Nos conviene, por tanto, que la institucionalidad se robustezca, el estado de derecho impere y los valores se difundan. Preocupa en ese sentido el bochornoso precedente judicial que terminó condenando a LA PRENSA GRÁFICA, por encima del derecho a la información de los ciudadanos. Si de ese calibre “moral” van a ser los mensajes que reciba nuestra juventud en la segunda década de este siglo, podemos irnos olvidando de la nación que queremos construir.
Escrito por Federico Hernández Aguilar.08 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
Una proyección del año que comienza, si partimos de evaluar cómo terminó 2010, puede producirnos escalofríos. Los motivos para el optimismo sobran en cualquier parte, con excepción de aquellos ámbitos en los que se definen tres aspectos fundamentales para el país: la estabilidad política, el futuro económico y la seguridad ciudadana. Ni más ni menos.
Con su pesada carga preelectoral, 2011 tiene márgenes de maniobra muy escasos para obtener la tan necesaria unidad nacional. El FMLN, desde su esquina del cuadrilátero, sigue resistiéndose a hablar claro de sus aspiraciones. ARENA, por su parte, aspira a que empecemos a llamar “golpes” a sus manotazos al aire.
Cuando ciertos personajes del partido oficial deslizan (a cuentagotas) la palabra “socialismo”, la única certeza que tenemos es que ninguno está autorizado –ojalá no incapacitado– para definirlo con claridad. Sucumben a la tentación de esbozar lo que deberían tener urgencia en promover. Allí donde la teoría se vuelve práctica, es decir, justo cuando los señalamientos contra el sistema obligan a plantear las alternativas, el discurso se torna resbaladizo. Y se termina echando mano de conceptos tan anchos como el “socialismo a la salvadoreña”, que es igual a decir “a la birmana” mientras desconozcamos sus límites y sus alcances.
En el más importante partido de oposición, mientras tanto, perder el poder debió servir para recuperar la moralidad. Y aunque algo se haya avanzado en ese camino, los pasos que se dieron en 2010 fueron de una timidez exasperante. Si el mayor peligro que proyecta el FMLN reside en su ambigüedad, ARENA corre el riesgo de caer en algo electoralmente más grave: la insipidez.
El choque de estas fuerzas políticas recrudecerá, lo queramos o no, en los meses próximos, con sus consecuentes efectos en el clima de inversión. La desconfianza estará al alza; la productividad, a la baja. El gobierno, que ya bastante haría vacunándose contra ese síndrome “Robin Hood” que tanto le gusta, podría continuar creyendo que el crecimiento es resultado de los impuestos (y no al revés), para luego culpar del recelo generalizado a quienes, responsablemente, le advierten sus errores incluso antes de que los cometa.
A juzgar por el tono de sus últimas recriminaciones al sector privado, el presidente de la República no parece conceder ningún crédito a los argumentos técnicos de las gremiales. Antes bien, otorgando anticipos inmerecidos a las medidas de su gabinete económico, la emprende contra toda objeción usando los anteojos más empañados que un mandatario puede usar para observar las dinámicas económicas: los anteojos de la división de clases.
Para colmo, instancias como el CES, creadas expresamente por el gobierno con el objeto de discutir los grandes temas de nación, quedan reducidas a la categoría de simples observadoras de los anuncios del presidente, que no debería acostumbrarse a tomar decisiones ignorando los procesos de consulta que él mismo ha establecido. Si existen mesas instaladas para, por ejemplo, debatir con seriedad el tema fiscal, ¿qué sentido tenía que la intención de aumentar los salarios del sector público fuera desconocida por al menos un tercio de los actores convocados? Desde esta perspectiva, ¿a quién le conviene empujar al Consejo Económico y Social a la irrelevancia?
Las demandas de transparencia, reducción del gasto y priorización de los recursos continuarán en la agenda gremial privada. (Mantener el dedo sobre estos renglones constituye, de hecho, una responsabilidad, le guste o no al gobierno de turno.) Ahora bien, ante la legitimidad de estas demandas, ¿qué actitud adoptará el Ejecutivo? ¿Entenderá por fin que se trata de un aspecto de la función pública que todo gobierno limpio termina fortaleciendo, para bien de todos? ¿O persistirá en responder a las críticas con evasivas, enojos y fantasmagóricas vinculaciones partidarias?
La primera década del siglo XXI ha terminado con una herencia de luto, amargura y frustración en miles de familias salvadoreñas víctimas de la violencia. Curiosamente, las medidas que han probado una relativa eficacia son las mismas que por años fueron reprobadas (con más argumentos ideológicos que técnicos) por algunos conspicuos miembros del actual gabinete de seguridad pública. De ellos esperaríamos, de cara a 2011, mínimos grados de coherencia: si son incapaces de reconocer las falacias en que abrevaban sus aportes “académicos”, bien harían evitando apropiarse los avances que por tanto tiempo obstaculizaron.
El combate a la violencia social, una vez más, constituye el tema en que debería coincidir el país entero, haciendo a un lado diferencias. El éxito del gobierno en esta área debería considerarse el éxito de todos los ciudadanos decentes, amantes de la paz y el trabajo. Nos conviene, por tanto, que la institucionalidad se robustezca, el estado de derecho impere y los valores se difundan. Preocupa en ese sentido el bochornoso precedente judicial que terminó condenando a LA PRENSA GRÁFICA, por encima del derecho a la información de los ciudadanos. Si de ese calibre “moral” van a ser los mensajes que reciba nuestra juventud en la segunda década de este siglo, podemos irnos olvidando de la nación que queremos construir.
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