El trasfondo. No es un secreto –aunque hasta hace poco tiempo fue uno de los mejor guardados, por lo menos para el grueso de la población– que las finanzas del Estado están pasando por una situación bastante crítica.
Escrito por Juan Héctor Vidal.03 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
La deuda pública ronda el 50% del PIB, el gobierno se endeuda para pagar gasto corriente y el déficit ha llegado a niveles que no se registraban desde los años ochenta. Esto y más se agrava cada día dentro de un proceso acumulativo en el que se han combinado el irrespeto a las sanas prácticas contables, el uso discrecional de los recursos y, en el extremo, presuntos actos de corrupción que seguramente quedarán impunes.
La cuestionable gestión fiscal, principalmente durante la última administración, hasta ahora empieza a dar las primeras señales de su dimensión e implicaciones. El haber recurrido durante mucho tiempo a artificios financieros explica en buena medida –más allá del componente delictivo que puede haber estado presente– el estado calamitoso en que se encuentra la hacienda pública. Esto es igual o quizás más complicado que el enriquecimiento ilícito como tal, pues mientras este al menos se puede perseguir, para la precariedad fiscal –aunque de por medio haya habido dolo– resulta difícil individualizar culpables. Además, no creo que en este caso esté tipificada una figura delictiva, si bien por extensión –asumo– podría aplicarse la legislación que castiga el daño a la economía nacional, que hasta ahora solo se ha hecho efectiva con funcionarios que han afectado directamente intereses privados.
Esconder el “polvo bajo la alfombra” como le he llamado con frecuencia al expediente de ocultar la verdad (con malabarismos contables) para dar una imagen de sanidad fiscal –como ocurría con la deuda provisional hasta antes de que se creara un fideicomiso especial, por cierto también cuestionable– podría ser tipificado como un fraude nacional. Dado el daño causado, debería por lo menos merecer una sanción moral.
Aún así, a estas alturas podría resultar irrelevante en qué momento se originó realmente el problema, si no fuera porque a la tradicional opacidad que ha caracterizado a la administración financiera del Estado, ahora se suman dos hechos sin precedentes: primero, haber llevado al fisco a un nivel de iliquidez que puede ser la antesala de un estado de insolvencia, y segundo, haber utilizado buena parte de los escasos recursos públicos para enturbiar más el escenario político.
Resulta, sin embargo, que hay en la agenda nacional un problema económico muy serio, donde el estado de las finanzas públicas es solo un componente, pero a la vez, el talón de Aquiles para la reactivación. No conozco otro país donde el magro desempeño de la economía por un período tan prolongado (15 años) se haya atribuido a políticas públicas equivocadas –o a la ausencia total de ellas– y sobre todo al cuestionable manejo fiscal. Y lo que es igualmente grave: el ocultamiento de la verdad.
Frente a la precariedad fiscal, se pueden esgrimir una y mil razones. Lo que no se puede eludir es el hecho de que el país difícilmente puede empezar a salir del letargo económico en que se encuentra, y al mismo tiempo llevar alivio a los sectores más vulnerables, si no se empieza por un esfuerzo serio de sanear las finanzas públicas. Ciertamente esto se dice fácil, pero lograrlo es una tarea gigantesca.
Bajo condiciones similares en el plano económico-financiero, un emprendimiento de esa naturaleza tendría en cualquier país un costo político muy alto. Estos temas siempre despiertan malas voluntades aun en sociedades avanzadas y democracias maduras. En el caso nuestro, las consecuencias de dar un paso en la dirección deseada –por lo demás ineludible– son relativamente mayores, por las circunstancias políticas que atravesamos, donde no se tiene la más mínima noción de cómo van a reaccionar los políticos. Y esto incluye, el costo de la factura.
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