Sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional el jueves exige a la Asamblea Legislativa crear una ley para controlar los fondos de las campañas políticas y evitar que tengan un origen ilícito.
Escrito por Jessica Ávalos.31 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Esperamos cordura de los órganos del Estado y esperamos se respeten las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y que se respete el Estado de Derecho en El Salvador.”
Florentín Meléndez, magistrado de la CSJ
La Asamblea está reaccionando con base en sus atribuciones. Eliminar las banderas de las papeletas puede tener sus ventajas, pero tiene que llevarse gradualmente.”
Néstor Castaneda, magistrado de la CSJ
La sentencia emitida este jueves por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no solo habilita las candidaturas independientes para 2012, sino que “mandata” a la Asamblea Legislativa a que apruebe una ley de financiamiento de partidos políticos, donde se regulen los recursos de los partidos y los de los candidatos independientes.
“Deberá regularse por ley mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas que garanticen que los recursos de las campañas tengan un origen y uso lícito, lo cual también es aplicable a los partidos políticos”, reza el apartado de la sentencia referido al financiamiento de los partidos.
Actualmente todos los institutos políticos legalmente inscritos tienen asignado un porcentaje de fondos del Estado (conocido como deuda política) para financiar parte de sus campañas. La sentencia pide a los diputados regular qué porcentaje de la deuda política le corresponderá a los independientes y cuáles serán los requisitos y el mecanismo para poder optar por el anticipo.
El Código Electoral establece que los partidos que participan por primera vez tienen derecho a recibir un máximo de $57,000 de anticipo para participar. En la última elección de diputados y alcaldes, el Ejecutivo repartió $9.8 millones entre seis partidos.
En la normativa vigente no están establecidos los mecanismos de devolución cuando los partidos no alcanzan el 3% de votos solicitado por la ley, ni tampoco se exige a los partidos que reporten el origen del dinero que usan para sus campañas.
Otras sugerencias
La Corte también sugiere delimitar requisitos para las candidaturas independientes. Otros de los puntos encomendados a la Asamblea es determinar la cantidad de firmas que deberá presentar un ciudadano que decida prescindir de un partido político para buscar una diputación.
Hoy en día a los partidos en organización, el Código Electoral les exige 50,000 firmas como requisito para recibir credenciales.
Los magistrados también sugieren en su sentencia: “Para evitar un vacío legal y respetando esta Sala la configuración de la Asamblea Legislativa, este Órgano del Estado deberá emitir una nueva legislación donde la forma de la candidatura para elecciones de diputados, asegure el derecho del sufragio activo con plena capacidad de acción”.
Los cuatro magistrados que votaron por esta resolución decidieron no entrar en detalles sobre las implicaciones del fallo. No obstante, el magistrado Florentín Meléndez defendió el fondo de la sentencia, porque considera que con las consideraciones expuestas están defendiendo los derechos políticos de la ciudadanía.
“La Asamblea nos nombró por unanimidad para defender la Constitución de la República y los derechos de la ciudadanía. Tenemos la convicción de que estamos haciendo lo correcto en esta sentencia, estamos defendiendo los derechos políticos que la Constitución le reconoce a los salvadoreños”, argumentó el magistrado.
Por su parte, el magistrado Néstor Castaneda, quien votó en contra de las candidaturas independientes, cree que el parlamento debe acatar de inmediato las indicaciones que han sido giradas por el Órgano Judicial: “La Asamblea debe trabajar la legislación secundaria que dé cumplimiento a la sentencia”.
Una ley en el olvido
La Asamblea Legislativa mantiene congelado desde 1996 un anteproyecto de ley de financiamiento de partidos. El último borrador de ley que trabajó la comisión de reformas electorales carecía de “dientes” para controlar los ingresos y egresos partidarios, según señalaron al pleno diferentes sectores de la sociedad civil.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), por ejemplo, envió el año pasado un informe al parlamento, donde cuestiona que la propuesta no obliga a los partidos a presentar informes financieros de sus cuentas.
“Se debería regular con mayor detalle el uso de los medios durante la campaña; regular el financiamiento privado para los partidos políticos y la prohibición del financiamiento de las campañas provenientes del extranjero”, sugiere la gremial en el documento que envió al pleno.
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