EDH-Siempre vamos a debatir temas de interés nacional

 Los jueces no están exentos de cometer prevaricato, de ser víctimas de sus fanatismos o sus supersticiones, de ser intimidados por bandas del crimen o corromperse

Editorial. 28 de Abril. Tomado de El Diario de Hoy.

 

Los medios de comunicación, al igual que los ciudadanos de un país, no pueden ni deben renunciar a analizar, discutir, rechazar, apoyar o ignorar lo que hacen funcionarios públicos o cualquier entidad o persona privada. Que una jueza o juez emita un fallo no lo exime de examen o crítica; nadie es dueño de la verdad absoluta y todos estamos expuestos a equivocarnos.

Lo oportuno o justo de lo que se resuelve en un tribunal no va ser definido sólo por el apoyo o rechazo que reciba de otros jueces, sino por las valoraciones y el análisis que se hagan de sus argumentos.

Si lo que un tribunal decide fuera intocable, no existirían ni instancias ni apelaciones ni Cortes de Justicia internacionales ni grupos de vigilancia ni comisiones formadas por otros gobiernos para establecer la confiabilidad de la impartición de justicia en un país. Bien se conocen las serias reservas que la Comisión ad hoc del Congreso de Estados Unidos tiene sobre el sistema de justicia de El Salvador, como con respecto al de Nicaragua y Guatemala, o de muchos otros pueblos.

Los jueces no están exentos de cometer prevaricato, de ser víctimas de sus fanatismos o sus supersticiones, de ser intimidados por bandas del crimen o corromperse. El que se dé curso en los tribunales y sin ningún cuestionamiento, a demandas por diez, treinta o cien millones de dólares -–procesos que constituyen nuevas formas de extorsionar o perseguir ciudadanos, abiertos chantajes o secuestros legales-- es el peor indicio, así como lo es la liberación de criminales basándose en consideraciones banales o torcidas.

El peor servicio que pueden los informadores prestarle al país, es ignorar el desborde de la criminalidad y desconocer las truculencias y arbitrariedades que han colocado un manto de impunidad sobre asesinos, asaltantes y extorsionistas. Es sabido y se sufre, tanto la creciente influencia que tiene el crimen organizado en las instituciones de toda la región, como el acoso que hacen sobre procesos y jueces, lo que sucede desde Venezuela hasta Ciudad Juárez.

La buena ley está del lado de las víctimas

Un juez o una jueza de discutibles méritos e historial no tiene las cualificaciones para arremeter contra medios de difusión y decidir, por sí y ante sí, rechazando toda crítica, los alcances de la libertad de expresión, más cuando se manejan crímenes horrendos descubiertos en flagrancia total. Las leyes pueden, como parte de las garantías procesales, prohibir que jueces o personal de los tribunales difundan nombres o imágenes, incluyendo la identidad de testigos, pero ninguna ley secundaria puede anular el derecho a la libre expresión de ciudadano o medio de difusión alguno.

Los jueces, al igual que los parlamentos, pueden interpretar las leyes y debatir los alcances de principios de jurisprudencia, pero no manosearlos o querer pasar por encima de ellos. Las tradiciones y normas esenciales del Derecho son una de las más esplendorosas herencias de Occidente, a lo que contribuyeron desde Cicerón y San Pablo hasta los firmantes de la Carta Magna y los pensadores que dieron cuerpo a la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa.

La buena ley se deriva de los principios morales, de la razón, de tradiciones honestas, de todo lo que atesoramos como propio, justo, medido y sensato. La buena ley siempre está del lado de las víctimas, nunca de los agresores.

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