La contraloría dice que los esfuerzos y acciones realizadas por algunos ministerios “han sido insuficientes” para determinar los daños en la salud de la población y medio ambiente.
Escrito por Amadeo Cabrera. 26 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
La Corte de Cuentas de la República dejó al descubierto la ineficiencia con que actuaron algunos ministerios e instituciones gubernamentales para resolver la problemática de contaminación causada por los barriles con tóxicos abandonados por una empresa en San Miguel en el año 1998.
La contraloría, en su informe final de examen de gestión ambiental y financiera realizado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y otras instituciones de gobierno, revela lo poco diligente que fueron en este caso funcionarios de administraciones anteriores.
La Corte concluye que los esfuerzos y acciones realizadas por las carteras de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura y Ganadería “han sido insuficientes” para “determinar los daños a la salud de la población y al medio ambiente”.
El informe de examen especial —realizado para el período del 1.º de enero de 2005 al 31 de mayo pasado— también censura que estos dos ministerios hayan sido insuficientes para “investigar, prevenir y combatir la contaminación provocada por los desechos” así como para “proteger las instalaciones contra el desmantelamiento y saqueo (de la bodega donde fueron abandonados los tóxicos).
La Corte también reclama a estas dos secretarías de Estado por qué han sido insuficientes con sus esfuerzos y acciones para “el desarrollo de programas de salud y saneamiento ambiental en el sitio” y para “restringir el uso del suelo en el área de influencia para usos agrícolas”.
Las insuficiencias son también reprochadas a la Policía a través de su División de Medio Ambiente, y a la municipalidad de San Miguel.
La contraloría del Estado señala que “se ha encontrado ausencia total de participación de otras instituciones” para el tratamiento del problema, entre ellas la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) “en relación a la determinación de la calidad de agua suministrada a la población que reside en el área de influencia”; la Dirección de Protección Civil “en cuanto a determinar y gestionar el riesgo generado por la problemática” y el Ministerio de Agricultura y Ganadería “en cuanto a la vigilancia de los cultivos en áreas aledañas al lugar en que se encuentran los desechos químicos”.
La actuación del MARN también es vista con recelos en el informe. La Corte sostiene que esta cartera de Estado “no cuenta con informes, estudios o investigaciones” en los cuales se determinen los efectos causados en la salud de las personas y recursos naturales de la zona.
La carencia de estas diligencias se mostró previo a la contratación de la empresa TREDI, S. A., encargada de efectuar limpieza del lugar, reembasado, almacenamiento, transporte y eliminación de los tóxicos.
La empresa y el ministerio suscribieron el contrato en junio de 2006 por $136,000 y con un plazo de 135 días a partir de la orden de inicio que fue dada el 5 de marzo de 2007. TREDI solicitó prórroga por dos ocasiones que fueron aceptadas. Posteriormente surgió un conflicto entre ambas partes, lo que lleva a la caducidad del contrato en marzo de 2009.
El caso de los tóxicos
La empresa AGROGELL, S. A., dejó abandonados en 1998 en el cantón Las Delicias, al oriente de la ciudad de San Miguel, 92 barriles de toxafeno, un insecticida prescrito en 1990. Fue hasta febrero pasado que los barriles fueron llevados a Metapán para ser destruidos por una empresa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica al toxafeno como una sustancia moderadamente peligrosa; la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA), como un posible carcinógeno humano; y la Unión Europea (UE), como tóxico y carcinógeno.
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