El diluvio del domingo pasado nos tomó por sorpresa. Que la tragedia haya golpeado a los más pobres y desnudado todas nuestras fragilidades no es, tristemente, una sorpresa. De hecho, es una dolorosa constante. Es un reflejo de que no hay un verdadero esfuerzo para construir la institucionalidad en El Salvador.
Escrito por Luis Laínez.Domingo 15 de Noviembre. Tomado de La Prensa Grafica.
Si las instituciones realmente funcionaran, las voces de alerta que emitió el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) habrían desencadenado una serie de acciones para tratar de minimizar la pérdida de vidas.
No se trata de que el SNET sea un ente de corta vida institucional, creada apenas después de los terremotos de 2001. Si realmente hubiera una fuerte institucionalidad, un nuevo gobierno no habría significado mayor cambio, puesto que se trata de una entidad cuyo fin último es prevenir los desastres. Los ciudadanos realmente nos sentimos defraudados cuando las respuestas de las autoridades ante la desgracia es que no se pudo hacer nada porque esta sucedió muy rápido y de una manera muy violenta.
Realmente necesitamos que las instituciones funcionen para que podamos despegar como nación. Es decir, no deberíamos lamentar que la falta de reacción se deba a que el gobierno tenga apenas cinco meses. Esas instituciones no son recién creadas. Que lleguen nuevos funcionarios no quiere decir que van a comenzar desde cero. Parten de un cúmulo de experiencias y, supuestamente, de procesos y flujos ya institucionalizados.
Como periodistas nos confundió profundamente que en el lapso de unas horas del martes escuchamos tres cifras diferentes de fallecidos. ¿A quién creerle? ¿Al ministro de Gobernación, quien dijo a los diputados que los muertos eran 165? ¿O al director de Protección Civil, que afirmaba eran 152? ¿O a Medicina Legal, que decía eran 138 decesos?
Un día después de la confusión de cifras, el presidente Mauricio Funes anunció que el único vocero sería Jorge Meléndez, el director de Protección Civil. Y fue hasta el viernes que se anunció la creación de un centro de prensa, donde se unificará la información que se divulga.
Es quizás esa falta de comunicación interinstitucional la que explique por qué la empresa privada ha decidido recolectar y distribuir ayuda de una manera independiente al gobierno. La Fundación Salvadoreña para la Salud (FUSAL) se ha convertido en el centro de acopio de esfuerzos ciudadanos en conjunto con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Por otro lado funciona el gobierno, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
A la larga, por el bien de los damnificados y en aras de la eficiencia, ambos esfuerzos deben complementarse. La iniciativa privada debería encontrar eco en las instituciones estatales, las cuales deberían tener la capacidad de identificar necesidades.
Pero el desorden frustra esfuerzos. El viernes, una ONG desmontó una brigada médica en una ciudad del litoral porque el alcalde no había coordinado nada. Ahí estaban las medicinas y la disposición de profesionales de la salud, pero las personas que iban a recibir la ayuda no fueron avisadas.
Ese es el problema cuando no hay coordinación. Si se dedican esfuerzos para recolectar alimentos, ropa y medicinas, pero no hay claridad de a dónde irán a parar, habrá lugares a los que nunca llegará nada.
Con las condiciones actuales de emergencia y la vulnerabilidad de decenas de miles de damnificados ni siquiera debería existir esa posibilidad.
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