El presidente Mauricio Funes fue claro: no permitirá que funcionarios de su gobierno participen en la campaña política que se avecina. Lo dicho no da pie a interpretaciones: es concreto, tajante y enfático. Sin vuelta de hoja.
Escrito por Elena de Alfaro. 07 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
“No se vale que los funcionarios, cuyos salarios son pagados por nosotros los contribuyentes, utilicen su tiempo laboral para hacer trabajo político.”
En una de las pocas cosas en las que el presidente Funes ha sido constante y coherente es en haberse mantenido alejado de la participación política-partidaria, conducta que le otorga la fuerza moral necesaria para exigir a sus funcionarios que se conduzcan con igual proceder. Pero tan pronto como el mandatario hizo la contundente advertencia, comenzaron a oírse voces de funcionarios y políticos que interpretaban, a su modo, las palabras del jefe del Ejecutivo, todo con la intención de justificar su posible participación en la campaña proselitista previa a las elecciones de diputados y alcaldes por realizarse en 2012.
Pareciera que a los ministros y a los presidentes o directores de entidades autónomas y semiautónomas no les ha calado el ejemplo que el presidente Funes ha dado de no confundir gobierno con partido, ni de mezclar la función pública con la política partidaria. Pero el presidente no habló de dar permisos temporales; su mensaje es una prohibición con matiz de orden y, como dicen los militares, las órdenes no están para cuestionarlas, sino para cumplirlas.
Hacer mal uso del cargo público para influenciar a los votantes ha sido una lamentable y antigua práctica que los políticos salvadoreños han venido realizando de generación a generación. Ya es tiempo de ponerle paro: o trabajan para el país o para el partido, pero cada cosa en su lugar. No se vale que los funcionarios, cuyos salarios son pagados por nosotros los contribuyentes, utilicen su tiempo laboral para hacer trabajo político. Si desean participar en política partidaria mientras están en el ejercicio de sus cargos, solamente hay una alternativa, la cual también les fue planteada por el mismo presidente: que renuncien al cargo.
Igualmente deplorable es que, como se ve en algunas alcaldías, los edificios públicos sean pintados con los colores del partido al que pertenece el funcionario y, peor aún, que los bienes nacionales, como las calles, los postes, los puentes y hasta las piedras y los paredones que se hallan a los lados de las carreteras sean manchados o usados como cartelera política. Esa mala costumbre también debe dar paso a formas más racionales y menos contaminantes de propaganda impresa, como las vallas, banners, afiches, mupis, banderines y otros que pueden ser retirados una vez la campaña haya finalizado.
Los políticos deben ser los primeros en dar al pueblo un buen ejemplo de civismo respetando los bienes públicos y protegiendo la buena imagen y el ornamento de la ciudad a la que aseguran servir, ya sea como diputados o alcaldes.
¿Quién, en su sano juicio, le dará el voto a un candidato a alcalde que prometa mejorar su ciudad si él mismo la mancha y ensucia al pintar con propaganda postes, cunetas y puentes?
En las elecciones que están por venir, los salvadoreños debemos darles una lección a los políticos inescrupulosos que contaminan nuestras ciudades en su afán por ganar votos, defendiendo nuestros lugares públicos y evitando que ensucien nuestro patrimonio ciudadano.
A su vez, los candidatos a alcaldes y a diputados deben impedir que los activistas de sus partidos estropeen la buena imagen de sus ciudades que aspiran gobernar o que buscan representar en la Asamblea Legislativa.
De seguro que tanto los candidatos a alcalde como los que aspiran ser o continuar como diputados ganarían más votos si hicieran una campaña ética, propositiva y limpia, como la población lo exige.
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