Escrito por Beatrice de Carrillo.03 de Mayo. Tomado de La Página.
Los Romanos decían: “dura lex, sed lex”, es decir, “la ley es dura, pero es la ley”; y para que este concepto fuese más claro, grababan la “dura lex” en el muro del Foro.
En efecto, la ley, mando político del Estado, constituye una obligación general e insoslayable para todos, aun cuando, la ley misma no parece adecuada o, peor aún, no “agrada”.
La democracia, que tanto sufrimiento y luchas ha costado a través de los tiempos, impone el respeto universal de la ley, con la salvedad, también profundamente democrática, de poderla cambiar.
Una muestra de esta posibilidad de cambiar la ley, se dio hace pocas semanas cuando, después de un gran debate sobre la conveniencia o no de aumentar las penas para los menores infractores, éstas fueron incrementadas.
Aunque quedan muchas dudas al respecto, sea en cuanto a la utilidad práctica de dicho recrudecimiento del castigo para erradicar la delincuencia juvenil, sea en cuanto a su legitimidad y conveniencia social y ética, la ley que establece dicho aumento ha sido aprobada y será, cuanto antes, plenamente vigente y, por tanto, aplicada.
Es curioso observar que, como paradoja, mientras por un lado se invoca el uso de la ley para un fin, como lo es, presumiblemente, “combatir la delincuencia juvenil”, por el otro, cuando se trata de respetar una ley vigente, en cuanto obligación impostergable para todos los ciudadanos, sin distinción, dicho acatamiento no viene aceptado, sino más bien, se ataca duramente sea la ley misma, sea quien se esfuerza por aplicarla.
Lo que extraña y preocupa, entonces, es que una norma, conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales, que, por “desgracia”, molesta a la susceptibilidad de algunos medios de difusión, haya provocado reacciones desmedidas, poco lógicas y, sin duda, sobre todo, poco jurídicas, cuando una jueza, haciendo lo que le prescribe la ley, se “atreve” a aplicarla, sencillamente.
Me permito recordar, que se está hablando de la norma que prescribe un trato especial de privacidad para las imágenes de los menores, entre otros.
Ante el acatamiento de dicha norma, de parte de la Jueza competente, se denunció tal actitud, como un “ataque” a la libre información, que le corresponde a los medios de comunicación.
Cabe decir, que en pocos países del mundo, los medios de comunicación son más libres y poderosos que en El Salvador.
Por larga tradición y por el prestigio, que han adquirido desde largos años, en nuestro País, seguramente, los Medios constituyen, realmente, “el CUARTO PODER”.
La influencia absolutamente determinante, que los medios ejercen en la gran mayoría de la población, produce efectos concretos sobre los acontecimientos socio políticos nacionales y determina, en buena parte, el que hacer nacional en diferentes y variados aspectos.
No se está diciendo, que este poder sea de por sí negativo. Si es bien orientado y mejor desarrollado, para el fin ético de informar y crear conciencia cívica, lo cual constituye, en efecto, la razón de ser de la información misma, puede ser, sin dudas, provechoso.
Aquí, no se discute el derecho de informar, lo que se niega, es que, la actuación de la Jueza haya sido indebida.
En un estado democrático, cuando una ley de la república prescribe algo, hay que cumplirlo, aunque no nos guste y, cabe decir, que, quienes más tienen esta obligación, son los ciudadanos honrados, cabalmente, en nombre de esta su honradez, por tanto, la Jueza debía aplicar la ley y el diario debe aceptarlo.
Cabe decir, además, que, de ninguna manera, el cumplimiento de una ley, conforme con la Constitución y los Tratados Internacionales, puede constituir un “ataque” a la libertad de prensa en un país democrático como el nuestro.
Es, por tanto, inadecuado, el despliegue masivo, reiterado y constante, que, en las últimas semanas ha habido en la “defensa” a ultranza del “derecho de informar”, y el contemporáneo ataque a la Jueza que se ha “atrevido” a cumplir con su tarea.
