Escrito por Atilio Ramírez Amaya. Jueves 19 de Noviembre. Tomado de Diario Co Latino.
Los programas políticos electorales, próximos o distantes, dedican sus mensajes tranquilizadores o acusatorios, según el caso, ofreciendo medidas represivas fuertes, nunca preventivas, para contener al monstruo creciente de la criminalidad. No sabemos, ni queremos, ni estamos acostumbrados a programas preventivos. Lo que se pide a gritos es represión y más represión.
Así, comercio e industria, tenderos grandes y chiquitos, empleados y público de toda índole, pueden estar tranquilos. Si el gobierno no reprime, la oposición exige dureza, incluso con los ya detenidos y presos en centros de máxima seguridad. Diputados y políticos (que son los que hablan en televisión) ignoran, entre otras cosas, que a cada preso condenado la sentencia indica la cantidad (y a veces) la calidad de pena. Todo lo que se recargue al detenido condenado que pasa los límites de la sentencia, o agregue otras penas, es contrario a la Constitución.
Hemos llegado al ridículo legislativo de reformar el Código penal y procesal penal para prohibir conductas de llamadas de teléfonos celulares para ejecutar extorsiones o secuestros, que ya están prohibidas dentro de la figura penal básica, y no necesita de reformas.
Basta leer el tipo de la Extorsión, art. 214 Pn., para saber que todo “aquel que obligare o indujere contra su voluntad a otro a realizar, tolerar…”, comete extorsión. Esa es la conducta de la extorsión, sin importar si la hace por teléfono, televisión, de viva voz o por muecas, por interpósita persona o carta. Por esto último en USA la extorsión, en inglés, es “Black Mail”.
Y anteriormente el delito se llamaba, en español, “Chantaje”. Cuando los legisladores hacen esas reformas nos asustamos al pensar que el homicidio podría reformarse diciendo “si el homicidio se ejecutare con navaja, corta, larga o chiquita, con machete con filo o romo,”… etc. ¿Y si trataran de reformar para agregar conductas a la estafa? Basta decir que hay un libro de un criminólogo español que se llama “Mil Formas de Estafar”. No les alcanzarían las páginas del Código penal.
El sabio pensamiento de los diputados es demostrarle a todo el mundo que algo serio se está haciendo contra la delincuencia que más duele: la del bolsillo de las personas, sobre todo de los comerciantes e industriales grandotes.
La criminóloga Lolita Aniyar de Castro relata en 1976, que el autor Yale Kamisar en 1969 en un trabajo denominado “¿Cuándo no ha habido una crisis de la criminalidad?”, hace una relación de idénticas situaciones de pánico social desde 1910, en las cuales se proclamaron también grandes emergencias y cruzadas contra la criminalidad.
Decía, el referido autor, que las modificaciones en la manera de sentenciar y del procedimiento penal tendrían el mismo efecto sobre la incidencia masiva del crimen que una aspirina sobre un tumor cerebral. Para Kamisar, en 1969 las crisis de la criminalidad eran aparentes y se debían fundamentalmente a una conducta manipuladora de los medios de comuni-cación. Vivimos los mismos tiempos.
Sociológicamente la llamada “regla de oro” del periodismo comercial es “crimen, sexo y deporte”. Algunas empresas de comunicación intencionalmente tratan de distraer y orientar la atención del público hacia situaciones de menos conflicto en el país. No obstante, no podemos negar el surgimiento de nuevas formas delictivas y de la entronización de la violencia en todos los niveles de la vida social; y que la extorsión, el secuestro y el hurto callejero son delitos que deben castigarse.
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