Norma Guevara de Ramirios.26 de Julio. Tomado de Diario Co Latino.
Antes los ambientalistas pronosticaban las consecuencias del cambio climático y de la inobservancia de nuestras leyes ambientales, sus advertencias podían parecernos exageraciones interesadas de un sector que se convirtió en corriente filosófica y política; sin embargo cuando observamos el comportamiento drásticamente variado de las lluvias, el viento, el calor y el frío, las mareas; nos damos cuenta que los efectos son mayores a lo anunciado.
Las pérdidas de vida, de suelo, de bienes privados y públicos son suficiente razón para asumir una conducta mucho más responsable frente a las consecuencias vistas y no vistas del cambio climático. El sector público, que debe salir a bregar con los resultados inmediatos de cada tormenta, temblor, huracán o marejada debe meditar en las medidas generales que eviten mayores vulnerabilidades, en nuestro país, una de esas medidas globales es la de regular el ordenamiento territorial.
Nuestro territorio, pequeño y densamente poblado, con una sociedad muy desigual en la que las mayorías viven en pobreza y en condiciones precarias es catalogado como el más vulnerable.
Se aconseja a todos los países medidas de adaptación al cambio climático, pero eso supone fundamentalmente prevención y observancia estricta de normas constructivas, de protección de los recursos naturales estrictas. Si bien hemos sido desordenados, mantener esa conducta es irresponsable. La Ley de medio ambiente es relativamente joven y se viola constantemente y faltan mecanismos de vigilancia de la inversión pública y privada con enfoque preventivo que permita evitar meternos con las casas a las cuencas de los ríos, construir sin permiso como ocurrió en Verapaz.
Estamos pagando caro la ligereza del pasado, de ello dan cuenta, cárcavas, lotificaciones ilegales, aguas contaminadas, bosques destruidos, usos inadecuados de químicos y hasta de medicamentos. Cuando vemos todos los días la noticia de que la cárcava de las cañas se hizo más grande, que se traga decenas y cientos de casas, a nadie se le ocurre preguntar: ¿Quién construyó esas colonias?, ¿quién autorizó esas construcciones?, ¿quién financió los créditos para las viviendas?
Se asume como obligación que el Gobierno debe responder por las pérdidas, pero, ¿en qué medida debieran responder también la empresa que escogió esas áreas que son cuencas o que colocó tuberías inadecuadas? O, ¿qué autoridad permitió conexiones nuevas de agua a tuberías viejas?, ¿dónde está por Dios, la responsabilidad de esos profesionales ingenieros, abogados, administradores? Las Cañas es sólo un punto de la cadena de cárcavas que revientan como varicela en el cuerpo de nuestro maltratado territorio; si las normas constructivas y ambientales se observaran, esto se evitaría y los fondos públicos que hoy se usan para indemnizar o tapar las cuencas artificiales abiertas, serviría para apoyar la agricultura, para reforestar, para la salud o al menos para dar mantenimiento a puentes viejos.
Una ley de ordenamiento territorial debe establecer instancias normativas y de vigilancia, debe mandar a zonificar cada municipio para definir los usos del suelo atendiendo a su vocación; debe establecer la obligación de proteger fuentes de agua y oxígeno, entre otras cosas. Hay empresas y personas que se han beneficiado, se benefician o proyectan beneficiarse del desorden. De ellos provienen las presiones que impidieron la aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial en tres ocasiones en cuatro años; la última vez, fue el Diputado Parker quién, hace meses, pidió quince días para hacerle aportes.
No cabe duda que la derecha legislativa se ha prestado a bloquear la ley; pero también desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos se requiere mayor definición frente a la necesidad de normar esta delicada situación, pues al no hacerlo, se facilita que la acción humana aumente la vulnerabilidad existente.
Los ciudadanos como empresarios, como dueños de casas, lotes, terrenos, como industriales, deben aceptar las regulaciones; será mejor que perder todo en el mediano plazo. Si países que tienen regulaciones más rigurosas están sufriendo efectos devastadores por la alteración del clima, en países como el nuestro, donde el desorden y el ganguerismo es conducta común, si no cambiamos, labramos un camino de mayores dificultades para nuestra generación, para nuestros hijos, nietos y los seres humanos que deben sucedernos en el más lejano futuro.
Una ley debe dar un papel beligerante a los gobiernos locales, a los ministerios que invierten o participan de la vigilancia de normas ambientales y constructivas, a la ciudadanía. Ojalá los que hacen opinión ambiental pongan atención de esta particular necesidad normativa y se unan a la exigencia de un marco regulatorio del ordenamiento territorial.
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