Las diversas libertades que constituyen la base de nuestro régimen democrático deben ser valoradas, asumidas y defendidas por todos, porque la falta o el quebranto de cualquiera de ella haría peligrar la integridad y la sostenibilidad de todo el sistema.
Escrito por Editorial.19 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Está visto y probado que tanto la libertad de expresión como el derecho a la información están constantemente expuestos a múltiples formas de riesgo y de ataque, algunas abiertas sin tapujos y otras insidiosamente disfrazadas. Los recursos legales pueden ser una de esas formas. En este momento, pende sobre la libertad de expresión y sobre el derecho a la información una espada de Damocles desde la máxima instancia jurídica del país, que es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que si declarara inconstitucionales algunas disposiciones del Código Penal vigente estaría abriendo la puerta a una contracción y aun anulación gravísima de derechos y garantías que sustentan en el país el ejercicio del periodismo libre.
Posibilitar la penalización del mismo significaría la primera regresión estructural en este proceso democratizador que tanto nos ha costado a todos, en múltiples sentidos. Nuestro régimen de libertades se levanta sobre incontables sacrificios históricos, y por eso su cuido y defensa deben ser compromisos nacionales inexcusables, y más aún para aquéllos que tienen un poder de decisión tan determinante para la vida y el destino de la nación en su conjunto. Es ante atribuciones de tal envergadura y trascendencia que se ponen inmediatamente a prueba no sólo la capacidad de juicio visionario de cada uno de los juzgadores máximos y del cuerpo colegiado que integran, sino también el temple de la responsabilidad y la ecuanimidad que deben sostener ese juicio.
Según parece, está muy próxima la decisión al respecto, y es por ello de lo más oportuno hacer un llamado a la reflexión profunda sobre lo que un acierto o un error pueden representar.
En defensa de ese bien insustituible
Las diversas libertades que constituyen la base de nuestro régimen democrático deben ser valoradas, asumidas y defendidas por todos, porque la falta o el quebranto de cualquiera de ella haría peligrar la integridad y la sostenibilidad de todo el sistema. La libertad de expresión constituye el seguro de vida de la vigilancia ciudadana y social sobre todo lo que pasa en la realidad nacional. Es de entender que sea una libertad muy incómoda para el poder en sus múltiples expresiones, y justamente ahí está la mejor prueba de lo que significa.
Por algo será que hay una constante guerra sorda, que a ratos es guerra abierta, desde el poder hacia la libertad de expresión. En el entorno latinoamericano, Gobiernos tanto de izquierda como de derecha viven imaginando conspiraciones de parte de los medios de comunicación, cuando éstos no se someten a sus intereses.
Defender la libertad de expresión equivale, pues, a defender el proceso mismo de democratización y modernización. Estos elementos y criterios debe tenerlos muy en cuenta la Sala de lo Constitucional al decidir sobre la constitucionalidad o no del artículo 191 con todas sus consecuencias. Dicha Sala, por el carácter de su función y por ser el máximo nivel de decisión inapelable sobre la constitucionalidad en el país, es más que un tribunal jurídico: es una instancia clave para la estabilidad de todo el sistema. Y así como no se valen las presiones tampoco se valdrían los candados. Esperamos una resolución sabia y congruente con la realidad en todos los órdenes.
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