Contra Punto-Los créditos internacionales y la política fiscal en El Salvador

Escrito por Saúl Díaz Ortiz. 03 de mayo. Tomado de Contra Punto.

La influencia de las instituciones financieras internacionales para condicionar la implementación de créditos a gobiernos como el salvadoreño

SAN SALVADOR-El Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), proporcionó a finales de 2009 las condiciones del crédito de US$200 millones que actualmente el Ministro de Hacienda (MH), Carlos Cáceres, está defendiendo dentro de la Asamblea Legislativa. Este crédito internacional está dividido en dos desembolsos, un primero de US$100 millones y el otro de igual monto.
Las condiciones para el otorgamiento del crédito están plasmadas en un documento del BID llamado “El Salvador: Programa de fortalecimiento fiscal. Propuesta de préstamo”1 y como han estado siendo publicadas en los medios de comunicación se resumen en cinco puntos:
   1. Contribuir a un crecimiento estable y sostenido del país dentro de un marco de equilibrio macroeconómico: refleja la necesidad de ejecutar políticas prudentes que no alteren drásticamente el comportamiento de los actores económicos
   2. Fortalecer los ingresos tributarios del país mediante el ajuste de los principales impuestos: representa exactamente la reforma vigente desde enero pasado y cuyos resultados aún no son del todo favorables. Esto además, deja entrever que esta política económica no nació del seno de la administración actual, sino que vino exigida por el BID para poder acceder a fondos en forma de crédito
   3. Aumentar la capacidad del MH para coordinar los organismos encargados de la recaudación tributaria: refleja la palpable necesidad de unificar los esfuerzos institucionales para recaudar una mayor cantidad de ingresos para el Estado, los cuales en la actualidad son vitales para fomentar el desarrollo. Actualmente en El Salvador (y contrario a la tendencia internacional), los ingresos tributarios son administrados y recaudados por cinco instituciones diferentes y en algún grado independientes entre sí, estas instituciones son: Dirección General de Aduanas, Dirección General de Tesorería, Dirección General de Impuestos Internos, Fiscalía General de la República e Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Lo anterior dificulta la transferencia de información, genera duplicación de esfuerzos e ineficiencias.
      En este sentido, desde que se estaba formando el gabinete del Gobierno actual, escuché rumores de la creación de un Vice Ministerio de Ingresos (adscrito al Ministerio de Hacienda), el cual es una muy buena solución pero que a casi completado el 20% del periodo presidencial aún no se observan acciones que conlleven a la creación de esta institución.
   4. Reducción y focalización de subsidios: este punto es, a mi juicio, uno de los más importantes. La pasada administración únicamente mantuvo los subsidios por motivos de demagogia, ya que dentro del ex gabinete económico se conocía muy bien que estas erogaciones solo golpeaban las finanzas publicas sin siquiera apoyar a los más necesitados.
      Los subsidios al agua, energía eléctrica, gas propano y transporte colectivo alcanzaron en 2009 los US$368.9 millones, lo cual represento una reducción del 20.1% con respecto a 2008 gracias a la primera focalización del subsidio a la energía eléctrica (solo aplican los hogares con un consumo mensual menor de 99Kw/h). Este monto de subsidios sociales represento en 2009 el 1.74% del PIB, lo que significa una cifra considerable si se toma en cuenta que es cerca de la mitad de lo que se gastó en el ramo de educación.
      Lo anterior no resultaría chocante si los cuatro subsidios mencionados cumplieran su objetivo de beneficiar a la población de menores recursos, sin embargo en la realidad se muestra todo lo contrario. La premisa de la ineficiencia de los subsidios (medido en el impacto sobre la población económicamente vulnerable) es muy sencilla: las subvenciones no llegan a los más pobres porque estos no acceden a los servicios que son subsidiados. 
      El documento del BID muestra que el subsidio al gas propano beneficia únicamente al 19.2% de la población más pobre del país pero apoya al 89% de la población más rica; en el caso del subsidio al servicio de agua potable, únicamente la mitad de los hogares más pobres acceden a este apoyo estatal; igualmente sucede con el transporte público, donde solo el 20% de la población con menos recursos tiene acceso a este subsidio (el cual ha estado sobredimensionado por meses ya que el precio del galón de diesel cayó pero el subsidio se mantuvo constante).
      A estos cuatro subsidios se le suma el famoso Drawback (reintegro del 6% de las exportaciones), el cual es indefendible bajo cualquier perspectiva. Esta subvención le cuesta al Estado unos US$15 millones promedio anuales y beneficia mayoritariamente a la gran empresa. El Drawback será eliminado (de acuerdo a declaraciones de funcionarios del Gobierno actual), a más tardar al finalizar este año
   5. Transparencia de las finanzas públicas: Se refiere a la rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos. En mi opinión, este es otro de los elementos vitales de las condiciones impuestas por el BID. Esta condición incluía los ya formados Observatorio Ciudadano de la Obra Pública en la Gestión Gubernamental y portal de transparencia en el sitio Web del Ministerio de Hacienda.
La gran ausente dentro de este elemento es la Ley de transparencia cuya presentación ante la Asamblea Legislativa ha sido retrasada por el Ejecutivo con el pretexto de realizar una consulta con la sociedad civil, aún y cuando uno de los dos anteproyectos de ley fue formulado por representantes de la misma.
Al observar las cinco condiciones que el BID propuso en el documento mencionado al principio de este artículo, se puede comprobar el poder que las instituciones financieras internacionales poseen sobre los países deudores, como El Salvador, los cuales en tiempos de crisis necesitan flujos económicos positivos para subsistir.
Lo anterior no quiere decir que las condiciones del BID no sean provechosas para el país, de hecho estoy de acuerdo con absolutamente todas, pero aún así el Gobierno actual no realiza acciones y solo ha quedado a medias con todo lo que se debe realizar en materia de política fiscal. Por ejemplo, en cuanto a ingresos el proceso de negociación del pacto fiscal aún no inicia y el Vice Ministerio de Ingresos jamás ha sido mencionado oficialmente por el Gobierno;  por el lado del gasto, la mayoría de los subsidios aún no han sido focalizados luego de casi un año de gestión y siguen dañando las finanzas públicas sin beneficiar a los más vulnerables.
El beneficio de la duda y la paciencia no son eternos; las constantes declaraciones “pronto viene el pacto fiscal”, “pronto se focalizarán los subsidios”,  “pronto se presentará la ley de transparencia”; pueden deteriorar la credibilidad del actual Gobierno y en momentos de crisis económica eso sería políticamente incorrecto.

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