René Martínez Pineda.29 de Julio. Tomado de Diario Co Latino.
(Coordinador General del M-PROUES)*
Eso explica que en cinco décadas (de 1944 a 1992, entre presas hidroeléctricas, huelgas, integración comercial, viajes a la Luna, participación en dos mundiales de fútbol, masacres masivas, golpes de Estado y guerra civil) que tuvieron como sujeto histórico al movimiento político-militar (aunque generalizando) éste hablara de “revolución social” y de “tiranía militar fascistoide”, que en el siglo XX se convirtió en la forma típica y violenta de reacción capitalista en la región continental, la que -siendo casi unos niños- tuvimos que enfrentar desarmados; y, en el lado de la reacción ideológica burguesa, otros hablaran de la pérdida de valores morales, de la bondad del rebalse económico y de teorías desfasadas, en clara alusión al marxismo.
Pero ¿bastó, teóricamente, con esas significaciones de uno y otro lado de la lucha de clases? ¿Eran genéticamente exactas en la cotidianidad del enfrentamiento de calle? ¿O eran, acaso, una forma radical de solapar la realidad social, de desgranarla furiosamente con unos juicios de valor emocionales que, por implicación semántica y falacia numérica, unánimemente la ungía de prejuicios y misticismo? ¿Fue necesaria una guerra militar para destronar al militarismo?
El análisis sociológico marxista (hecho con Marx, claro está) demuestra que la dictadura ideológico-militar comprendía una amplia gama de dimensiones grandes y pequeñas, de cara a inaugurar un proyecto nacional que, deliberadamente, fue mucho más allá de la exclusiva defensa de los asustados intereses de la estirpe más reaccionaria de la burguesía: la oligarquía, que se objetiva en la segunda mitad del siglo XIX, con la expropiación de las tierras comunales y ejidales. Lo anterior explica, por ejemplo, la necia vigencia tanto del Partido de Conciliación Nacional –PCN- en la vida política, como de la impunidad, por cuanto que ambos hechos son expresiones distintas, aunque iguales, de la corrupción que le da armoniosa coherencia al capitalismo latinoamericano, como nos lo muestra la realidad mexicana postrevolución: casi cien años de una revolución en la que combatir la corrupción en sus instituciones era -y es- atentar contra la seguridad del Estado; en nuestro barrio: diputados acusados de corrupción fundando nuevos partidos políticos en nombre de la probidad; políticos vistiendo trajes de Armani y zapatos de mil dólares, mientras chinean niños chorreados y lanzan discursos contra la pobreza y en favor de la revolución de valores.
Y es que la consuetudinaria comunión de la corrupción más obscena con la impunidad más extrema, sigue siendo una táctica contrainsurgente que se usa, más desesperadamente, en los años de transición, para devaluar las buenas acciones y sobredimensionar las erradas, de cara a impactar negativamente en el sentido común de la gente corriente: “todo sigue igual de jodido que antes”.
Todo eso es comprensible porque, en principio, la dictadura arropaba un amplio amasijo social en el que confluían asimétricamente: los grandes y medianos empresarios (amenazando con el fantasma del desempleo, unos; financiando escuadrones de la muerte, otros: “Monseñor Rivera Damas acusa de masacre a fatídicos escuadrones de la muerte”, Diario Latino, 6 de noviembre de 1989); grupos estratégicos de técnicos, profesionales y burócratas surgidos de “la nueva era” económica y gubernamental que mezcló al Estado de Bienestar y las exuberantes exportaciones de café -que no pepenaron los campesinos- con la represión selecto-masiva y la proliferación de leyes contra la protesta social; una variada representación de las mujeres urbanas -con ingresos de medios a altos, y con un grado de escolaridad arriba del promedio nacional- en grupos pseudopatrióticos, uno de las cuales apañó el surgimiento del partido ARENA a principios de los años 80,s; jóvenes e, incluso, elementos cuantitativamente significativos de las capas populares del campo y la ciudad que, con una nostalgia muy parecida a la resignación, no se cansaban de añorar ¡ah, en los tiempos de mi general Martínez, a los ladrones les arrancaba una mano y a los violadores…; el chorizo de Cojutepeque era largo y barato; les regaló casas a varios de los que dejó vivos… –dicen, los ancianos de hoy, con un nudo en la garganta y tronándose los dedos-.
Esas fuerzas hallaron su expresión política en la derecha tradicional y (antes de que enmudeciera el eco de las bombas del último Golpe de Estado -1979-) en el principal partido de centro (la democracia cristiana) cuyo impacto electoral en los sectores populares y medios era incuestionable, como incuestionable fue el hecho de que ese Golpe redefinió -con “hoy te toca a ti”- a los beneficiarios de la corrupción, y eso explica por qué la democracia cristiana se volvió tan atractiva de la noche a la mañana, incluso para los norteamericanos.
De forma más o menos expedita, la dictadura ideológico-militar se extendió a las más importantes instituciones del sistema, signándolas con sus efectos secundarios: el supervisor escolar, escudado en las patrullas cantonales de los años 60,s acosando sexualmente a las maestras o cobrando por conseguir plazas; el Ministerio de Educación, movilizando a los padres de familia para deshacer huelgas: “Manifestación de padres de familia demanda clases para sus hijos ante el presidente” (Diario Latino, marzo de 1968) o para solapar su línea militarista: “Homenaje a los caídos en la guerra de legítima defensa”, invita el Ministerio de Educación, 14 de julio de 1970”; dictándole la homilía a oscuros y asexuados sectores de la iglesia católica; incidiendo en todas las instancias del Estado: fuerza armada, parlamento, poder judicial, autónomas y, caso especial, los medios de comunicación social, editando la línea editorial que se convirtió en vaticinio de represión, hasta el punto en que se popularizó la frase: “El diario de hoy con los muertos de mañana”.
La dictadura ideológico-militar vino a ser, así, la respuesta armada a la pretensión de insurrección civil que, de haber ganado con huelgas generales o plebiscitos, hubiera sido capaz de producir una gobernabilidad ciudadana, pero que no pudo triunfar con el mero apoyo interno, porque dicha dictadura se sostenía con los programas de estabilización política (eso fue la “renuncia” del General Maximiliano Hernández Martínez, en 1944; eso es –esta vez para impedir que los pueblos construyan su soberanía- el Golpe de Estado en Honduras) financiados por los norteamericanos, cambiando tiranos sin tocar la tiranía.
* renemartezpi@yahoo.com
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