Por Gloria Morán.31 de Julio. Tomado de Contra Punto.
Ahora el Estado podrá buscar y ojalá encontrar, con todas las herramientas a sus disposición, a niños y niñas desaparecidas durante la guerra.
SAN SALVADOR- El presidente Mauricio Funes juramentó este jueves al presbítero Antonio Rodríguez López-Tercero como uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado, una instancia que el mandatario anunció que crearía, en el marco del XVIII aniversario de los Acuerdos de Paz, en enero pasado.
En esa fecha, además de anunciar la creación de la comisión, Funes firmó el decreto que le da vida jurídica.
Rodríguez fue propuesto por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, una de las pocas organizaciones civiles comprometidas en un cien por ciento en la búsqueda de niños y niñas desaparecidos forzosamente durante la guerra civil (1980-1992).
“Para mí es un desafío, como persona, como salvadoreño responder a las esperanzas de las víctimas, especialmente de las víctimas que históricamente no han tenido voz, ni luz ante las desapariciones”, dijo Rodríguez a ContraPunto al referirse a su nuevo compromiso frente la sociedad salvadoreña que exige justicia ante heridas del pasado.
La Comisión surge en el marco de la demanda que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en la que acusa al Estado salvadoreño por incumplimiento a las recomendaciones que le impuso esta entidad en relación a las desapariciones forzadas de niños y niñas en El Salvador en la década de los 80.
Rodríguez fue juramentado como uno de los tres miembros que forman la cabeza de la Comisión. La coordinación está a cargo del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, y como comisionados están Monseñor Gregorio Rosa Chávez y el presbítero Rodríguez. Habrá un equipo técnico detrás de ellos.
El papel de Rodríguez junto a los demás integrantes es darle respuesta al mandato presidencial de buscar y encontrar a tantos niños y niñas que quieren saber su identidad, su pasado y su historia.
Lo que esperan lograr es reparar los daños, borrar secuelas y empezar a saldar las cuentas que dejó como herencia el conflicto armado en El Salvador.
Para la directora de la Asociación Pro-Búsqueda, Ester Alvarenga, este es el momento que estaban esperando, un momento en que la respuesta gubernamental se hiciera notar para empezar a investigar los casos de niños y niñas desaparecidas durante la guerra.
Rodríguez es parte de esa asociación desde hace 5 años, lo que lo hace sentirse aún más responsable con la causa social para buscar las respuestas y satisfacer las necesidades de las víctimas.
“Es una persona sensible y comprometida con las causas sociales, eso nos interesa, además que es una persona propositiva que buscará obtener resultado tangibles en la búsqueda y localización de los niños y las niñas”, dijo Alvarenga al referirse a la personalidad del padre Rodríguez.
Alvarenga aseguró que Pro-Búsqueda será un apoyo importante para la comisión debido a su experiencia y por los resultados que han obtenido en la localización de muchos niños y niñas desaparecidas. A la fecha la asociación a hecho posible 221 reencuentros de desaparecidos con sus familias biológicas, pero aún están pendientes de resolver más de 500 casos.
“A partir de ahora la comisión tiene todas las facultades legales para funcionar, ahora esperamos que las instancias como Cancillería y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos preparen las condiciones para el buen funcionamiento de esta”, dijo Alvarenga.
La deuda del Estado ante esta situación es grande y desafiante para la Comisión Nacional de Búsqueda, ya que tiene encima esa avalancha de 500 casos por averiguar. Rodríguez dijo que esperan conocer más denuncias de casos similares a parte de los que ya existen.
Pro- Búsqueda lo ve como un respiro en el que los recursos se extienden para lograr los resultados necesarios ante esta situación.
Ramírez aseguró que ya existe un plan de trabajo dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda entre el que está iniciar la conformación del equipo técnico de investigadores y abogados, retomar casos y la divulgación mediática de la existencias de esta y anunciar que las oficinas estarán dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Ahora lo que Alvarenga y Rodríguez como muchos salvadoreños afectados esperan es que las instancias gubernamentales correspondientes abran las puertas necesarias para el funcionamiento de esta Comisión.
La creación de esta Comisión fue ignorada por más de 20 años y ahora el presidente de la República abre la brecha para que el Estado responda y colabore para esclarecer muchos actos de desapariciones forzadas de niños y niñas de El Salvador.
En todo ese tiempo, el Estado no hizo mucho por reparar el daño y dar justicia a los cientos de casos de desapariciones forzadas cometidas por fuerzas militares durante la guerra civil.
Por esa razón, el Estado ha sido demandado en dos ocasiones ante la Corte Interamericana de Justicia, por esas desapariciones. El más reciente, el 20 de julio pasado, fue por el caso de seis niños y niñas forzosamente sustraídas en agosto de 1982, en un cantón de Tecoluca, San Vicente. De ellos, solo Gregoria Contreras fue localizada, en 2006.
El otro fue el caso conocido como el de las “hermanas Serrano Cruz”, cuya demanda fue procesada en marzo del 2005.
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