LPG-Institucionalidad a la deriva

 Si alguna vez hubo dudas sobre el peligroso giro que ha venido tomando la institucionalidad en el país, lo que está pasando en el Órgano del Estado responsable de velar porque la misma se fortalezca ha venido a disiparlas.

Escrito por Juan Héctor Vidal.24 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

Tengo la impresión de que la mayor parte de salvadoreños no solo está pendiente del intercambio público entre cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y los once restantes, sino también de las razones que han originado la disputa. Todo, para llegar a una situación que, según se dice, no tiene precedentes en el país.

Es cierto que el sistema judicial salvadoreño nunca fue inmaculado, pero con la Constitución de 1983 y los acuerdos de paz, parecía que se estaba dando un gran paso para despolitizar, sanear y elevar a su máxima expresión la justicia en el país. Sin embargo, los hechos nos están demostrando que esa tarea no solo era formidable en sí misma, sino que también involucraba dedicar energía para lidiar con reacciones dentro de un organismo colegiado, como es la Corte Plena, a partir de exigencias que la ciudadanía rechaza y que ponen al Órgano Judicial en una posición muy vulnerable, desde el punto de vista ético.

Como se recordará, la elección –hace un año– de los magistrados de la Sala de lo Constitucional estuvo precedida de eventos nada saludables para la institucionalidad del país, como la auto postulación de tres candidatos surgidos de seno del Consejo Nacional de la Judicatura y la intervención directa del Órgano Ejecutivo en el proceso. Y aunque puede aceptarse que esta última fue forzada por la debilidad intrínseca del sistema político, no cabe duda que lo positivo de la misma –como es el haber superado el impasse que se había generado y la elección de personas honorables y capaces– comenzó a desdibujarse desde el momento mismo en que se inició la mediación.

Pero lo realmente preocupante es que las desavenencias entre las nuevas autoridades y los antiguos magistrados hayan comenzado –al menos eso ha trascendido– a partir de un intento del nuevo presidente de ponerle coto al uso abusivo de los recursos institucionales.

No es irrelevante el hecho de que el forcejeo se haya prolongado por un año, habiendo alcanzado en los últimos días matices muy graves. Obviamente, ello ha distraído la atención de los señores magistrados de las elevadas –por no decir sublimes– responsabilidades que se les han encomendado. Lo que se puede deducir es que el mantenimiento de un esquema de privilegios que todo el mundo rechaza tiene primacía sobre la aplicación de la pronta y cumplida justicia. El caso que ahora tiene dividida a la Corte tiene que ver precisamente con la mora judicial. Y si ello es así, la ciudadanía tiene todo el derecho de preguntarse ¿en manos de quiénes ha estado la salvaguarda de sus derechos?

No somos versados en la materia, pero hemos procesado la tesis de que los argumentos del así llamado G-11 no tienen fundamento jurídico. La razón principal son las mismas disposiciones constitucionales y porque ya hay jurisprudencia; es decir, casos que se han dilucidado en salas especializadas, cuando la Corte Plena ha sido demandada.

Hoy ya sabemos que los cuatro apóstoles corren el riesgo de ser crucificados, a partir de la intervención de la FGR mediante el fiscal de Corte. Menuda tarea la que tiene mi amigo Roberto que, aunque dicen los entendidos que su dictamen no es vinculante, le tocará sentar un precedente que no necesariamente favorecerá el fortalecimiento del sistema judicial. El riesgo es mayor, si la politiquería barata se impone y el caso es llevado a la Asamblea Legislativa, donde todo puede pasar, excepto la aplicación de sanos criterios para que la gobernabilidad democrática realmente se asiente en el país. La pregunta que surge casi de manera espontánea es: ¿qué sigue después?

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