No hay cómo escapar de esta conclusión: si no se inicia cuanto antes una reforma integral del sistema carcelario en el país, las cosas van a seguir empeorando, con las consecuencias previsibles para la seguridad y para la institucionalidad.
Escrito por Editorial.29 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
Muertos y heridos son el resultado de los más recientes disturbios graves en las cárceles del país, por acciones de insubordinación de la población reclusa. La emergencia actual, que ya abarca 11 penales, muestra una crisis de intensidad cada vez mayor, y con violencia creciente. Los custodios han tenido que usar las armas, lo cual indica que los mecanismos pacíficos no están funcionando. La mesa de negociación montada es hasta hoy un esfuerzo fallido. Como dice el titular de la PDDH, que trata de impulsar soluciones pacíficas, como es su responsabilidad, aquí hay activada una “bomba de tiempo”, que además va estallando progresivamente.
Aunque los incidentes que se repiten tienen su propia gravedad, que muestra la fulminante complejidad del problema, el verdadero nudo gordiano está en el sistema mismo, que ya dio de sí desde hace tiempos. No es sólo el hacinamiento, que desde luego genera un escenario más que propicio para la constante insatisfacción y el desorden: es la inoperancia de las estructuras tanto de control como de rehabilitación humanizadora y reeducadora. Y además, para colmo de males, el crimen organizado se ha tomado prácticamente los penales, desde donde opera con total impunidad.
No es casualidad que uno de los puntos neurálgicos de la crisis actual esté en el régimen imperante en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, pues las restricciones afectan a delincuentes de alta peligrosidad, que quisieran actuar como se hace desde otros penales. Es el crimen el motor de todos estos disturbios, aunque haya condiciones que estimulen las protestas. El sistema está a punto de colapsar.
Reforma integral ya
No hay cómo escapar de esta conclusión: si no se inicia cuanto antes una reforma integral del sistema carcelario en el país, las cosas van a seguir empeorando, con las consecuencias previsibles para la seguridad y para la institucionalidad. Y estamos tarde, desde luego, pues por años se dejó crecer el problema, sin hacer nada sustantivo. Y es que aquí interfiere un criterio de estricto interés político: mejorar el sistema carcelario no es tan explotable desde el punto de la imagen gubernamental como hacer otras obras de más figuración social. Entonces, no les interesa. Así de sencillo.
El problema está saliéndose de veras de control, y las consideraciones de imagen ya no pueden disimularlo de ninguna manera. Hay que hacer algo sustantivo en este campo, para detener el deterioro acelerado. Y la cuestión se complica porque, con los niveles actuales de delincuencia, una mayor efectividad policial, fiscal y judicial –que también es imperiosa– significará más gente dentro de las cárceles. Si éstas ya están sobresaturadas, ¿cómo resistir una presión poblacional superior?
Habrá que buscar fondos para esta reforma del sistema carcelario, y, antes de eso, tener un proyecto de reconversión real del mismo, no con medidas de coyuntura, sino a partir de decisiones estructurales, tanto en la configuración física como en los mecanismos administrativos. Lo que se tiene ya no sirve, y los hechos lo ponen en evidencia constantemente. No verlo ni asumirlo es una gran irresponsabilidad.
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