Un enfoque militarista no resuelve el problema

Escrito por Roberto Lorenzana.  Viernes 06 de Noviembre. Tomado de Diario Co Latino.

Hemos estado presenciando diferentes opiniones con respecto al tema del uso de ejército en materia de seguridad. El FMLN sin duda está obligado a tomar posición sobre esto, porque es medular para el funcionamiento del Estado y para que se consolide o se resquebraje la estabilidad democrática del país.

El actual Ministro de Defensa, General David Munguía Payés, desde antes de su nombramiento, propuso públicamente que la Fuerza Armada participara de manera proactiva en labores de la seguridad pública; esa propuesta motivó a que el Presidente Mauricio Funes (en ese momento Presidente electo) lo desmintiera públicamente. Sin embargo, el Ministro de Defensa, ya en sus funciones, ha continuado impulsando su propuesta del uso del ejército en labores de seguridad, lo que ha desembocado en la decisión del Presidente de reforzar el apoyo de la Fuerza Armada a la Policía Nacional Civil, PNC.

El Presidente dejó de lado la propuesta original, que las Fuerzas Armadas pasen a tener el control de la seguridad pública desplazando al Ministerio de Seguridad, lo que sería indiscutiblemente inconstitucional. El anuncio del Presidente es una decisión sensata, prudente y va en correspondencia con la demanda y exigencias de respuestas rápidas que la población exige.

La propuesta original era la utilización de al menos 8 mil efectivos del ejército para ocupar zonas determinadas, según esa idea habría una división territorial del trabajo en las que se les encomendaría a determinadas unidades, zonas específicas del territorio y que luego de cumplir la misión de “limpiar las zonas”, vendrían las acciones sociales que están planteadas en las políticas establecidas por el Gobierno.

No queda ninguna duda, que de lo que se trataba era de una réplica de la modalidad  que utilizó el ejército en los años del conflicto armado, una política de tierra arrasada (en aquellos tiempos) y después venían las acciones de la Comisión Nacional de Restauración de Áreas (CONARA), aquel viejo instrumento de contrainsurgencia.

De tal manera que, lo que se estaba impulsando era una iniciativa de combate a la delincuencia con una visión estrictamente militarista y con un esquema similar a los planes que el ejército utilizó en los años del conflicto, desconociendo la naturaleza irregular de la delincuencia y de las pandillas en nuestro país.

Este enfoque estrictamente militarista no resolvería el problema, más bien vendría a agravarlo y traería como consecuencia la “mexicanización” de la seguridad pública en nuestro país y de sobra sabemos que en México con la utilización del ejército en el combate a la delincuencia, supuestamente en el combate al crimen organizado, lo que se ha generado son grandes batallas campales en zonas determinadas en el territorio mexicano, haciendo mucho más compleja y grave la situación de la seguridad en México.

Conocidos y respetados analistas y actores políticos de México, aseguran que esta estrategia impulsada por el Presidente Felipe Calderón, quien la calificó en su momento como “fácil”, “rápida” y de “bajo costo”, ha sido un rotundo fracaso: ha costado miles de muertos y no se ha traducido en una disminución de la delincuencia; incluso están pidiendo públicamente ponerle un alto a ese plan fracasado y que regresen los soldados a sus cuarteles ya que el ejército solo ha multiplicado el problema.

Creo que nosotros debemos vernos en el espejo de México, el uso del  ejército en el combate a la delincuencia en ese país, ha sido un soberano fracaso y yo espero que en el caso de El Salvador, el Gobierno de los Estados Unidos a través del Plan Mérida, no esté dándole oxígeno a esta iniciativa de que el ejército asuma el control de la seguridad pública.

Quienes han promovido la hegemonía de la Fuerza Armada en la seguridad pública, han argumentado que no puede poner en juego su prestigio e imagen y por esa razón no puede compartir con la PNC la conducción del combate a la delincuencia y reclama conducir directamente la seguridad pública desplazando al Ministerio de Seguridad; de ser así y si esto se consuma en el futuro, sería gravísimo y generaría una situación de inestabilidad institucional en el país totalmente inaceptable.

El FMLN no puede estar de acuerdo con esa propuesta, nosotros estamos porque se respete la Constitución. Creemos que se puede elevar la participación del Ejército en el combate de la delincuencia, ya hay patrullas conjuntas, pero dirigidas por la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Seguridad.

Creo que el Presidente de la República ha actuado correctamente al aumentar el número de miembros en cada una de las patrullas a quienes debe capacitárseles en materia de Derechos Humanos. Esta decisión presidencial está en correspondencia con el enfoque planteado por el Padre Tojeira, Rector de la Universidad Centro Americana (UCA), quien dice que los efectivos del ejército que sean dados de baja en el proceso de reducción del ejército o que tengan que retirarse por A o B razones, pueden ser capacitados y absorbidos por la PNC, siempre y cuando estén bajo la conducción de esta, como lo establece nuestra constitución.

Finalmente, tenemos la expectativa en el FMLN que la principal vitrina, el principal logro que este Gobierno va a comunicar al pueblo salvadoreño al final de su mandado, será la reducción significativa de la violencia y la delincuencia en el país. Pero es lógico que un problema que tiene un carácter estructural complicado y que exige medidas integrales de corto, mediano y largo plazo, no pueda verse reflejado en índices concretos y en cifras estadísticas en el cortísimo plazo como todos quisiéramos.