Escrito por Julia Evelyn Martínez.05 de Mayo. Tomado de Diario Co Latino.
En el contexto de los numerosos saludos, discursos, marchas y demás actividades conmemorativas del Día Internacional del Trabajo, es de justicia hacer un llamado de atención sobre las condiciones de trabajo en las que se desempeñan ciertos sectores de ocupación de nuestro país, y cuyas demandas pocas veces son retomadas por las organizaciones sindicales o partidos políticos. Me refiero en concreto a las condiciones laborales de las mujeres empleadas en la maquila, que desarrollan su trabajo en condiciones de extrema precariedad tanto al interior de las zonas francas como en sus hogares bajo la modalidad de subcontratación.
La maquila es considerada uno de los sectores claves del crecimiento del PIB industrial y de las exportaciones en su conjunto. Baste señalar que durante el año 2009 las exportaciones de la maquila representaron una tercera parte de las exportaciones totales y el 75% de las exportaciones no tradicionales y que el empleo generado en la maquila representa aproximadamente un 12% del empleo a nivel nacional.
Sin embargo, pese a la gran importancia macroeconómica que reviste la maquila, poco o nada se comenta sobre lo que ocurre en el nivel microeconómico de esta actividad económica, menos aun se pone el interés en señalar o cuestionar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos de las mujeres trabajadoras de la maquila, que constituyen casi el 90% del total de la PEA ocupada en esta rama.
Testimonios de mujeres recabados por el ISDEMU dan cuenta de atroces y vergonzosas violaciones a los derechos humanos que ocurren a la sombra del desconocimiento, complicidad o impotencia de los empresas nacionales o extranjeras propietarias de las marcas para quienes se elaboran los productos, o peor aún, a la sombra de la negligencia o incapacidad de quienes en el Estado somos responsables de tutelar estos derechos. Se trata de casos que oscilan entre faltas y flagrantes delitos, que deberían ser motivo para condenar a sus responsables a penas ejemplarizantes que contribuyan a la prevención y erradicación de los mismos.
Me refiero al caso de María S. , trabajadora de una maquila que por su jornada diaria percibe $6.4 diarios, y que se ve obligada a dejar a sus hijos de 2 y 5 años al cuidado de la hermana “mayor” de apenas 7 años porque su salario no le permite pagar una guardería o a una persona que le apoye en el cuidado de su familia. Me refiero al caso de Gloria H., que después de múltiples presiones y amenazas se vio obligada a mantener relaciones sexuales con su supervisor para evitar el despido , y que ahora carga con el estigma social de ser la “amante del jefe”.
Me refiero a Nohemy L. que recientemente ha recibido la noticia de que un bulto en su seno izquierdo es un tumor canceroso que pudo haberse curado a tiempo si hubiera obtenido el permiso patronal para acudir al ISSS cuando comenzaron a manifestarse los síntomas. Me refiero al caso de Miriam D. que trabaja en su casa para una maquila , sin contrato, sin prestaciones y sin horario y que para cumplir con la meta de producción debe trabajar hasta entrada la madrugada a la luz de la única bombilla con la que cuenta su vivienda.
Lamentablemente no son historias de ficción, son historias reales de mujeres salvadoreñas, la mayoría jefas de hogar, que necesitan que el Estado tutele con más fuerza sus derechos humanos y laborales, y que urgen que sus demandas, sus sueños y aspiraciones sean también parte de las prioridades de las políticas públicas.
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