La tarea de prevención hecha por el Ministerio de Educación y la Policía no da resultado. El número de actos de violencia contra la comunidad educativa se ha triplicado respecto al año anterior- LA COMUNIDAD EDUCATIVA de San Juan Opico y San Pablo Tacahico, en la Libertad, marchó para repudiar asesinato de maestros y exigir mayor seguridad.
Escrito por Karla Argueta. 09 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.
La epidemia de violencia por la que atraviesa el país ha impactado a la comunidad educativa. Los asesinatos contra maestros y estudiantes, a tan solo cuatro meses de haber iniciado el año escolar, suman 31, según las cifras oficiales de la Policía. Los datos triplican a la registrada el año pasado, cuando hasta junio se registraron 10 homicidios.
Dos de los hechos de violencia más impactantes ocurridos este año fueron el homicidio contra las estudiantes Guadalupe Abigail López y Estrella del Carmen Márquez, ambas de 16 años, quienes fueron decapitadas y embolsadas; y las muertes de tres maestros del centro escolar Cantón El Ángel, en San Juan Opico, La Libertad, el mes pasado.
Mientras esto ocurre, dos programas de prevención de violencia y un convenio con la Policía Nacional Civil para patrullar centros escolares en zonas de alto riesgo son las únicas armas con las que el Ministerio de Educación ha tratado de hacerle frente a la ola de homicidios contra miembros de la comunidad educativa.
La gerente de la sección de Educación del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Fusades, Helga Cuéllar, considera que no hay articulación alguna entre los tres programas y, menos, una política integral y permanente de prevención contra la violencia.
Ante la desbordante ola de crímenes, el martes pasado, el Consejo Nacional de Educación se declaró en sesión permanente. Dos días después del anuncio, el joven universitario José Misael Leiva fue asesinado frente a su casa, mientras subía al microbús que lo llevaría a la Universidad Evangélica, donde cursaba primer año en la carrera de Medicina.
Las autoridades del Mined, representantes de centros educativos y universidades, así como maestros y miembros de organizaciones civiles reconocieron esta semana que el programa educativo 2010-2014 Vamos a la Escuela corre peligro.
El informe trimestral de Fusades lo confirmó esta semana y advirtió que, de no ser controlado a tiempo, puede desestabilizar los procesos de aprendizaje y el desempeño de los docentes.
"Si realmente la violencia penetra dentro del seno de la escuela, la labor transformadora de la educación estará en peligro, y nosotros creemos que las escuelas son los lugares más importantes para construir el futuro", enfatizó la especialista.
Las consecuencias de los asesinatos ya se han hecho sentir en algunos centros educativos. En el Centro Escolar República de China, el asesinato de Moisés de Jesús Romero, de 15 años, y el de Saúl Stanley Coreas López, de 14, a 500 metros de la escuela, el martes 27 de abril, provocó que seis estudiantes desertaran del centro.
El informe de Fusades registra que 21 docentes han solicitado cambio de centro educativo por temor a extorsiones, robos, amenazas y ataques; no obstante, aclaran que la cifra podría ser mayor, ya que las víctimas no suelen denunciar por temor a represalias.
El convenio de la Policía, por otra parte, se limita a la prevención de actos violentos en zonas escolares, y para algunos, como Luis Mario López, secretario de Bases Magisteriales, ésta no ha logrado pasar del papel a las acciones.
El viceministro de Educación, Eduardo Badía, dijo el martes pasado que el acuerdo no ha dado los resultados esperados, y matizó que "ellos (la policía) están haciendo todo su esfuerzo; cuando los llamamos, acuden, pero a veces no tienen la capacidad suficiente para cubrir todo el espectro".
Durante una marcha realizada por la comunidad educativa de San Juan Opico y San Pablo Tacachico, del departamento de La Libertad, como señal de repudio por el asesinato de los maestros, el alcalde del segundo municipio, Arístides Alvarado, dijo que en esa localidad la delincuencia le ha ganado la batalla a la Policía durante los últimos meses.
"Hago un llamado público para que el triple homicidio contra los maestros haga que las autoridades de seguridad tomen conciencia de la situación delincuencial que vivimos en nuestro municipio desde hace meses", expresó Alvarado.
Bajo criminalidad
En San Salvador, el departamento con mayor número de estudiantes asesinados, Gersan Pérez, jefe de la delegación Centro de la Policía, aseguró que siempre hay efectivos policiales patrullado las escuelas y zonas aledañas en que suelen ocurrir riñas estudiantiles entre alumnos de instituciones rivales.
Respecto a éstas, el comisionado aseguró que "el problema no es tan grande como lo pintan los medios. Siempre ha habido problemas. Pero la situación es que son más las personas que van a estudiar y pocos los que provocan problemas".
No obstante, este tipo de violencia le costó la vida a Francisco Garay, estudiante del Instituto Francisco Menéndez (Inframen), el jueves 11 de marzo, cuando Jonathan D., un alumno del Instituto Técnico Industrial (INTI), lo atacó con una navaja ante la mirada de los transeúntes.
Pérez dijo que los 60 policías que aproximadamente velan por la seguridad de unos 100 centros educativos son suficientes. Sin embargo, al ser cuestionado sobre la efectividad del convenio para prevenir las tres decenas de homicidios contra la comunidad educativa, el comisionado argumentó que esos hechos ocurren fuera de los centros escolares, muchas veces en horas en que los jóvenes deberían estar en clase y no en las calles.
El ex viceministro de Seguridad, Ástor Escalante, sostuvo que a pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad en las zonas escolares, todavía hace falta inversión en inteligencia policial que pueda prevenir actos de violencia.
La experta de Fusades enfatizó que el ataque a los miembros de la comunidad educativa es una señal de alarma que debe ser atendida de inmediato con una política integral de prevención de violencia que sea sostenible, viable y evaluable.
"La docencia es una vocación de servicio en esencia, y cuando ésta se pone en peligro y es atacada, es casi como cuando en la guerra se ataca a los hospitales y se agrede a los doctores y a las enfermeras. Es llegar al límite, en donde ya se cuestiona nuestra capacidad de humanidad", afirmó la especialista.
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