque no vamos a poder descontaminar este sitio, lo que podemos es remediar las situaciones peores que tenemos para salvaguardar la salud de la población”.
Dijo que están en contacto con la EPA para que ellos les ayuden a contrarrestar esta situación.
Quemar o no quemar, he allí el dilema
Desde febrero pasado iniciaron los primeros trabajos, al trasladar los barriles y materiales con toxafeno que encontraron en la zona hacia la incineradora de cementos CESSA, ubicada en Metapán, ahora a manos de la empresa suiza Holcim.
Todos ya fueron destruidos, junto a otros elementos que estaban contaminados. El coprocesamiento o incineración se hizo del 1 al 19 de marzo. “A lo largo de 19 días incorporamos 42 toneladas, que no era toxafeno puro, porque estamos hablando que había concreto y suelo”, aclaró el ministro.
La medida es criticada por Navarro, ya que considera que dicho proceso es más perjudicial para la salud porque genera sustancias más tóxicas, como las dioxinas y furanos.
Incluso organizaciones internacionales, como la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, la Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, expresaron su preocupación en una carta enviada el 10 de marzo de 2010 a las autoridades de Medio Ambiente.
En la misiva, señalan que “la quema de toxafeno y los residuos que lo contienen en hornos de cemento aumentará la contaminación del medio ambiente y expondrá a los trabajadores y al público en general a sustancias altamente tóxicas, como las dioxinas y furanos”.
Pero, según Rosa Chávez no se generaron más allá de los límites permitidos, por lo que no se afectó más a la población al quemar el toxafeno. De acuerdo al ministro en ningún momento hubo peligro porque las dioxinas y furanos generados por el coprocesamiento fueron de 0.04 nanogramos de equivalente tóxico, y el máximo permitido es de 0.10, según la Unión Europea.
Agua sin veneno, por favor
Dentro del Plan Integral a las comunidades que permanecieron expuestas al plaguicida toxafeno también la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ya inició su trabajo.
De acuerdo al presidente de ANDA, Marco Antonio Fortín, el día martes 27 de abril movilizaron a la zona afectada 5 burbujas, es decir bolsas grandes que contienen agua, de 15 mts cúbicos de líquido, para que la población se abastezca. Esas bolsas serán llenadas periódicamente con agua de pipas. El propósito es evitar que la gente siga consumiendo agua contaminada.
También dijo que harán un proyecto de 4.2 kilómetros de tuberías de cuatro pulgadas para poner 10 chorros públicos para que la comunidad se abastezca permanentemente de agua.
El proyecto tiene un valor aproximado de unos $210,000, las autoridades de ANDA esperan que para el mes de julio ya estén listan los diez chorros públicos. Con este proyecto se van a beneficiar 335 familias, principalmente de las comunidades Brisas I, II, III”, detalló.
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