Reforma tributaria va cuesta arriba

El Gobierno pretende socar un poco más las tuercas de la tributación fiscal, el país necesita urgentemente elevar sus ingresos fiscales para hacerle frente a los enormes retos que se le vienen encima, entre ellos, la reconstrucción de la infraestructura destruida por las lluvias. Pero, como era de esperar, el plan ha sido criticado por los empresarios y Fusades.

Escrito por Gregorio Morán. Noviembre de 2009. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR - De momento, todo parece irle bien al gobierno de Mauricio Funes en su relación con el Congreso: ya consiguió que los diputados le aprobaran el presupuesto ordinario para el 2010. Lo logró con los votos de todas las fracciones excepto los de ARENA.

Y la semana pasada, en el marco de la emergencia causada por los estragos dejados por las lluvias del 8 y 9 de noviembre, logró la aprobación de varios decretos que le dan mayor capacidad de maniobra a las instancias que tienen que lidiar con la emergencia.

En ese mismo marco, los diputados también le echaron la mano para reorientar el destino de unos créditos internacionales, de $300 millones, para de eso sacar $150 millones y hacer frente a la emergencia.

Hasta allí, todo bien

Los votos del Congreso
Pero hay un tema en el que los diputados no parecen tan convencidos de levantar su mano para aprobarla: la reforma tributaria.

Los 12 ex diputados de Arena que ahora constituyen el grupo Gana, y que han sido claves en el apoyo que Funes ha recibido del Congreso, dijeron a ContraPunto que no tienen ningún compromiso con las referidas reformas.

“No hay claridad sobre algunas expectativas que tienen Gana”, dijo Miguel Ahues, sin ahondar en cuáles son esas expectativas.

El diputado dijo que no tienen una copia por escrito de las reformas y no conocen ni el espíritu, ni la doctrina, ni la filosofía de la Ley.

“Solo tenemos adelantos” dijo Ahues en relación con la las reformas y lo que a este grupo parlamentario le interesa es ver las mismas relacionadas con el Producto Interno Bruto, con el endeudamiento del país y con el tema presupuestario.

“Por el momento no tenemos compromisos con las reformas”, reiteró el diputado.

A la posición de Gana se suma la de ARENA, muy similar. Mariela Peña Pinto, dice que este partido de oposición no está en la línea de apoyar “en estos momentos” una nueva carga tributaria a los salvadoreños sobre todo por la crisis económica que enfrenta el país y por los daños causados por Ida.

De aprobarse ahora, se afectaría sobre todo a las madres solas que también son jefes de hogar, sector poblacional que Peña Pinto calcula en un 40 por ciento, a padres que pagarían mucho más por refrescos en polvo que dan a sus hijos, solo para poner dos ejemplos, aunque el gobierno considere que se afectará tributariamente a capas sociales y sectores empresariales que pueden y deben pagar más impuestos.

No obstante no dijo si apoyaría reforma alguna cuando se considere superada la crisis aludida.

Igual que los 12 disidentes de ARENA, los diputados de éste último partido argumentan no conocer a fondo las reformas fiscales que promueve el ejecutivo, porque no ha sido presentado oficialmente a la Asamblea Legislativa. Se esperaba que el 15 de noviembre fuera enviado el documento íntegro de las propuestas de reforma, pero no fue así, lamenta la funcionaria.

Ella dice que lo único con lo que ARENA está de acuerdo es con la persecución y sanción de la evasión, la elusión y el contrabando.

Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), por su parte deja ver claramente su apoyo a la reforma fiscal: Es viable que el Estado incremente sus recursos y por ello estamos en la dirección de apoyarlas, dice.

“No vamos a detener los ingresos que se necesitan como país”, sentenció Parker, quien dijo estar consciente de la profundidad de la crisis económica y de la emergencia causada por Ida.

El gobierno ha hecho una propuesta para ser debatida “y así la hemos tomado”, señaló el dirigente del PDC, y por ello se han dado aportes para modificarla, “por eso estamos en la dirección de apoyarlas porque en un marco de crisis y de emergencia, sin afectar el dinamismo de la economía, se necesita recaudar”.

De momento, las cuentas no le terminan de cuadrar al gobierno. Con los 35 votos del FMLN y los cinco del PDC suma 40, y suponiendo que Orlando Arévalo levante su mano y también el diputado del CD, Douglas Avilés, la suma total hace 42, haciendo falta uno para la mayoría simple de 43 votos.

Algunos reportes de prensa señalan que el PCN está en contra de la reforma, pero no hay una posición oficial.

La petición de Funes
El mandatario ha visto en la tragedia una razón más para tratar de convencer a los diputados de la Asamblea Legislativa de que apoyen la reforma y así le permitan que en el futuro esta política le produzca una recaudación superior a los 240 millones de dólares.

“Yo esperaría que la Asamblea discuta a la brevedad posible la reforma tributaria que nos estaría dejando a lo largo del año un poco más de 240 millones de dólares, un punto porcentual del PIB de nuestra carga tributaria,” dijo el Presidente durante su recorrido por las zonas de desastre en San Vicente y otros lugares, dejadas por la tormenta tropical.

