Carlos Abrego.28 de Julio. Tomado de Raices.
La derecha no solamente sigue con el poder real, sino que desde sus instituciones ideológicas sigue imponiendo la agenda política. Esto no debe sorprender a nadie. Lo que puede de alguna manera extrañarnos es la escasa, por no decir nula, incidencia que tiene el Fmln en el debate político.
No ha habido durante todo este año ningún tema discutido en la palestra política que tenga como origen una propuesta efemelenista. Todo de lo que se discute en el país sale de la derecha. Incluso cuando se discutió sobre la famosa cuota telefónica, no fue por la iniciativa legislativa, sino por la reacción presidencial. La derecha apoyó entonces al presidente y votó sus observaciones. Las medidas sociales (¿se les puede llamar así?) de reparto de uniformes, útiles, zapatos, el vaso de leche, mejoras en la dieta escolar, han sido encaradas en los medios dominantes no por su beneficio para la población, sino que por la tardanza en la aplicación, en las fallas que hubo, olvidando simplemente que ellos nunca pensaron en medidas de este tipo.
Cuando menciono a la derecha, me refiero a toda la derecha, a los partidos políticos y sobre todo a las instituciones aún más directamente ligadas al patronato salvadoreño: Fusades y las diferentes organizaciones gremiales patronales. Son estos últimos organismos los que tienen entradas en Casa Presidencial y los que son consultados preferentemente por Mauricio Funes y sus ministros de las carteras económicas más importantes. No hay una sola medida que no se les presente para su asentimiento, para que la enmienden, para que corrijan, etc. Los partidos de derecha no tienen realmente temas de la política económica del gobierno que criticar. No pueden ejercer su papel de oposición. Es por eso que recurren a inventarse problemas de “confianza” en la política del gobierno por parte de los inversores extranjeros y sobre todo de la “confianza” que deben tener los patrones en el futuro de los principios económicos que se aplicarán en el país. En algunas declaraciones de los principales dirigentes patronales pareciera que el presidente Mauricio Funes acariciara los sueños de nacionalizar toda la economía.
Últimamente la derecha (Arena y ANEP) han emprendido un ataque publicitario contra el gobierno de Mauricio Funes y contra funcionarios de su gobierno ligados al Fmln. Según sus decires algunas casas de empresarios han sufrido allanamientos y se quejan que circulan informes en su contra y que reciben correos anónimos. Todo empezó por un incidente que no transcendió hasta que el mismo interesado, una semana después, lo dio a conocer: un control policial de los permisos de portar armas vencidos en la casa del ex presidente Calderón Sol. No hubo allanamiento de domicilio como insisten los medios, no es lo que ha dicho la esposa del ex presidente, ni el mismo ex presidente. Los policías no entraron en la casa de Calderón Sol. Ahora la ANEP se queja de que muchos empresarios han sufrido allanamientos. ¿Por qué reaccionan solamente ahora?
No obstante esto es parte de la campaña de desestabilización de la vida política nacional. Han iniciado una campaña como si ya se estuvieran instalando los “órganos revolucionarios de la dictadura del proletariado”. La prensa, los editorialistas, campos pagados, anuncios, etc. insisten en una situación peligrosa en la que las libertades todas están corriendo peligro.
El presidente Mauricio Funes no entiende a la derecha, no se explica el porqué de esa conducta sumamente hostil. Se ha reunido con los principales dirigentes de Arena y los ha instado a que sigan trabajando con su gobierno. Y a la ANEP le pide que le muestren, que le indiquen en qué ha faltado, con qué medidas ha atacado sus intereses. El presidente alega en su favor que recibe el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de Brasil.
El Diario de Hoy nos reporta la siguiente frase del mandatario salvadoreño, ofendido, "Esta gremial empresarial, sin fundamento alguno, sin justificación seria y razonable, pide a mi gobierno muestras de estabilidad. Un gobierno que se ha despojado de su color político para tener la legitimidad moral de convocar a la unidad por encima de todo, un gobierno que protege, y ha dado muestras de ello, y que protege como jamás se había hecho hasta ahora, la seguridad jurídica". Mauricio Funes insiste elocuentemente en su posición en defensa del sistema: "¿Con qué medidas, acciones o dichos este Presidente ha roto su compromiso de promover la actividad económica, la generación de empleo y el mejoramiento de la competitividad? Por el contrario, he debido oponerme en más de alguna ocasión a decisiones del Órgano Legislativo precisamente para preservar la seguridad jurídica y resguardar las reglas del juego".
