Por Magdalena Flores.01 de Julio. Tomado de Contra Punto.
Se quejan de que las enmiendas no han sido discutidas con el sector, y que llevarlas a cabo les implicará incurrir en gastos por $20 millones, entre otros lamentos.
SAN SALVADOR – Varias empresas del sector de telefonía manifestaron este miércoles que las reformas a la Ley de Telecomunicaciones aprobadas el pasado 10 junio en la Asamblea Legislativa generará efectos nocivos al país, pues, entre otras cosas, ocasionará el cese de 14 mil empleos.
El Decreto Legislativo número 379, aprobado con 75 votos, establece el derecho a la “portabilidad del número”. Esto significa que los usuarios tienen derecho a cambiarse de operador conservando su número móvil y fijo sin recurrir a gasto alguno.
Además obliga a las empresas telefónicas a que el saldo sea ilimitado, es decir, que si alguien usa el sistema de prepago en telefonía celular o fija, su saldo no vence en determinada fecha.
El decreto también exige a las empresas a cobrar el segundo exacto en todos las llamadas telefónicas; y que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) tendrá la responsabilidad de hacer realidad la portabilidad en un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia del decreto.
Aunque dichas reformas aún no han entrado en vigencia, pues todavía hace falta el aval del presidente Mauricio Funes, las empresas telefónicas afirmaron este miércoles su rechazo, por lo contraproducente que será para sus bolsillos.
Claro, Tigo, Movistar y Digicel informaron, a través de un campo pagado publicado en los principales periódicos del país, que de entrar en vigencia el decreto legislativo podría generar “efectos nocivos e irreversibles para El Salvador”, y que se verán en la obligación de despedir a 14 mil empleados.
La carta, en forma de campo pagado, está dirigida a los secretarios generales o presidentes de los partidos FMLN, PDC, PCN, GANA, ARENA y CD, con copia al presidente Funes.
Golpes de pecho
De acuerdo a dichas empresas al comenzar a funcionar las reformas se verán en la obligación de eliminar los planes de inversión y expansión previstos para los próximos años en el ramo de telecomunicaciones.
También detallan que harán una “reducción de 5,000 fuentes de trabajo directas y reducción de 9,000 fuentes de trabajo indirectas, lo que supone una pérdida total de 14,000 empleos”.
Además sostienen que reducirán más del 75% de la inversión publicitaria; asimismo aseguran que disminuirán los gastos de mantenimiento y soporte de telecomunicaciones.
Sobre la exigencia que les hacen las reformas en torno al cobro del segundo exacto, las empresas expresaron: “Deben dejarse sin efecto las disposiciones que exigen o obligan el cobro del segundo exacto como la única y exclusiva forma de cobro al cliente”
En cuanto a la portabilidad del mismo número telefónico, las empresas dijeron que están dispuestas a implementarlo, pero debe hacerse “en un plazo real y no arbitrario, de modo técnico, y cubriendo los costos” de su implementación. Se entiende que las compañías, si se implementa la medida, no quieren correr con el costo, calculado en unos $20 millones, pues tendrían que homologar sistemas, cambiar software, etc.
Mientras tanto Rafael Castro, asesor jurídico de Telemóvil, dijo a El Diario de Hoy que “al tocar el modelo de una forma no técnica se afecta al usuario porque el servicio podría encarecerse”.
En el comunicado, las empresas pidieron a la Asamblea abandone la práctica “antidemocrática de legislar de forma inconsulta y sin tomar en cuenta los aspectos técnicos y económicos”.
¿La quiebra?
“La introducción inconsulta de cambios en la legislación del sector telecomunicaciones, carentes del obligado análisis técnico, está conduciendo a las telecomunicaciones a un punto de insostenibilidad operativa, que redundará finalmente en perjuicios al consumidor y en el estancamiento en el desarrollo del sector”, concluyen las empresas.
Las enmiendas, dijeron, los llevarán prácticamente a la quiebra.
Por la consecuencia “catastrófica” que vaticinan, las empresas telefónicas piden a la Asamblea una audiencia para todos lo operadores de telecomunicaciones para que estos puedan exponer los efectos dañinos de las recientes reformas al sector y plantear propuestas de cambios legales razonables.
Habrá que esperar a qué se llega, pues a principio de este año Funes derogó otro decreto de la Asamblea, el que eliminó la tarifa fija por el servicio de teléfono domiciliar, una medida aplaudida por la población, pero que no le cayó en gracia a las compañías ni al mandatario. Dijeron que se vulneraba la seguridad jurídica.
Y lo que siguió fue una batalla de dimes y diretes entre Funes y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el principal partido impulsor de la propuesta de eliminar el cargo básico de telefonía.
Al final, con los votos de la derecha, Funes se salió con la suya. Pero ello le valió para que se le achacara que estaba defendiendo intereses corporativos, en lugar de los de la gente.
Fue justamente a raíz de todo ese lío político, que a los diputados les quedó claro que había que regular mejor el sector, en virtud de los vacíos detectados en telefonía.
Y acordaron las reformas que, ahora, son también objetadas por las empresas.
Telefónicas amenazan con despidos si entran en vigor reformas
Hoy me despidieron de Telefónica, gracias Sr. Presidente Funes, esta es su famosa fabrica de empleos.
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