El Ministerio de Seguridad dice que las asociaciones ilícitas las verán juzgados comunes
Rafael Mendoza López.28 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy.
La aplicación de la ley antipandillas, y la reforma al Artículo 345 del Código Penal para su ejecución, provocaría saturación en los juzgados especializados, según sostuvieron ayer jueces y magistrados la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el hecho de que ambas medidas declaran ilegal la pertenencia a las pandillas y grupos de exterminio formados por dos o más miembros.
Este fue uno de varios puntos que enfrentaron ayer a jueces, diputados y funcionarios del Gobierno en la primera reunión de la comisión de Seguridad del Congreso, convocada para analizar los nuevos instrumentos legales.
Sin embargo, luego de una Torre de Babel en la discusión de los proyectos legales, la conclusión de los legisladores fue convocar a los funcionarios para el próximo 10 de agosto, para que presenten propuestas al respecto.
Al menos en lo planteado hasta el momento en ambos proyectos, la magistrada de la Sala de lo Penal de la CSJ, Rosa María Fortín, aclaró que los grupos formados por dos o más personas serán enviados a los juzgados como un sólo "sujeto activo" del delito para ser juzgado como agrupación organizada. "Me preocupa el término dos o más", indicó Fortín.
El juez especializado de Sentencia, Godofredo Salazar, dijo que con el proyecto presentado por el Gobierno se quiere ver a las pandillas como crimen organizado, lo que provocaría que los casos de delitos cometidos por las maras o grupos de exterminio sean ventilados en los juzgados especializados al no existir una diferencia clara entre pandillas y crimen organizado.
Los argumentos de los juzgadores provocaron la reacción del viceministro de Seguridad, Henry Campos, durante la reunión de ayer en la comisión de Seguridad del Congreso. Campos aseguró que las capturas por asociaciones ilícitas irán a juzgados comunes, a excepción de los casos donde haya delitos de realización compleja producto de la actividad del crimen organizado.
"Cuando es sólo por agrupaciones ilícitas les tocaría a los tribunales comunes, porque la Ley del Crimen Organizado dice que se aplica por dos motivos, cuando se cometa un delito amparado en una estructura de crimen organizado y cuando se cometa un delito de realización compleja", sostuvo Campos.
El funcionario dijo que está dispuesto a que se hagan los "pequeños ajustes" necesarios en ambas medidas, y agregó que el Gobierno está preparando una reforma al Código Procesal Penal para introducir un abanico de delitos atribuibles a las asociaciones ilícitas.
Otro de los puntos que generó inconformidad por parte de los jueces es la proporcionalidad de la pena, ya que sostienen que hay delitos que son castigados con una pena más baja en relación a otros ilícitos.
Para el pecenista Antonio Almendáriz, presidente de la comisión, la invitación a los funcionarios sirvió para corroborar que aún no hay consenso en ambas medidas.
César Reyes Dheming, diputado de ARENA, dijo que "de nada sirve este esfuerzo si los aplicadores de ley no le encuentran la utilidad. Nacería muerta (la ley), y eso iría al traste de lo que la población está esperando", acotó.
Benito Lara, diputado farabundista, dijo que es necesario hallar una medida que facilite a todas las instituciones del Estado coordinar el combate al crimen.
"Hay un problema institucional, y debemos estudiar bien a detalle qué es lo que pasa", dijo el efemelenista.
Los elementos de prueba para acusar las asociaciones ilícitas fue un punto que enfrentó con más fuerza a la CSJ y el Ejecutivo.
La ley contempla reglas de evidencia, que son los mecanismos para ayudar a los jueces a determinar las pruebas para un delito, pero los juzgadores aseguraron que la medida es innecesaria.
Campos sostuvo que las reglas de prueba servirán para que los jueces "no se laven las manos" ante falta de pruebas, pero la magistrada Fortín le pidió que bajara el tono de sus acusaciones y que "hablara en plural", ya que también Campos está relacionado con el sector justicia.
elsalvador.com :.: CSJ: Ley antimaras saturará los juzgados especializados
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