Escrito por Enrique Borgo Bustamante.04 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
Iniciando cada año prometemos que vamos a hacer cosas buenas que no hicimos el año anterior. Esperamos que los principales jugadores de la política y economía del país también lo hagan, pues tenemos un amigo, EL SALVADOR, a quien me referí en un artículo titulado Feliz Año Salvador, que merece nuestras mejores acciones. Veamos algunas cosas malas.
El nuevo gobierno encontró en 2009 un presupuesto aprobado que no le permitía desarrollar su plan de gobierno, expuesto por el FMLN en 2008, pero sí mover fondos sin control legislativo; para 2010 ya no había excusa para incluir las mismas partidas que habían servido al gobierno anterior para mover más de $200 millones y menos para crearlas en los diferentes ministerios para 2011, haciendo caso omiso de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que las declaró inconstitucionales.
La Asamblea Legislativa recortó $15 millones al presupuesto 2011 del Órgano Judicial y —contra disposición constitucional expresa— aumentó partidas del ejecutivo. El presidente de la República sancionó la Ley del Presupuesto, demostrando ambos un absoluto desprecio por las disposiciones constitucionales.
El Órgano Ejecutivo creó un impuesto a personas entrando al país en buses, posiblemente para detener el poco turismo que existe, olvidando que los impuestos según la Constitución solo los puede decretar la Asamblea Legislativa. Y para concluir con el mismo Órgano solo cabe recordar la concesión de la publicidad a Polistepeque, en violación clara de LACAP.
Durante el año, los abogados hemos presenciado con vergüenza la discusión pública de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes han llevado sus diferencias jurídicas y no jurídicas a los medios de comunicación, olvidando que los trapos sucios se lavan en casa. Y aunque no violan ninguna ley, la discreción y el respeto mutuo son principios éticos que lindan con la moralidad exigida por la Constitución. No basta ser honrados sino también parecerlo, sin ello se pierde el respeto al Órgano Judicial.
Los representantes de los partidos políticos con sus acciones en la Asamblea Legislativa indudablemente se desacreditaron, demuestran un claro amor partidario y de sus intereses para mantener un sistema que viola otras disposiciones constitucionales, al extremo de reformar el Art. 126 Cn., por unanimidad, en un madrugón. Quizás gracias a ello el presidente de la República obtiene altas calificaciones en las encuestas sobre popularidad, mientras los partidos políticos en credibilidad apenas alcanzan un 2.6 y la Asamblea, representante del pueblo, un 4.0.
Las asociaciones representantes del sector privado han contribuido a la falta de inversión en el país, con grave daño para nuestra economía, pues con su continúo señalamiento de nuestros defectos, de su visión negativa del futuro, fortalecen enormemente al desánimo de potenciales inversionistas, particularmente extranjeros.
La situación política ha cambiado, antes el grupo empresarial tenía una enorme influencia (o creía) en el presidente de la República y este mandaba al partido de gobierno —cosa que el actual ya no puede hacer— y su partido ejecutaba sus órdenes al pie de la letra en la Asamblea. Por otra parte, la enorme influencia de que gozaba el presidente en la Corte Suprema de Justicia ha desaparecido ante una Sala de lo Constitucional que ha demostrado su independencia de la política.
Solo con la promesa de no repetir lo equivocado y buscar medios de acercamiento y consenso para lograr el bienestar de EL SALVADOR, de no olvidar que tenemos un pacto social, la Constitución, que ordena y guía nuestros pasos, y cumplir las leyes, creo que podríamos mejorar.
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