Escrito por Rubén Aguilar Valenzuela.30 de Abril. Tomado de Contra Punto.
Esta ley solo podría engendrar abusos y fricciones políticas binacionales
MEXICO - Existe el riesgo de que la policía detenga a ciudadanos estadounidenses que por sus rasgos físicos puedan ser considerados indocumentados.
El Congreso de Arizona está en su derecho de aprobar la legislación que considere pertinente y la gobernadora republicana Jan Brewer de publicarla. Le ley les asiste y ésa no es ni puede ser la discusión.
El problema, pues, es otro y lo plantea con claridad el presidente Obama cuando asegura que la ley SB 1070, que permite la detención de “sospechosos” de ser indocumentados, es “irresponsable” y no abona a la solución del problema y sí lo agrava.
De acuerdo con las autoridades de Arizona, en el estado permanecen 460,000 emigrantes ilegales y eso pone en juego su seguridad y hace necesario la ley que entrará en vigor en 90 días.
Los demócratas y las organizaciones defensoras de los indocumentados señalan el verdadero propósito de la nueva legislación: responder a las demandas de los republicanos más conservadores de cara a las próximas elecciones en ese estado.
El propio senador John McCaine, quien fuera candidato a la Presidencia y siempre manifestó apertura a una reforma migratoria integral, se ha sumado a los apoyos de la nueva ley en el intento de asegurar su reelección.
De los 6.5 millones de habitantes del estado, 1.9 millones (30 %) son de origen mexicano y existe un alto riesgo de que la policía detenga a ciudadanos estadounidenses que por sus rasgos físicos pueda considerarlos “sospechosos” de ser indocumentados.
La Gobernadora afirma que no tolerará la discriminación y los abusos raciales de la policía, pero los dirigentes hispanos ven difícil que eso se garantice y observan que trae consigo miedo, inseguridad y la ruptura del tejido social.
La ley, así lo ven dirigentes sociales, los líderes demócratas y también el presidente Obama, abre la posibilidad de todo tipo de abusos a la población de origen mexicano, pero también a los turistas.
De aplicarse la ley, hay quienes dudan que se hará porque resulta imposible y está hecha sólo con fines electorales, lo evidente es que se agravarían los problemas de seguridad que supuestamente quiere resolver Brewer.
El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, hizo pública una nota donde “lamenta la decisión de la Gobernadora” y anuncia: “México utilizará todos los recursos diplomáticos, políticos y económicos a su alcance en respuesta a la firma de la ley”. La canciller Patricia Espinosa, al fijar la posición oficial, aseguró que esa ley “afecta la relación entre Arizona y México, y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación” con ese estado.
La ley SB 1070 es una decisión legal del Congreso y la Gobernadora de Arizona, pero que resulta lamentable y puede derivar en abusos permanentes y convertirse en un tema de fricción permanente entre el gobierno mexicano y ese estado.
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