Samuel Aliven Lizama. 25 de Octubre. Tomado de Diario Co Latino.
Los homicidios han venido a ser parte de la cotidianeidad de los salvadoreños. Uno de
los factores que nos aqueja como sociedad es la violencia cuyo exponente exacerbado son los homicidios. Una de las peculiaridades de esa realidad es que el 79.3 por ciento de homicidios se comete con armas de fuego según el informe de la Comisión Nacional Para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social. Esta es una dura realidad y para comenzar a incidir en ella es necesario detectar los factores que la hacen posible.
La Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego contiene uno de esos nichos que hacen posible, con sus más de 60 tipos de permisos y autorizaciones, que los que hacen de las armas una actividad comercial pongan en manos de la población todo tipo de armas de fuego, fusiles, escopetas, municiones, todo para que las personas se maten unos a otros.
Gideon Burrows, especialista en el tema, señala que el negocio de las armas, tanto a nivel internacional como en cada país, repercute en la violencia, en la generación de conflictos armados, en los derechos humanos y en el desarrollo de cada país. Tenemos, entonces, sobradas razones para establecer genuinos controles a la importación, comercialización, tenencia, portación y conducción de armas de fuego.
Es irónico y grotesco que se llame a la Ley que regula lo relativo a las armas de fuego como una ley de “control” cuando cualquier lector medianamente inteligente se daría cuenta, de una simple lectura, que es una ley que fue pensada para potenciar la comercialización y el uso irrestricto de las armas de fuego por parte de las personas.
La historia puede darnos una pista. La ley de armas de fuego data de 1999, a sólo siete años de finalizada la guerra, con ella también el negocio de armas que la clandestinidad permitía. Lo que vino a hacer esta Ley es a legalizar lo que durante la guerra podía realizarse de manera ilegal y posibilitar en otro plano el comercio de las armas y de la muerte. La necesidad de una reforma es imperiosa, sino de una ley nueva, ya que la ley debe responder al contexto de violencia que vive nuestro país.
Acertadamente se ha señalado que actualmente en los diferentes países, no sólo en el nuestro, las auténticas armas de destrucción masiva son las armas de fuego y particularmente las armas ligeras. El descontrol de las cantidades de armas de fuego existentes a nivel interno, de su comercialización, importación y la facilidad para adquirirlas es algo a lo que se debe poner un límite si se quiere incidir de verdad en los niveles de violencia.
Finalmente, es necesario recordar que la Dirección de Logística del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tienen aquí un verdadero reto, que de manera inmediata debe estar orientado a ejercer los pocos controles que permite la ley; y, además, contribuir a generar un debate público del tema, la discusión de propuestas y la reforma o sustitución de la Ley.
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