Posiblemente, a los responsables de la publicación de las noticias del ilustre diario matutino en cuestión, debe de habérsele escapado el riesgo a nivel legal, que el medio estaba corriendo, exponiéndose a infringir la Ley del Menor Infractor.
Posiblemente, nadie pensó, en el calor de la noticia y de las fotos trágicas a publicar, que hubiese sido prudente consultar, primero y de urgencia, con un asesor jurídico, para verificar, si pudiesen darse eventuales problemas legales al publicar fotos de un homicidio in fraganti, perpetrado por un menor en contra de otro menor. Amén de preguntarse también si, a nivel ético, se estaba haciendo un servicio a la sociedad, con estas terribles fotografías, que mostraban la realización de un delito, cometido en medio de muchas personas, que podían o hubieran tenido moralmente, que impedirlo.
Seguramente, como dije en otras breves líneas, hace unos días, tal vez nuestra sociedad ha olvidado la escala de valores, que debería anteponer siempre la vida humana a todos los demás derechos, inclusive también, sin dudas, al “derecho” de publicar fotos, relacionadas a un homicidio en plena “realización”.
Pero, desafortunadamente, el tema no es éste. Es, en efecto, mucho más liviano, en cuanto se limita a la problemática del cumplimiento de parte de una Jueza, de una norma, que puede ser ingrata e incómoda para los medios de comunicación, pero que no es de fondo y que no merecería, por tanto, mayor realce ni interés.
Por otro lado, cabe decir que, de haber consultado previamente el tema legal del asunto , el diario en cuestión podía haber escogido entre dos caminos distintos, es decir, o abstenerse de publicar, sustrayéndose a problemas legales inevitables, o publicar, con la conciencia del riesgo a correr y con la serena aceptación del pago, muy leve, de la multa correspondiente a la sanción, lo cual hubiese también podido ser utilizado por el diario mismo, para promover una campaña a favor de la modificación del “ingrato” artículo de la ley susodicha, tomando en cuenta, que, en estos días, está “muy de moda” recrudecer el trato hacia los menores y disminuir sus garantías y, por tanto, también este proceder hubiera podido producir un impacto mediático nacional, importante.
Sin embargo, lo que no se puede admitir es que se rechace el cumplimiento de la ley de parte de los ciudadanos honrados, sean quienes sean, cabalmente, porque vivimos en una época trágica para nuestro país, cundida de impunidad, irrespeto al estado de derecho y a la mera ley, en un país, en que la corrupción, el crimen organizado, la violencia incontenible revelan una pérdida preocupante de valores y principios. Por tanto, con más razón, los buenos ciudadanos deben dar el ejemplo.
Por otro lado, es preocupante observar la indiferencia, cuando no las críticas a la Jueza, de quienes son profesionales del derecho, ante esta “extraña” y desalentadora situación.
Los que cultivan el derecho deberían ser valientes y leales a su compromiso hacia la Justicia. Nada es más peligroso y nefasto para una sociedad democrática, que ser “tímidos” y prudentes.
Con la salvedad de algunos intelectuales, que, por dicha, todavía existen y que se han pronunciado claramente, no sólo, sobre la necesidad de aplicar la ley, sino también, sobre la “barbarie” de no intervenir a impedir un asesinato, asistiendo al mismo, se tiene la impresión, que la gran mayoría de los abogados prefieren mantenerse lejos y en silencio, ante lo que está ocurriendo.
Ojalá, que no haya sido el temor de “criticar” a los medios tan poderosos, lo que está provocando el silencio en cuanto a la interpretación jurídica de lo sucedido, en función de la Ciencia del Derecho y, sobre todo, del “bien común” y de la Justicia.
En una mañana soleada fue asesinado brutalmente un joven inocente que podía, tal vez, ser salvado.
Ojalá, que no se esté atentando, en estos días, al cumplimiento de la ley de parte de todos.
Sería muy grave, porque así, se empezaría también, a “matar”, poco a poco, el Estado de Derecho.
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