El gobierno de Mauricio Funes reveló este miércoles que en las investigaciones sobre la gestión de Antonio Saca han encontrado posible comisión de delitos y que por eso están preparando un informe que presentarían a la Fiscalía.
Daniel Valencia Caravantes.29 de Julio. Tomado de El Faro.
La Secretaría de Asuntos Estratégicos está investigando la gestión de los gobiernos anteriores, y ya ha detectado algunos indicios de irregularidades con suficiente peso como para acudir a la Fiscalía a poner las denuncias correspondientes.
Aunque el secretario Franzi Hato Hasbún no brindó detalles sobre el tipo de irregularidades, dejó claro que hay indicios de responsabilidad penal, a tal punto que están preparando un informe. "En su momento vamos a presentar los hallazgos a la Fiscalía", dijo este miércoles, en medio de un acto de rendición de cuentas de la oficina que dirige.
Hasbún añadió que no solo investigan la gestión Saca, como en su momento anunció el presidente Mauricio Funes, sino también los gobiernos previos. El Faro conoció que un informe preliminar cuestiona uso de dinero por cientos de millones de dólares, pero el funcionario se rehusó a hablar de detalles.
A la Secretaría está adscrita la oficina de transparencia que creó el Ejecutivo, y que dirige Marcos Rodríguez. Este explicó que ya hay elaborados ocho informes para igual número de instituciones adscritas al Ejecutivo. Entre estas se encuentran los Ministerios de Salud, Educación, el Banco Multisectorial de Inversiones y la misma Presidencia. Los casos sospechoss de irregularidades abarcan varios periodos administrativos, de los 20 años de gobierno previos a la llegada del FMLN al poder. Rodríguez dijo que en su momento se presentarán los detalles de cada uno de los casos, porque están afinándolos para ver cuáles tienen el suficiente peso como para presentarlos a la Fiscalía. "Aquellos indicios que demuestran irregularidades, pero que jurídicamente no tienen el peso suficiente para pasar a instancias judiciales, nos servirán para internamente corregir esas malas práticas y cerrar esos portillos de corrupción", dijo Rodríguez.
Al menos, Rodríguez adelantó información sobre uno de los casos más fuertes detectados con la SAE después de las investigaciones en Salud y Obras Públicas, ventilados en mayo de este año. Se trata dos proyectos del Banco Multisectorial de Inversiones que no cuentan ni con respaldo en infraestructura ni con respaldos financieros después de que fueron puestos en marcha. Uno tiene que ver con el sistema de Infocentros del país, que costó según la SAE 16 millones de dólares para mantener en línea 100 infocentros en el país, y que a la fecha está convertido en un proyecto fantasma con solo cuatro establecimientos abiertos (concesionados). Según Marcos Rodríguez, no hay una liquidación de los proyectos y se desconoce el paredero de las computadoras. El otro proyecto tiene que ver con un programa de fortalecimiento para el empleo, también impulsado por el BMI, que costó 36 millones y del cual se desconoce la liquidación del mismo.
A finales de 2009, el ex presidente Antonio Saca fue cuestionado por el sobre gasto -en su quinquenio- de 219 millones de dólares en Casa Presidencial, provenientes de los remanentes de las otras instituciones adscritas a la presidencia. En su momento, el presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, defendió la gestión de Antonio Saca diciendo que todo estaba en orden. Esos 219 millones se canalizaron hacia la cuenta de gastos imprevistos de la Presidencia, que el gobernante puede usar a discreción.
El Faro publicó en los años anteriores una serie de notas en las que se revelaba prácticas carentes de transparencia en el gobierno de Antonio Saca. Una de esas notas revelaba compras de artículos promocionales a precios inflados, por parte de la Secretaría de la Juventud. Nunca la Presidencia respondió las solicitudes de información sobre este tema, como tampoco lo hizo sobre los gastos de publicidad.
En el gobierno anterior, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó aumentos en los patrimonios de funcionarios del ex gobierno de Francisco Flores -incluido el patrimonio del mismo presidente- que motivaban la necesidad de investigar cómo se habían producido, pero el caso fue engavetado por el ex presidente de la Corte, Agustín García Calderón, a petición de los bancos. Uno de esos bancos, el Salvadoreño, estaba presidido por la ex canciller María Eugenia Brizuela de Ávila, también señalada por la sección de Probidad.
Durante su discurso de toma de posesión, el presidente Funes subrayó el combate a la corrupción como uno de los ejes de trabajo de su quinquenio. Cuando era candidato incluso había dicho que los areneros estaban preocupados porque ya sabían que con el nuevo gobierno ya no solo los "ladrones de gallinas" van a ir a la cárcel.
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