El pasado lunes 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero en honor a la verdad y para decir las cosas con toda franqueza, en América Latina no hubo mucho que celebrar.
Escrito por Ricardo Trotti.6 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
En el momento actual los papeles están trastocados. Numerosos medios de comunicación y periodistas, cuyo rol social es investigar, denunciar irregularidades y servir de contrapoder, están sentados en el banquillo de los acusados.
Sus fiscales son presidentes, como Cristina de Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega y Hugo Chávez, que distraen la atención con tal de impermeabilizar a sus administraciones de cualquier cargo de corrupción o autoritarismo.
El embuste gubernamental confunde. Muchos creen que la prensa esconde intenciones golpistas, de oposición política y oscuros intereses económicos. Aunque así fuese, olvidan que es el gobierno, por mandato constitucional, el que tiene la obligación de proteger y garantizar la libertad de prensa. Si no la respeta o, aún peor, deliberadamente la cercena, incurre en un grave delito contra la democracia y sus ciudadanos.
Esto ocurre en Argentina. El gobierno de Cristina y Néstor informa poco, se defiende más y confronta mucho. Ataca, agrede y desprestigia. Sus métodos son variados. Incentiva, auspicia o justifica ataques contra periodistas y medios, a los que endilga haber guardado silencio durante las dictaduras militares.
Sobre algunos de ellos se pegaron carteles anónimos en las calles de Buenos Aires. A otros, junto a varios periódicos como Clarín, La Nación y Perfil se les sentenció en un patíbulo simbólico organizado por las Madres de Plaza de Mayo, en el que su polémica presidenta, Hebe de Bonafini, repartió insultos y condenó a todos por complicidad con las botas y charreteras, y por traición a la patria.
El ruido generado e incentivado por el gobierno de Kirchner no es nuevo, es su marca registrada. Las campañas de desprestigio contra jueces, periodistas y oposición se utilizan para neutralizar denuncias de escándalos sobre enriquecimiento ilícito, sobornos, negociados, valijas con efectivo y otros hechos que rozan a la pareja presidencial y que servirían para escribir varios tomos de aquel “Robo para la Corona”, libro que inmortalizó al ministro José Luis Manzano y la corrupta época de Carlos Menem.
En el juego de control y equilibrio, no es solo el gobierno el que debería cuidar la constitucionalidad de la libertad de prensa. La oposición política tiene la responsabilidad de blindarla más allá de pedir respeto, ayudando a crear un marco legal apropiado. En Argentina se gastó veinte veces más energías en una ley revanchista contra los medios, que en favorecer a los ciudadanos con un mecanismo que obligue al gobierno a ser transparente y que permita el acceso a la información pública. La deuda legislativa es inmensa.
La prensa tiene la responsabilidad de cumplir su papel y no desvirtuarse en agente político. De lo contrario, corre el riesgo de ser efímera, como ocurrió con el famoso diario Página 12, que jugó un papel extraordinario y de servicio democrático durante la dictadura militar y en la época de Menem, pero se hizo irrelevante en este período por sus simpatías con la ideología kirchnerista. En realidad, la prensa debe ser siempre opositora.
Las organizaciones civiles tampoco pueden dejarse arrastrar por el ruido. Su tarea es fomentar la tolerancia y educar sobre la libertad de prensa. Porque cuando se irrespeta el derecho a difundir y consumir información plural y diversa, no solo se afecta a medios y periodistas, sino que todos perdemos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.