El Gobierno salvadoreño reafirmó su preocupación por la ley sancionada el viernes pasado en Arizona, un estado que se ha convertido en puerta de entrada al resto del país. Guatemala y México también han criticado la medida.
Escrito por Estela Henríquez/ Joyce Álvarez/ Agencias . 27 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
Nos cabe el derecho de protestar, de fijar una posición ética ante esto y de definir cuál es nuestra línea política para la protección de los derechos de nuestros migrantes.”
Juan José García, viceministro
No puede ni va a permanecer mi gobierno indiferente cuando dichas políticas atentan contra los derechos humanos.”
Felipe Calderón, presidente de México
Todos los países tienen el pleno derecho de regular la inmigración, pero no a costa de no respetar los derechos humanos.”
José Miguel Insulza, secretario gral. OEA
Los Gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y el titular de la OEA expresaron ayer su preocupación y condena por la sanción del gobierno de Arizona a la ley SB 1070, que abriría la puerta a la persecución racial.
El secretario general de la organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, mostró su preocupación por la aprobación de la ley antiinmigrante en Arizona que, a su juicio, crea las bases para una discriminación racial que considera inaceptable por hacer equivalente la inmigración a un delito.
“Todos los países tienen el pleno derecho de regular la inmigración, pero no a costa de no respetar los derechos humanos de las personas”, dijo el funcionario al recordar que EUA tiene la tercera población latina del mundo, “y la mayoría de ellos cumplen la función social, económica y benéfica para ese país”.
Insulza se mostró satisfecho por la reacción inmediata del presidente estadounidense, Barack Obama, sentimiento compartido por el Canciller de la República, Hugo Martínez, quien recalcó el descontento del Gobierno para la medida que calificó de “desatinada”.
“Esperamos que se reconsidere el tema. Nosotros hemos hecho una petición al Departamento de Estado y a la Presidencia para dos temas: la necesidad de la reforma integral y, si esta no avanzara, para que se dé una prórroga del TPS”, recordó al considerar que con esta decisión se podría aliviar por lo menos a la población que ha seguido las indicaciones del Gobierno de EUA bajo el TPS.
Mientras, el viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, señaló que Arizona “se ha transformado en un territorio de paso, una puerta de entrada” para los migrantes irregulares, que son los más vulnerables ante esta nueva legislación.
Agregó que se han activado todos los mecanismos de protección para la comunidad salvadoreña en ese estado, que estimó entre 15,000 y 20,000.
Reclamos regionales
En Guatemala, el presidente Álvaro Colom afirmó que esta ley contradice totalmente la política de Obama sobre una revisión integral de la ley de migrantes para humanizarla, como él ha declarado.
La Secretaría Nacional del Migrante del Gobierno de Ecuador dijo en un comunicado que considera esa ley “atentatoria a los derechos humanos básicos, a la integridad y dignidad de los ciudadanos que se encuentran en situación de movilidad (y) rechaza la criminalización” de los migrantes.
Por su parte, el presidente de México, Felipe Calderón, criticó duramente la nueva ley y dijo que la discutirá en mayo con Obama.
“Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social, un fenómeno económico, y criminalizarla de esta manera abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley”, dijo Calderón.
“No puede ni va a permanecer mi Gobierno indiferente cuando dichas políticas atentan contra los derechos humanos”, dijo a asociaciones de inmigrantes mexicanos en Ciudad de México.
El Nuevo Diario de Nicaragua señaló que Managua es el único Gobierno que no se ha expresado sobre la nueva ley. El viernes, el canciller hondureño, Mario Canahuati, criticó la ley.
Una ley severa y controversial
La nueva ley de Arizona señala como delito el hecho de estar en el país sin documentos.
No portar papeles Los inmigrantes que no puedan proporcionar papeles migratorios válidos podrían ser arrestados, encarcelados hasta por seis meses y recibir una multa de $2,500.
Jornaleros diarios Los jornaleros pueden ser arrestados por solicitar empleo si no tienen papeles que demuestren su estancia legal en el país. Los departamentos de la Policía pueden ser demandados si no cumplen con la ley.
Arrestos Los policías arrestarán a los que no tengan documentos y los entregarán a los oficiales federales de inmigración. Los oponentes señalan que el Gobierno Federal puede bloquear la ley si se niega a aceptar a los detenidos.
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