Juan A. Valiente.28 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy.
Si seguimos en este diálogo de sordos, los cuatro años que quedan serán muy largos. Cuando hablan los líderes gremiales de la empresa privada de estabilidad, el gobierno escucha mantenimiento del "statu quo" o del privilegio de unos pocos. Cuando habla el gobierno de pacto fiscal, la empresa privada sólo escucha más impuestos.
Cuando el gobierno habla de aprovechar "el cambio" para que se beneficien los más pobres del país, la empresa privada escucha más gasto gubernamental y mayor déficit fiscal. Cuando la empresa privada exige focalización de la inversión social, el gobierno escucha signos de la falta de solidaridad de los que más tienen.
Si seguimos hablando en clave cifrada y no hacemos un esfuerzo serio por eliminar subjetividades y connotaciones ideologizadas de las palabras, no llegaremos como país a ninguna parte. Nos puede pasar lo de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el Gato le dijo: "Entonces también da lo mismo un camino que otro. Es con tal de llegar a alguna parte". No se trata de llegar a cualquier parte, ni de cualquier manera.
El presidente Funes ha dicho a los empresarios que no necesitan más pruebas que lo demostrado a la fecha. Se refiere seguramente a sus declaraciones y acciones respecto del chavismo, del socialismo del Siglo XXI y del FMLN. Bien haría el presidente en hacer equipo con los empresarios para que la inversión privada catalice los esfuerzos de crecimiento y desarrollo de este gobierno.
Los líderes gremiales de los empresarios no se dan por satisfechos con lo demostrado. Hay signos que les preocupan, entre otros la falta de cohesión y liderazgo en el equipo de gobierno, las declaraciones de algunos miembros del Ejecutivo en contradicción con los lineamientos presidenciales y las acciones de miembros del partido en el gobierno. Espero que no sea necesario constituir una nueva comisión como la de los Acuerdos de Paz, para atender esta necesidad de construir un plan de nación que enfrente el dilema económico social que todavía no resolvemos.
Como país estamos listos para el necesario cambio que mejore las condiciones de la mayoría de la población con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de vida y poder aspirar a un mayor desarrollo. Al pacto fiscal no le tenemos miedo. Pero un pacto es un acto entre varios y de consenso. El gobierno habla de porcentaje de la tasa impositiva sobre el PIB. A los demás nos interesa también conocer los programas de ahorro fiscal, las prioridades de la inversión social y las políticas públicas que garanticen la institucionalidad y la legalidad. Se supone que uno de los objetivos del CES es negociar los términos del pacto, aunque de momento no se ha visto mucho avance.
Este país necesita justicia. Es cierto. Y una forma de lograrla de manera parcial es asegurando que los aportes al fisco sean equitativos, que no sean regresivos y que los programas públicos redistribuyan por medio de beneficios la falta de ingreso y eleve el nivel de desarrollo humano de la mayoría. Los beneficios no necesariamente deben ser económicos como los programas de redes urbanas y rurales solidarias, sino que también deben incluir acceso a calidad de vida: educación, salud y trabajo.
Por estabilidad e institucionalidad, la empresa privada se refiere entre otras cosas a tener reglas claras, a mantener un sistema de libertades económicas e individuales, al respeto de la iniciativa privada, al fortalecimiento del sistema judicial, al funcionamiento de las instituciones del Estado, a la búsqueda del bien común. Todos criterios y objetivos con los que se puede lograr un acuerdo nacional.
¿Qué más necesitan el gobierno y los empresarios para entender que juntos podemos lograr grandes cosas por nuestro país? En el pasado cometimos muchos pecados. Uno de los más importantes fue el habernos olvidado de lo crucial de lograr un mejor nivel de vida para todos los salvadoreños. Ahora está claro y no hay vuelta atrás. Es el momento de lograrlo.
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