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2010/04/26

LPG-De diputados, magistrados y consejales

Escrito por el Imperio del Derecho.26 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
Centro de Estudios Jurídicos

El domingo 18 de abril, este periódico publicó unas crónicas sobre cómo discurren las reuniones de las comisiones de la Asamblea Legislativa. Se describe con crudeza la realidad que acontece en ese importante órgano de gobierno. Los diputados pierden el tiempo en debates inútiles y en confrontaciones que ya debieron superarse. Las comisiones legislativas se reúnen pocas veces a la semana, y generalmente, se insultan o confrontan durante veinte o treinta minutos y concluyen las sesiones sin nada productivo.

Al ciudadano común podría desinteresarle que los señores diputados reconozcan esos encuentros como “trabajo” legislativo. El problema es que a cada uno les pagamos $134.25 diarios y se les atiende con bocadillos o comidas de hoteles y algunos con comodidades adicionales.

Algo parecido ocurre en la Corte Suprema de Justicia, donde las sesiones plenarias semanales son generalmente improductivas. Pocos magistrados monopolizan el uso de la palabra para distraer la atención en trivialidades o profesan enseñanzas básicas de Derecho, con el único propósito de impedir el avance en temas centrales. Hemos visto en los periódicos cómo el presidente de la Corte Suprema tuvo que suspender una reunión por la necedad de un magistrado de seguir hablando sobre temas impertinentes a los aprobados en agenda. Es la táctica de los incompetentes para contagiar con su sombría actuación a todo un tribunal colegiado y frustrar las aspiraciones de quienes tienen conciencia de la insoportable mora judicial y administrativa.

Los funcionarios, sobre todo los vinculados al sector justicia, por su actividad trascendental merecen tener condiciones apropiadas para su desempeño. Pero no parece justo para el pueblo que a sus expensas lleven un inmerecido estilo de vida devengando un salario sin mucha producción normativa o de sentencias, ni resolver oportunamente los problemas que el ciudadano llega a demandar.

En tiempos de campañas, los aspirantes a diputados magistrados y consejales del Consejo Nacional de la Judicatura ofrecen trabajar incansablemente, de manera honesta y transparente. Prometen actuar en beneficio de las mayorías y presentan a sus electores proyectos atractivos para desarrollar durante sus gestiones. En verdad, pocos cumplen a plenitud esos planes y pueden sentirse orgullosos de seguir sus lineamientos originales. Otros se dejan cautivar por sus aduladores y las comodidades que ofrece su trabajo; hay quienes consideran que la dignidad y altura del cargo reside en la clase y cantidad de vehículos de los que dispone, la posibilidad de nombrar sus parientes y amigos, y por supuesto, mantener buenas relaciones sociales con los dirigentes del poder.

Quizá la responsabilidad no reside exclusivamente en los funcionarios incompetentes, sino en el caso del sector justicia, en las asociaciones de abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura, quienes presentaron esos candidatos. Estos organismos deben mejorar la calidad de sus propuestas y mantener una vigilancia constante del trabajo que desempeñan sus postulantes una vez lleguen al cargo.

Pronto se elegirá de entre jueces y abogados a los nuevos miembros del CNJ. Ya tuvimos suficientes experiencias nefastas para continuar promoviendo candidatos, que lo único que garantizan es perpetuar la mediocridad y el estancamiento institucional. Estamos a tiempo de evitar esta clase de burócratas. El CEJ ha presentado ante la comunidad jurídica una propuesta de cuatro juristas de trayectoria y probidad reconocidas para optar a ser nuevos miembros de dicho Consejo a fin de que representen dignamente a los abogados en ejercicio: Francisco Díaz Rodríguez, Mauricio Ernesto Trejo Castillo, José Eduardo Tomasino Hurtado y Romeo Melara Granillo, respecto de los cuales esperamos cumplan un papel honroso.

De diputados, magistrados y consejales

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