El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y FUNDAUNGO publicaron recientemente una interesante investigación acerca de las tendencias demográficas en El Salvador, destacando el llamado “bono demográfico” y el crecimiento de la población adulta mayor (arriba de 60 años).
Escrito por Rafael Ernesto Góchez.08 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
Los números hablan por sí mismos. La esperanza de vida pasó de 45 años en 1950 a 71 años en 2010. Es decir, disminuyó el peso relativo de la población menor de 15 años y aumentó la población adulta mayor. En 1950 de cada 100 habitantes, 43 eran personas menores de 15 años y únicamente 6 eran personas adultas mayores. Los cálculos para 2050 es que de cada 100 habitantes, 19 serán menores de 15 años y 19 serán mayores de 60 años; el 61% tendrá entre 15 y 59 años.
¿Qué representan estas tendencias demográficas? Varias cosas. Por una parte, el país tiene el llamado “bono demográfico”. Ello significa que la proporción de personas en edades productivas crece de manera sostenida en relación con la de personas en edades potencialmente inactivas, posibilitando con ello que El Salvador pueda elevar sus tasas de crecimiento económico per cápita y los niveles de bienestar de la población.
Por otra parte, la población adulta mayor pasará de 619,994 en 2010 a 1,558,052 en 2050. Los adultos mayores saltarán de representar el 9.4% al 19.3% de la población total, lo cual tendrá serias implicaciones en el campo de la salud y seguridad social. Hay un incremento en el número de mujeres arriba de 60 años (55.7%) en comparación con el número de hombres de ese rango de edad (44.3%); y una diferencia entre las personas mayores que residen en el área urbana (64.2%) y las que viven el área rural (35.8%).
Este proceso de envejecimiento de la población salvadoreña impactará progresivamente la demanda y los gastos en los servicios de salud (las enfermedades de los adultos mayores son más costosas que las de los jóvenes) y en el sistema de pensiones (habrá más personas recibiendo ayuda estatal).
Veamos dos aspectos demográficos críticos: (a) Del total de la población económicamente activa para el período 1998-2008, en promedio, únicamente el 18.5% fue cotizante efectivo del sistema de pensiones; las demás personas no cotizaron por no trabajar en el sector formal o por trabajar por temporadas y, por ende, es posible que no tengan ahorros suficientes para el momento del retiro. (b) La distribución por sexo de las pensiones otorgadas por vejez refleja discriminación hacia las mujeres. Al iniciar el siglo XXI, de cada 100 pensionados por vejez, 88 eran hombres y 12 mujeres. Esta tendencia ha ido modificándose y en 2008, las mujeres pensionadas por vejez alcanzaban el 32.8%. Es claro, entonces, que las mujeres tienen una baja participación en el sector formal de la economía y ellas cotizan menos que los hombres para una futura pensión.
La transición demográfica es un tema que se debe estudiar y abordar dentro de los planes institucionales, empresariales, laborales y político-electorales. El bono demográfico, el proceso de urbanización y el envejecimiento de la población generan nuevas demandas socioeconómicas. Si a ello se le agrega el tema de migración y sus efectos sociofamiliares, la dimensión demográfica se torna en un elemento estratégico para los tomadores de decisión.
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