Tres de los cinco principales ejes del modelo de la política penitenciaria no han tenido resultados como lo pretendían
05 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.
La marcha que realizaron ayer un grupo de familiares de los reos de diferentes cárceles, dejó en evidencia el fracaso que han tenido los planes de trabajo que ha empleado desde hace 11 meses la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Los parientes de los reos confirmaron que los planes, entre éstos las "mesas de la esperanza", no han alcanzado los propósitos y frutos que se esperaban.
Un grupo de cien personas marcharon desde el parque Centenario hasta la DGCP y el Ministerio de Justicia y Seguridad, para exigir varias peticiones, entre ellas, más visitas íntimas, mejores tratos para los reos y menos registros para las visitas.
Los familiares pidieron una audiencia con los funcionarios encargados de las instituciones. En ambas entidades los manifestantes no fueron atendidos debido a las "apretadas agendas" de los funcionarios, dijeron empleados de las instituciones.
Para los manifestantes, la "carretera de oportunidades con justicia y seguridad", propuesta por las autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), desde junio pasado, va camino al fracaso.
Los inconformes sostuvieron que las conversaciones de "las mesas de la esperanza se han detenido, porque varios parientes de los internos tienen temor a represalias, debido a que la DGCP ya los tiene identificados.
Una crisis generada en el interior de varias cárceles, que se cobró la vida de dos internos y más de una veintena de heridos, ha dejado al descubierto que el proyecto no ha funcionado.
Sin embargo, para los participantes de "la mesa de esperanza", no ha funcionado, el ambiente dentro de las cárceles siguen deplorable y los reos siguen exigiendo las mismas necesidades desde hace un año.
Hasta ayer los centros penales de San Vicente, La Esperanza (Mariona), Gotera, Sonsonate, Usulután y Apanteos, se mantenían en rebeldía.
Las esperanzas truncadas
La DGCP detalló en su política penitenciaria "cinco componentes" las cuales su mayoría no se han cumplido como esperaban.
Uno de los componentes fue "una atención a las necesidades de los reos para garantizar su bienestar físico y sicológico, ya que consideraron que la salud es una obligación legal y moral".
Los marchantes aseguran que sus familiares siguen padeciendo de una mala atención médica dentro de los reclusorios y muchos no son atendidos a tiempo de las enfermedades.
También el nuevo plan de Centros Penales incluyó "seguridad para evitar fugas, motines y mantener la tranquilidad al interior de los centros penitenciarios".
Para la DGCP "la seguridad tiene gran importancia para arribar a las metas propuestas, ya que estamos conscientes que nada se puede conseguir en términos de reinserción social si se descuida el aspecto de aseguramiento de los centros penitenciarios", describe el plan de trabajo de quienes dirigen las cárceles.
Ese componente de la política penitenciaria no ha funcionado. Los últimos altercados dentro de diez cárceles lo dejaron en evidencia. Las revueltas dejaron dos reos muertos y más de una veintena de heridos, durante los desórdenes.
Además, cuatro granadas detonadas en los penales de Cojutepeque y Sonsonate, por los mismos reos, y la petición de ser trasladados hacia la cárcel que los mismos reos pidieron, dejaron al descubierto el fracaso del plan.
El proyecto de trabajo también incluyó una "orden para garantizar una convivencia segura de los internos y el personal penitenciario". Algo que consideran una "deuda" del sistema.
En un documento, Centros Penales propuso que "para aplicar la justicia y la pena privativa de libertad es indispensable que exista orden para poder desarrollar todas las actividades idóneas para la consecución de tal propósito". Además se convierte en una necesidad para garantizar la convivencia reglada de los internos y del personal penitenciario.
Fuentes penitenciarias confirmaron que durante los últimos meses la convivencia entre los empleados y los internos ha sido de enemistad, sobre todo en las cárceles de Izalco y de máxima seguridad, conocido como Zacatraz.
Los empleados se quejan de las constantes amenazas de parte de los internos debido a la falta de rigurosidad contra los cabecillas de las pandillas.
Durante los últimos desórdenes en Cojutepeque y Sonsonate, los reos atacaron a un custodio para despojarlo de las llaves de las celdas. Los guardias tuvieron que disparar contra los reos para repelerlos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.