Joaquin Samayoa.18 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.
Cuando la sala de lo constitucional de la CSJ dio a conocer su resolución obligando a reformar algunos artículos del Código Electoral, los diputados de la Asamblea Legislativa patalearon, chillaron y se mostraron indignados, alegando que la CSJ les estaba usurpando sus funciones al indicarles cómo debían legislar. Los más vociferantes amenazaron con desacato y hasta con destituir a los cuatro magistrados que firmaron la sentencia de inconstitucionalidad.
La molestia de los diputados era comprensible. Se sintieron amenazados y desconcertados. Los insensatos magistrados exigieron que se respetara la Constitución y fuéramos los ciudadanos, no las cúpulas de los partidos, los que eligiéramos a nuestros representantes en el primer órgano del Estado. El voto por personas y no por banderas buscaba poner fin a un régimen en el que los legisladores conseguían sus curules por docilidad y sumisión a pequeños grupos de dirigentes partidarios, en vez de tener que esforzarse por merecer el aprecio de los votantes.
Todos tenemos en la punta de la lengua los nombres de varios diputados que se las verían a palitos para conservar su silla en la Asamblea si tuvieran que someterse ellos como individuos, sin esconderse detrás de una bandera, al escrutinio de los electores. Tras la sentencia de la sala de lo constitucional de la CSJ, los días de esos diputados parecían estar contados. En adelante, los legisladores tendrían que empeñarse en satisfacer las expectativas de los votantes de sus respectivas jurisdicciones por encima de las voluntades, caprichos, intereses y chanchullos de los dueños de los partidos políticos. Por encima también, dicho sea de paso, de ideologías obsoletas.
La CSJ había presentado una elaborada argumentación jurídica para demostrar cómo y por qué algunos artículos del Código Electoral estaban reñidos con la Constitución y con la esencia misma del sistema democrático. Al declarar inconstitucionales esos artículos, la CSJ automáticamente impuso a la Asamblea Legislativa la exigencia de reformarlos de manera que fueran congruentes con el espíritu y la letra de la Constitución. Pero la CSJ no puede extralimitarse en sus funciones; puede y debe formular criterios, pero no le corresponde a ella dictar el texto de la nueva legislación. Eso es responsabilidad de la Asamblea Legislativa.
La reacción inicial de los diputados fue de berrinche y rebeldía, pero luego lo pensaron mejor. Cayeron en la cuenta de que era muy peligroso provocar una crisis de Estado por enfrentamiento de poderes. Comprendieron además que no era necesario hacerlo. Podían desplegar su habitualmente adormecida creatividad y elaborar la nueva legislación electoral de forma que pareciera acatarse la sentencia de la Corte, pero preservando casi intactos los cimientos de la partidocracia. La única fracción legislativa que ha mostrado cierta disposición para recapacitar y sujetarse a la sentencia de la Corte es la de ARENA.
La parte de la sentencia de la CSJ que valida las candidaturas no-partidarias fue fácilmente neutralizada mediante una legislación que impone requisitos virtualmente inalcanzables a las personas que aspiren a ser electos sin el respaldo de algún partido político. La nueva ley ha sido ya sancionada por el presidente y, a no ser que se presenten y prosperen nuevos recursos de inconstitucionalidad, los partidos políticos se sienten confiados de que el control que ejercen sobre el sistema político no podrá ser desafiado significativamente por la vía de las candidaturas independientes.
La segunda parte de la sentencia, la que reivindica el derecho ciudadano a votar por personas, es más complicada, pero los diputados ya encontraron la manera de jugarle la vuelta. Un acuerdo alcanzado la semana pasada por FMLN, PCN, GANA y PDC descarta la posibilidad de voto múltiple sobre listas abiertas y opta por listas cerradas no-bloqueadas, incorporando la novedad del voto posible por un candidato particular (con nombre y foto), pero conservando la opción del voto por bandera partidaria y regulando de tal forma el escrutinio que los partidos mantienen la prerrogativa de decidir a cuál de sus candidatos le asignan los votos por su bandera y también los votos erróneos en los que el ciudadano vota por un candidato y también por la bandera.
El sistema que han convenido los referidos partidos cumple con las exigencias explícitas mínimas de la sentencia de la CSJ (listas cerradas pero no bloqueadas)pero es contraria a los argumentos centrales y a los propósitos de la sentencia, por cuanto permite a las dirigencias partidarias conservar el control sobre quiénes, entre sus propios candidatos, pueden ser electos y quiénes no. El nuevo sistema está pensado, además, para no poder prescindir del mecanismo de cocientes y residuos del que tan hábilmente se han beneficiado en el pasado algunos partidos que tienen escaso respaldo popular. Por añadidura, es un sistema confuso que ocasionará innumerables errores en la votación y disputas en el conteo de votos y en la asignación de curules.
Mucho más simple, transparente, y congruente con el sentido de la sentencia de la CSJ habría sido un sistema de voto múltiple sobre listas abiertas, en el que cada votante contribuya a escoger a todos los diputados que representarán a su departamento, votando por los candidatos de su preferencia sin tener que limitarse a los de un mismo partido. En un sistema como éste son electos los que consiguen más votos, de más a menos hasta llegar a la cantidad de diputados que le corresponde a cada departamento. Elige realmente el votante, no la cúpula del partido.
Si los partidos no se mueven de lo que ya han convenido en sesión conjunta de la Comisión Política y la Comisión de Asuntos Electorales, si convierten en ley unas reformas que burlan la voluntad popular y pasan por alto el sentido de la sentencia de la CSJ, queda sólo el recurso de la observación o veto por parte del presidente Funes y, si el presidente no se quiere mojar, quedaría todavía la opción de un nuevo recurso de inconstitucionalidad, a sabiendas de que esto último amenazaría el cumplimiento del calendario electoral. Ojalá entren en razón y no tengamos que llegar a eso.
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