Las reformas incluyen gravar los intereses de los depósitos bancarios cuando los ahorros sean iguales o superiores a $5,000, la importación de maquinaria, la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco, entre otras.

No obstante, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sostiene que antes de crear nuevos impuestos, el gobierno deberá combatir la evasión y la elusión, algo que el Ejecutivo afirma está dispuesto a hacer para asegurar más ingresos al fisco. De hecho esto fue parte de su promesa de campaña que habría seducido a algunos votantes en marzo pasado.

La referida fundación tiene estudios que justifican su posición: la pérdida de empleos (unos 40 mil entre septiembre de 2008 y agosto de 2009) y la reducción de la producción no puede generar más tributos, dicen sus representantes.

Además Fusades apela a la experiencia y destaca que con la última administración gubernamental se tuvo una reforma tributaria en 2004-2005 y que ésta no garantizó mayor recaudación, pues el mayor porcentaje de ingresos en esos años provino del crecimiento de la economía (con un 1 por ciento) y no de la reforma que solo generó ingresos equivalentes al 0.8 por ciento, dice un comunicado oficial de ese centro de análisis.

ContraPunto solicitó, sin éxito, una entrevista con economistas de Fusades.

Fusades tiene la cola pateada
En una entrevista con el diario digital El Faro, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, fustigó a Fusades por oponerse con  un “argumento especialmente tonto” a la reforma, y dijo que tal oposición tiene como raíz el perfil ideológico de las personas que están detrás del Departamento de Estudios Económicos y Sociales (Dees), de Fusades.

Ese argumento tonto es que por años Fusades ha realizado estudios que indican que el país debe aumentar su carga tributaria a niveles de entre el 15% y 17%, y ahora sale con que no es el momento para subir los impuestos porque la caída de los ingresos fiscales es temporal, y ya vendrán mejores tiempos para elevarlos. Pero ya se sabe que, si bien la crisis ha puesto más presión a la baja de la recaudación, el país desde hace ratos grita por subir esa recaudación.

“Es difícil que Fusades pueda hacer un estudio objetivo -en este caso en materia fiscal-, cuando en la Comisión de Estudios Económicos y Sociales por la que pasa cualquier estudio hay gente que tiene claros intereses para estar en contra de la reforma”, dijo Cáceres.

Entre esas personas mencionó a ex funcionarios de gobiernos anteriores de ARENA: Rafael Barraza (ex presidente del BCR), María Eugenia Brizuela (ex Canciller), Miguel Lacayo (ex ministro de Economía), así como al empresario Ricardo Hill y al economista y analista de derechas, Luis Membreño.

La cifra que de acuerdo con las reformas se proyecta recaudar es un poco menor a los 300 millones de dólares que el gobierno estima que debe utilizar para enfrenar la crisis económica y los efectos de Ida.

El rechazo de los otros sectores tiene sentido, si se toma en cuenta que habrá efectos sobre sus intereses económicos. La banca, por ejemplo, alega fuga de capitales porque se busca un impuesto sobre los intereses de los depósitos que sean iguales o mayores a $5,000 dólares.

Pero el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho que todos los países de la región tienen este tipo de gravamen, y solo El Salvador es la excepción. En aquellas naciones, no ha habido tal fuga de dinero.

Otro sector privado opuesto es el de los licoreros porque considera que serían onerosos los impuestos para éstos, poniéndolos así en desventaja con respecto a la industria de la cerveza, ya que los primeros aportarían 21 millones de dólares más y, los segundos 12 millones, según las estimaciones dadas en su momento por la Asociación Salvadoreña de Destiladores y Licoreros (Asdyl), Eduardo Murillo.

Funes dijo estar dispuesto a ceder en la reconsideración de los porcentajes de interés si los diversos sectores demuestran técnicamente el perjuicio desmedido contra sus intereses.

El Consejo Económico del gobierno se encuentra recibiendo las contrapropuestas para definir una posición concensuada, pero el Ejecutivo insiste en que las reformas son necesarias incluso en el momento de crisis para enfrentar la misma.

Por su parte, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) señaló en un comunicado que las reformas planteadas por el Ejecutivo son necesaria, por varias razones: pésimas finanzas públicas heredadas del gobierno anterior, el país posee una de las cargas tributarias más bajas del continente (13%) y altos niveles de elusión y evasión fiscal, entre otras.

“Por lo tanto, el análisis y debate sobre las reformas tributarias no deberían girar en torno a si son o no necesarias, si es o no el momento de implementarlas, sino en torno a cuáles son las más técnicamente viables, eficientes, justas, y las que menos afectan el crecimiento de la economía”, dijo Funde.

Funde sugirió aprobar antes de fin de año las reformas que buscan bajar los niveles de evasión y elusión y contrabando, y dejar para un segundo momento aquellas que necesiten modificación o más análisis, como los impuestos a las bebidas carbonatadas, a los depósitos y a la primera matrícula de los carros introducidos al país, entre otras.