El Salvador es uno de los países más opacos en cuanto a ofrecer datos sobre la administración del fisco, pero el Gobierno tiene un plan trazado para corregirlo.
Escrito por Lourdes María Quintanilla.26 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
La administración de las finanzas públicas en el país está en niveles muy bajos comparado con sus vecinos de Centroamérica, según dos organismos internacionales.
La Encuesta de Presupuesto Abierto 2008, a cargo de la Alianza Internacional por el Presupuesto (IBP en inglés), coloca a El Salvador en el puesto 37, con color naranja. El tono representa al segundo bloque de países con menor calificación: “Ofrece información mínima” sobre su presupuesto, según clasifica la IBP.
Abajo de El Salvador, en el bloque rojo, están Nicaragua y Honduras, como países centroamericanos que dan “poca o ninguna” información al respecto.
Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), aseguró que para el índice 2009 El Salvador ya subió al puesto 27 pero aún en la zona de menor transparencia. El informe del año pasado, no obstante, todavía no se ha publicado.
IBP basa su puntaje en la obtención de documentos, cuáles son los que pone a disposición del público el grupo de instituciones vinculadas a la administración del presupuesto general.
Mientras, Transparencia Internacional, que fundamenta su puntaje con encuestas de percepción sobre la corrupción, dio al país 3.4 como nota, en un rango donde 1 es el más corrupto y 5 el más sano. Así, de 180 países, El Salvador se ubica en el 84, puesto que comparte con Panamá.
Abajo están Guatemala, Honduras y Nicaragua (de C.A.)
Acciones a tomar
Marcos Rodríguez, secretario de transparencia en el Órgano Ejecutivo, explicó que de hecho para este gobierno se ha formulado una estrategia que permita abrir más la puertas de datos sobre la administración al público.
Rodríguez mencionó cuatro pilares que sostendrán el objetivo de transparentar. Estos son fortalecimiento de los mecanismos de control interno para el manejo de los recursos, abrir puertas al escrutinio ciudadano, combinar economía y transparencia y cumplir normas internacionales.
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