El Diario de Hoy publica esta semana una serie de entregas con los resultados de la encuesta de JBS que recoge el sentir de la población en lo político, económico y social, en el primer año del gobierno Funes
Escrito por José Zometa.24 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.
La inseguridad en las calles y en los hogares sigue siendo el principal problema que abate a los salvadoreños. La encuesta realizada por la firma JBS Opinión Pública para El Diario de Hoy no sólo revela que es la mayor angustia de los ciudadanos en lo que va del primer año de gobierno de Mauricio Funes, sino que además ha empeorado.
Ir a trabajar, realizar algún trámite, ir de compras a algún centro comercial o al mercado, ya sea a pie o en vehículo, se ha convertido en una pesadilla para las familias salvadoreñas. Inclusive, enviar a sus hijos a estudiar se ha convertido, en muchos casos, en una diaria y constante zozobra, debido al acecho de los pandilleros, que acosan a los estudiantes en un intento por reclutarlos.
En medio del panorama sombrío, lo que sí aplaude la población es el despliegue de tropas de la Fuerza Armada en el combate de la criminalidad, en apoyo de la Policía Nacional Civil (ver nota en página 4).
Aunque no es un problema nuevo, la encuesta a 1 mil 206 ciudadanos que realizó la firma JBS Opinión Pública, entre el 12 y 16 de mayo pasado a escala nacional, refleja que para la mayoría de las personas entrevistadas la situación delincuencial ha ido de mal en peor en los últimos 12 meses.
A la pregunta "¿considera usted que la seguridad en el país ha mejorado o empeorado?", 72 de cada 100 de los encuestados respondieron que ha empeorado, mientras que el 20 por ciento de la población consideró que ha mejorado. Un 6 por ciento considera que la situación sigue igual, y el 3 por ciento prefirió no opinar.
Un dato importante que arroja la encuesta es que las que opinan que el clima de delincuencia ha empeorado son las mujeres.
El pesimismo de la población se ve fundamentado en los hechos delictivos que a diario se cometen. Inclusive, los datos que la misma corporación policial maneja certifican el incremento de la violencia.
Por ejemplo, en el tema de los homicidios, en lo que va del año ya se registran más de 1 mil 473 muertes violentas; sólo abril cerró con 385 muertes violentas, es decir, con 49 homicidios más que en ese mismo mes de 2009, cuando se perpetraron 336 asesinatos, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Esas mismas estadísticas también reflejan que las armas de fuego son las más utilizadas en el cometimiento de homicidios.
NO ven esfuerzo policial
Pero la percepción de estar a merced de los delincuentes es solo una parte de los problemas de inseguridad que abate a la ciudadanía; por otro lado y lo que es peor, es que muchos no sienten que los agentes policiales estén haciendo los suficientes esfuerzos por llevar la tranquilidad al vecindario.
La confianza en la Policía Nacional Civil como garante de la seguridad en el país también es desfavorable, según expresaron los entrevistados en este sondeo. Por ejemplo, un 62 por ciento considera que la PNC no ha hecho su mejor tarea a fin de brindarle seguridad del país. Del lado de quienes piensan que sí ha actuado bien, está el 38 por ciento.
En esto entra en juego el poco respaldo a los funcionarios que están al frente de la cartera de Seguridad en estos 12 meses por parte de ciertos sectores de la sociedad, quienes consideran que no han sabido desempeñar la tarea que se les ha encomendado, la de disminuir la criminalidad. Hay quienes hasta han pedido la cabeza del ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, así como la del jefe policial, Carlos Ascencio, quienes hasta ahora han gozado del respaldo del Presidente Mauricio Funes.
Pese a que hace un par de meses el gabinete de Seguridad presentó a los diversos sectores de la sociedad lo que ellos denominan "Política Nacional de Seguridad Pública", así como otros llamados Plan Estratégico 2009-2014 y el Plan Batalla por la Paz, se les achaca a estos funcionarios de no tener planes definidos para el combate de los delitos.
Tanto es así, que el mandatario ha tenido que echar mano del apoyo de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad pública, una atribución que corresponde a la PNC.
Aún así, a casi 12 meses de gestión del nuevo gobierno de Funes y el FMLN, los índices de violencia y de delincuencia han ido en aumento. Los homicidios han llegado por momentos hasta 14 diarios, cuando en la administración anterior en manos del partido ARENA, en su mayor repunte de muertes violentas alcanzaron las 11 por día.
La promesa de "luchar día tras día para imponer la ley y el orden en este submundo de antiley e inhumano", que hizo el Presidente Funes en su discurso a la nación cuando tomó el poder el 1 de junio de 2009, es algo que los ciudadanos aún esperan que cumpla.
Temor a denunciar
A la percepción de la mayoría de los encuestados en el sentido de que no se sienten seguros con la actuación de la fuerza pública, porque consideran que no están poniendo su mejor empeño, se le suma el hecho que la población tampoco siente la suficiente confianza para interponer la respectiva denuncia, cuando es víctima de los delincuentes.
La poca confianza en el desempeño de la corporación policial, también se extiende al funcionamiento de todo el sistema de Justicia, según se refleja en la misma encuesta de JBS.
A la pregunta "¿Si usted fuera víctima de algún acto delincuencial, denunciaría el hecho?", 6 de cada 10 ciudadanos respondieron que no. Afirmativamente respondió el 39 por ciento, y el 1 por ciento no quiso emitir opinión.
Esa escasa confianza de los salvadoreños de acudir a los jueces para hacer la denuncia también tiene su explicación.
Con bastante frecuencia se han tomado decisiones judiciales que lejos de hacer prevalecer los derechos de las víctimas, han terminado favoreciendo a los delincuentes o enviando mensajes de impunidad. De allí la desconfianza en el sistema.
Para muestra está el caso reciente que ha conmocionado a la ciudadanía, tanto por la frialdad y barbarie con que fue cometido como por el rumbo que tomó el proceso judicial.
Se trata de Carlos Francisco Garay, un estudiante de bachillerato del Inframen asesinado a cuchilladas por otro joven, en plena vía pública y que desencadenó la persecución judicial de la jueza María Isabel Ponce Gallardo contra La Prensa Gráfica, luego de haber publicado la secuencia de fotografías del ataque y el rostro del imputado. La jueza alegó que el acusado era "menor de edad" y sus derechos prevalecen (ver nota aparte).
La situacion de violencia no es nueva. No quiero negar la violencia que a diario vivimos pero si sospecho que hay una intencion velada detras del enfasis que la prensa hace en estos dias en los niveles de violencia. No solo se informa, como siempre se ha hecho, pero se resalta la violencia de una manera mas intensa y se asocia con el gobierno actual. Ahora es tema caliente y para colmo de males la prensa grafica se desnuda y desvela su derechismo atrasado tipico de nuestro tercermundismo.
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