Dos iniciativas de ley encaminadas a la protección de datos personales de los salvadoreños han sido presentadas por las fracciones de Cambio Democrático y ARENA para su discusión en el palacio legislativo.
Escrito por Amílcar Mejía.26 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Aquí hay un montón de gente que se dedica a traficar datos y no necesariamente con fines lícitos.”
Roberto d’Aubuisson, diputado ARENA
Con la protección de datos, el derecho que se trata de proteger no es solamente el de la intimidad sino algo mayor: el de la privacidad.”
Douglas Avilés, diputado del CD
Nombre completo, edad, estatura, color, peso, señales particulares, residencia, estado civil, familia, situación financiera, compromisos crediticios, teléfono fijo y móvil, fotografía, etc.
Estos y más datos claves de millones de salvadoreños son vendidos, transferidos o accedidos libremente sin permiso de los dueños de los mismos y sin ningún control ni sanción.
En 2004, la Corte Suprema de Justicia ya sentó precedente amparando a un ciudadano que presentó un amparo constitucional contra la empresa DICOM, dedicada a la información de datos crediticios de los salvadoreños.
Con ese fallo, la Corte reconoció como derecho fundamental de los ciudadanos la protección de datos y el derecho sobre estos.
Pero hasta la fecha no existe una ley que obligue a normar y regular la transferencia de la información fundamental de los ciudadanos.
Sin embargo, el mes pasado, la Asamblea Legislativa recibió propuestas de ley de protección de datos personales presentadas por los partidos Cambio Democrático (CD) y ARENA.
Ambas propuestas buscan poner un alto a la venta sin control de los datos personales de la población, en momentos que la información personal de los ciudadanos puede ser utilizada hasta para extorsionar o secuestrar, con sólo hacer clic en una computadora.
El diputado de ARENA Roberto d’Aubuisson, impulsor de la propuesta de ese partido, manifiesta que la aprobación de una ley de ese tipo solo estaría dando cumplimiento a lo que establece el artículo 2, inciso segundo de la Constitución de la República, relacionado con los derechos individuales de las personas.
“Se garantiza, dice, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, argumenta el legislador de derecha, citando la Carta Magna.
Pero no se trata, afirma el parlamentario, solo del derecho constitucional a la intimidad.
“Aquí hay un montón de gente que se dedica a traficar datos y no necesariamente con fines lícitos, sino también con fines ilícitos y no hay control de eso, no han control de las bases de datos”, señala d’Aubuisson.
En su propuesta a la Asamblea Legislativa, Cambio Democrático plantea su petición sobre la base de seis situaciones concretas que pueden generarse a raíz de la falta de control de los datos de las personas.
Argumenta que los datos personales pueden ser tomados como elementos para prácticas discriminatorias, además de haber altas posibilidades de que se tengan perfiles errores, desactualizados y parcializados, lo cual puede generar efectos negativos sobre los ciudadanos afectados.
Otro elemento, que según el CD hace necesaria la implementación de una ley, es la “potencialidad” que ha adquirido la informática para recopilar datos y el fácil acceso a ellos.
Peligros
Asimismo, la manipulación y el cruce de datos y el “riesgo de que la información llegue a manos de grupos ilegales que puedan usarlos para fines fuera de la ley”, son motivos suficientes para que se implemente una regulación estricta para quie-nes se dedican a vender datos, sostiene Cambio Democrático en su propuesta.
Según el diputado del CD Douglas Avilés, “esta necesaria protección de datos es un límite a la utilización de la informática ante el temor de que pueda agredir la intimidad de los ciudadanos, personal o familiarmente, y que pueda cortar el ejercicio de sus derechos”.
Argumenta Avilés que “existe una manifestación del derecho a la intimidad, que es el derecho a la protección de datos”, que consiste en que un “el individuo pueda controlar el uso o tratamiento de los mismos, a fin de impedir una lesión a su esfera jurídica”.
La iniciativa de Cambio Democrático plantea la creación de una dirección general de protección de datos que estaría adscrita a la Defensoría del Consumidor.
ARENA afirma que en la actualidad existen registros y bases de datos públicas y privadas que comercializan la información personal de los particulares, especialmente la de contenido crediticio, sin supervisión de ninguna entidad.
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