Juan Grande. 28 de Julio. Tomado de Raices.
Indudablemente que nuestro país atraviesa una de sus peores etapas con la pesadilla de la delincuencia y particularmente el pandillerismo que acosa vil y mayormente a los ciudadanos más indefensos, sin mínima piedad aun para inocentes niños; infernal coyuntura que luego de firmados los Acuerdos de Paz, en cabeza alguna pudo imaginarse que tal tragedia podría ser uno de los causes no invitado en los años venideros.
Pero el tiempo ha venido a descubrir múltiples malezas [mala hierba] y conductas basura que acompañan el calvario que acosa a la sociedad salvadoreña, víctima de engaños al ocultársele sobre hechos nefastos en el manejo de la cosa pública, que apestan a vulgar corrupción. Una de estas inmundicias del peor cuño por ser del diario vivir institucional, es el que ha sido denunciado dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y la labor titánica de su actual Presidente y otros cuatro colegas que integran el grupo último elegido por la Asamblea Legislativa, quienes apoyan los nobles deseos de depuración sobre la máxima magistratura, no terminan de cuajar por la reticencia de unos cuantos rebeldes y otros que se hacen los “suizos”. Aquí debemos incluir las bonificaciones por “retiro” que se auto-recetan los magistrados equivalentes a un villano atraco a plena luz del tesoro público. Qué decir de los $1022 a cada magistrado por gastos de representación, salario adicional con nombre pantalla que sirve únicamente para eludir impuesto sobre la renta.
Sacerdote y pederasta doblemente pecador. Como podemos exigir y esperar que quienes delinquen ordinariamente y/o aterroricen como pandilleros cambien de conducta si nuestras máximas autoridades para impartir justicia (excepto los que fueron elegidos recientemente), con todo y el juramento protocolario previo al aceptar el puesto, tienen actuaciones igual de ofensivas (o peor si consideramos su condición) para la sociedad, cuando con sonrisa discreta gozan de descarados privilegios, un eufemismo que popularmente se conoce como hurto pues aunque puedan ser dudosamente legales son ilegítimos.
Y el caso más deshonroso reciente fue de quien “renunció” un mes antes para poder ser nombrada ministra, quien no pudo huir de la triste tentación por los 6 salarios. Sus otros colegas esperaron hasta la última semana.
Difícil que exista sobriedad jurídica en esos hechos. Mucho menos resisten un elemental razonamiento moral para justificar que magistrados que finalizan su periodo para el que fueron elegidos, se acojan fraudulentamente a decretos de retiro y puedan gozar hasta 6 salarios como bonificación (más de $24 mil). Y la desfachatez no tiene reparo: utilizan la artimaña de renunciar uno, dos, tres o pocos días antes de que termine la vigencia de su cargo. Es simple y banal irrespeto al espíritu que motivo el decreto respectivo. Fraude y por lo tanto corrupción.
También es imperdonable que cada magistrado gozara de privilegios que no pueden ser calificados como envidiables sino repudiables, como el antes referido, por las extremas carencias que padecen miles de compatriotas. Tener $ 600 (casi cuatro salarios mínimos en zonas urbanas, seis en zonas rurales) en vales de gasolina y más de un vehículo hasta cuatro en algunos funcionarios, es inconcebible aun en los países desarrollados y ricos. Por cada magistrado, al menos se perdieron de contratar cuatro trabajadores que podrían ayudar a la limpieza de calles y parques; por quince magistrados 60 trabajadores, y si sumamos los execrables voluminosos derroches en la compra de vehículos innecesarios, peor de lujo, la suma se multiplica y su cuantía ya no es tan insignificante en materia de generación de empleo para un país con desempleo galopante.
La calidad de funcionario en un magistrado les otorga el goce de un vehículo, quien sabe a ciencia cierta que es a costa de los contribuyentes la mayoría de los cuales son pobres; que más que un derecho es un privilegio, del cual no gozan quienes pagan la factura, que se justifica en la lógica de facilitar su transporte del hogar al trabajo, para que no hayan excusas que se llega tarde por los vericuetos de tránsito. Pero a pesar de no tener excusa hay algunos irresponsables que no solo no llegan tarde sino que faltan a su trabajo, pero no al uso del transporte. Y por supuesto la gasolina es un gasto colateral endeblemente justificable.
¿Pero cuanto se justificará? La máxima distancia entre casa y trabajo podrá ser 25 kilómetros. Ida y vuelta 50 kms diarios, 250 kms semanales y 1000 mensuales, más un 30% por asistir a reuniones en otras instalaciones (que no son bares, playas, o para reuniones sociales o de padres de familia, etc.), que no es común y además de poca cuantía, 300 kms adicionales, lo que suma 1300 kms mensuales. Trabajo puro, en extremo. ESTA ES UNA CIFRA INFLADA. Sin embargo, como referencia de cortesía y con un precio de $ 3.25 el galón regular (usar especial es un desperdicio innecesario), se tiene un recorrido de 1300 kms mensuales, para lo que necesitaría alrededor de 75 galones de gasolina por el tipo de vehículo que utilizan, es decir, un gasto de $ 244. Aunque la cifra real es menor.
La actual Presidencia de la Corte Suprema recortó a $ 300, por lo que aun se llevan al bolsillo los ilustres magistrados, más del 23% de lo que en extremo podría justificarse. ¿Y cuando tenían $ 600 ? Penoso identificar la cifra por lo oprobioso del exceso.
Si hay mínima vergüenza, al menos descubierto el [cuasi] delito, sería un atenuante regresar los fondos ilegítimamente usurpados. Ni siquiera tienen que pedir perdón, pero lo contrario es traición al país. Estos hechos son corrupción repudiable y cruel por la supuesta calidad honorable de quienes las ejecutan y porque se realiza dentro de un país acosado por el escenario enemigo de la pobreza generalizada; den gracias a dios porque si fueran militares acusados de traición frente al enemigo, la pena sería ... La patria os reclama retornar ilegítimos premio-privilegios.
¿Y la Corte de Cuentas qué dice o ha hecho para impedir estas ignominias? Lamentablemente estos actos vergonzosos son acontecimientos inequívocos que confirman las sentencias populares: En arca abierta hasta el justo peca... [pues] chucho no come chucho.
Uno de muchos ejemplos para revisar urgentemente el destino y uso del gasto público en la presente época de crisis.
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