Mauricio Funes no se atreve, todavía no puede hacerlo, a declarar, “atajo de pendejos, ¿no se han dado cuenta de que soy de derecha? ¿Qué más quieren? ¿Que eche de mi gobierno a los rojos? Pero no se apuren, “paciencia piojos… que la noche es larga”, esa va a ser la etapa siguiente. Pobrecito presidente que tenemos. Unos lo atacan desde la izquierda y la derecha no está conforme con su continuismo político. No obstante se los está diciendo, el gobierno “se ha despojado de su color político” y promueve medidas para garantizar “el mejoramiento de la competividad”. El presidente se ha comprometido con el patronato a “resguardar las reglas del juego”. Crudo juego, el salario mínimo estancado en la miseria, los precios de los productos básicos siguen subiendo y pronto serán inalcanzables para las familias pobres. Los patrones de las maquilas quieren total flexibilidad de los trabajadores, quieren suprimir la jornada de ocho horas y con ello suprimir las horas extras. Los muy generosos pretextan que esa medida producirá ahorro en el gasto de transporte y les permitirá a los padres dedicarse a sus familias. Trabajar 44 horas en cuatro días, con cadencias tayloreanas, extenuantes, es una medida a favor de la familia y sobre todo con la baja de ingresos.
Un tema normalmente recurrente en la prensa de derecha y en las declaraciones patronales es la situación de inseguridad y de inestabilidad en que vive el país. Esto no es nuevo, no es nuevo en parte, pues durante los gobiernos de Arena la prensa abordaba la violencia como una plaga, como un fenómeno que hay que combatir, pero que no era causado por las políticas gubernamentales. Ahora a un escaso año del gobierno de Mauricio Funes estos órganos patronales dejan caer la responsabilidad de la violencia y su recrudecimiento sobre el gobierno actual y sobre todo sobre las autoridades directamente concernidas por este problema.
Pero esta derecha no puede proponer soluciones reales, concretas a este problema. No voy a referirme de nuevo a la payasada de la lectura bíblica en las escuelas. El resto de proposiciones son las mismas que aplicó durante sus gobiernos, recrudecer la represión, aumentar las penas, criminalizar a toda la juventud, disminuir la edad de responsabilidad penal para incluir cada vez más adolescentes dentro del dispositivo represivo. Toda esta política ha fracasado, ha fracasado aquí, como en todas partes en donde se ha aplicado este tipo de medidas. El gobierno de Mauricio Funes ha reducido su política, bajo la presión de los medios de la derecha y de los hechos mismos, a reproducir las medidas fracasadas de los gobiernos de Arena. La derecha no puede proponer soluciones reales, concretas al problema de la violencia, pues éstas obligatoriamente tocan de frente sus intereses. Puesto que la violencia que agobia al país no es un fenómeno atmosférico, ni una fatalidad nacional, sino que el resultado de una situación social creada durante décadas de dominio ilimitado de la oligarquía en la gestión estatal del país y su conducta parasitaria en los aspectos económicos.
Los equipos presidenciales se limitan a reaccionar, a preparar medidas que aparenten novedad y si es posible hasta originalidad, pero que en realidad son los mismos platos de la derecha recalentados y algunos refritos. La limitación conceptual de estos técnicos salta a la vista. Pues sus medidas se presentan destinadas a combatir la delincuencia y el alto nivel de criminalidad. Pero esas medidas, todas son represivas. ¿Qué significa esto? Pues que las medidas atañen el crimen ya cometido. Se trata de castigar lo que ya se ha perpetrado. No puede de ninguna manera alegar sobre el carácter disuasivo de estas amenazas legales, pues en los Estados en que todavía subsiste la pena de muerte, la criminalidad no desaparece, ni disminuye. La criminalidad disminuye con medidas preventivas, con medidas sociales y educativas. Se trata de medidas que toman tiempo y que urgen de fondos consistentes. También la presencia policial puede ayudar a disminuir la criminalidad, pero esta presencia disuasiva debe también dotarse de un carácter absolutamente nuevo: acercarse a la población para que se sienta realmente protegida y no perciba en los agentes potenciales agresores. Esto significa que la policía debe de convertirse en una institución civil en el pleno sentido de la palabra. Para ello es necesario que se proceda a una profunda remodelación del papel y de las funciones de la policía. Por supuesto que la policía debe de guardar su función investigativa y su función primordial de combate de la criminalidad y la delincuencia.
Las medidas sociales tocan la vida cotidiana de la gente, sus casas, su trabajo, sus salarios, su tiempo libre, sus diversiones, su vida hogareña. La promiscuidad no es una condición ideal para el desenvolvimiento de la personalidad de los individuos. La alimentación también tiene sus repercusiones en la conducta social de los niños y jóvenes. La desnutrición influye en los resultados escolares y en los diferentes aprendizajes en las etapas de desarrollo. Me refiero pues a las condiciones de vida que sufren los salvadoreños, para cambiarlas radicalmente y que esto tenga realmente incidencia civilizadora en las relaciones interpersonales, es necesario, es imprescindible que haya cambios radicales en las estructuras de poder. No se puede seguir favoreciendo a las clases explotadoras. El sistema que ha regido nuestra sociedad ya ha demostrado su caducidad, su ineficacia. La vida precaria de los salvadoreños es el resultado de las políticas económicas y sociales que se han aplicado hasta el día de hoy. Y que nuestro gobierno “despojado de su color político” pretende resguardar, sirviendo los intereses de los miembros de ANEP.
Me permito preguntar ¿de qué se ha despojado el Fmln para participar en un gobierno sin color político, transparente a los intereses del capital?
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