Contra Punto-Exigencias de un Estado de derecho

 Escrito por Luis Armando González. 06 de Mayo. Tomado de Contra Punto.

Son las mínimas cosas que pueden esperarse de personas que se dicen comprometidas con la democracia

SAN SALVADOR-Tiene razón el editorialista de La Prensa Gráfica cuando dice que “uno de los grandes peligros de nuestro país en este momento se centra en el conjunto de amenazas y acciones que atentan a diario contra el Estado de derecho” (“Todos tenemos que luchar por el Estado de derecho”, La Prensa Gráfica, 3 de mayo de 2010).
Y es que, en efecto, el Estado de derecho que se quiere implantar en el país encuentra múltiples resistencias en los grupos de poder económico, político y cultural-mediático que tradicionalmente han actuado al margen y por encima de la ley. Desde el editorial de La Prensa Gráfica, la ley debe dar seguridad; pero desde las concepciones modernas del Estado de derecho la ley debe ser de aplicación universal. Para entenderlo, prestemos a las nociones actuales sobre el tema que nos ocupa.
En las modernas concepciones del Estado de derecho —a la manera de los planteamientos de autores como Noberto Bobbio,  Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino— se considera que el Estado sólo puede ser de derecho cuando está fundado en un ordenamiento jurídico que garantiza un ejercicio del poder estatal que atiende a principios de carácter universal, sin consideraciones ni concesiones particulares de ninguna naturaleza.
Asimismo, en un Estado de derecho, la universalidad de las leyes —en su concepción y aplicación— corre pareja con una separación  de poderes garantizada por la ley y concretada en una institucionalidad determinada en la que aquélla toma cuerpo.  
Los autores citados antes, en su Diccionario de política (México, Siglo XXI, 1998) sistematizan de este modo la estructura del Estado de derecho: "1) Estructura formal del sistema jurídico, o sea garantía de las libertades fundamentales a través de la ley general abstracta aplicada por jueces independientes; 2) estructura material del sistema jurídico: libertad de competencia en el mercado, reconocida en el intercambio entre sujetos propietarios; 3) estructura social del sistema jurídico: la cuestión social y las políticas reformistas de integración de la clase trabajador; y 4) estructura política del sistema jurídico: separación y distribución del poder"(Ibíd., p. 541-542).
Un Estado de derecho —articulado a partir de un sistema de normas jurídicas en las que establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y donde se sanciona la separación de poderes— está concebido para evitar la arbitrariedad, la discrecionalidad y el abuso del poder, antes que nadie por el mismo Estado, pero también –y en segundo lugar— por grupos o sectores sociales con el poder suficiente para pretender ponerse por encima de la ley. 
Como dice Norberto Bobbio, "en cuanto los gobernadores abusan menos de su poder gobiernan dentro de los límites de la razón y así pueden contar con el consenso de sus súbditos". (N. Bobbio, M. Bovero, Sociedad y Estado en la filosofía moderna. México, FCE, 1986, p. 98). Mientras que a los particulares con poder lo que menos les interesa es generar consenso, sino salirse con la suya, es decir, hacer prevalecer sus intereses sobre los intereses del conjunto de la sociedad.
De modo tal que, en un Estado de derecho ni los gobernantes ni los particulares con poder pueden estar por encima de ley, pues su imperio es su sostén fundamental. La exigencia fundamental del Estado de derecho a los ciudadanos y ciudadanas que viven a su amparo es la sujeción a la ley. La obligación ineludible de los jueces y las juezas independientes es su aplicación universal.
Esta –y no otra—es la única fuente de confianza ciudadana en quienes administran justicia. Esa confianza, obviamente, se puede erosionar o incluso perder. Pero en un Estado de derecho sólo cuenta cuando la confianza en los jueces y las juezas se pierde porque le fallaron a la aplicación  universal de la ley. Y lo contrario también es cierto: la única confianza que cuenta es la que se funda en su compromiso con esa universalidad.
Lo anterior debe señalarse con fuerza, porque un sector determinado de la sociedad puede alegar desconfianza hacia el sistema de justicia del país por razones de insatisfacción particular, es decir, porque se vio afectado en sus intereses particulares por una decisión judicial. Y, en sentido opuesto, un sector determinado puede manifestar una enorme confianza en el sistema de justicias porque éste suele estar en sintonía con sus intereses particulares. 
Nada de esto es desconocido en el país. Más aún en tiempos no tan lejanos –y que muchos y muchas se empeñan en querer dejar en el olvido— lo normal era que la ley se aplicara según la condición y el poder de cada cual, siendo los grandes beneficiados quienes concentraban poder económico, político o cultural (mediático). Claro está que entre estos últimos predominaba un sentimiento de confianza en el sistema de justicia.
Cuando en el editorial de La Prensa Gráfica se dice que “cuando la confianza en el imperio de la ley se pierde, nadie puede sentirse seguro ante nada” hay que reflexionar sobre algo previo: las razones por las que alguien (un grupo o un individuo) puede perder la confianza en el imperio de la ley y puede, en ese sentido, no sentirse seguro ante nada. Y es que –como ya se dijo— la confianza en el imperio de la ley se puede perder por muchas razones, entre ellas porque su aplicación puede afectar intereses particulares. 
Si este fuera el caso, se trataría de una pérdida de confianza absolutamente ilegítima, como ilegítima sería la inseguridad existencial derivada de ello. Un criminal seguramente sentirá –una vez que la ley lo ha castigado— desconfianza ante el imperio de la ley y jurará no sentirse seguro ante nada, pero una y otra cosa son pretensiones ilegítimas en un Estado de derecho. 
Insistimos: en este último, la fuente de confianza absolutamente indispensable estriba en unos jueces y juezas independientes que sean garantes de la universalidad de la aplicación de ley. Y ello sin importar las presiones de sectores sociales particulares –empresariales, culturales, mediáticos o políticos—, por mucho que sea su poder y por muchas que sean las presiones que estos sectores ejerzan.  
En definitiva, la batalla por el Estado de derecho hay que darla. Esto es lo menos que puede esperarse de instancias y personas que se dicen comprometidas con la democracia. Ahora bien, esa batalla comienza con el reconocimiento de la universalidad de la ley. Y si un sector o persona individual –por el poder que tienen— reclaman un trato legal especial o peor aun ser eximidos de cumplir con la ley, de ninguna manera pueden presentarse como defensores del Estado de derecho.  

Exigencias de un Estado de derecho