Pocas políticas son más complejas, importantes y fundamentales para un país que las requeridas para un buen ordenamiento y desarrollo territorial. Por sentido común, lograr hacerlo bien requiere a) contar con la información ambiental requerida para b) elaborar un excelente Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que establezca “las reglas técnicas y científicas del juego”. Luego, en base a las potencialidades, debilidades y vulnerabilidades identificadas, c) elaborar con criterios sólidos y visionarios (“apostarle a una agricultura e industria avanzada y limpia”; “ciudades sostenibles, eficientes y verdes”, etc.) un Plan de Desarrollo Territorial (PDT) con metas claras de corto, mediano y largo plazo. Finalmente, habría que d) elaborar una Legislación Territorial (LT) con la reglamentación necesaria para implementar ambos planes efectiva y eficientemente.
Escrito por Francisco Serrano.11 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
¿Suena fácil? En realidad, hasta acá llegó lo fácil. Pues jugar intuitivamente con esto suele conllevar a derroche de tiempo y recursos financieros críticos, generar frustración, confusión y fracasos, e inclusive ¡querer empezar por el final sin contar con el principio!
¿Tenemos ya un POT? Lamentablemente, no. Un “costoso” estudio realizado hace pocos años como tal es, sin duda alguna, la mejor recopilación de información ambiental jamás integrada sobre El Salvador. Pero no es un POT. Pues además de que existen serios vacíos de información ambiental, es de carácter primordialmente descriptivo y adolece considerablemente de los análisis, criterios y recomendaciones básicos fundamentales para poder formular un PDT adecuado. Pues... quisimos “comprar pollo a cinco”.
¿Culpa de la empresa que la elaboró? Dudosamente. Más bien es virtualmente seguro que los términos de referencia elaborados para licitarlo adolecían de serias deficiencias, al no tenerse claro (¿o temer?) los objetivos de un buen POT. De otra manera, no se hubiesen asignado (casi al final) entre $3 millones y $4 millones para un trabajo que difícilmente podría haber costado menos de 10 veces eso. Claro, para llenar los vacíos y hacerlo bien.
En primer lugar, simplemente se trabajó con la información “cruda” disponible. No se percató (o consideró) en su momento las notables deficiencias y vacíos de mucha información de suelos, geología, hidrología, cuencas, vegetación y otra información ambiental y social indispensable –en algunos casos casi totalmente inexistente, en particular en la zona norte y oriental– para hacerla adecuadamente.
Más importante, no parecían estar claras y definidas las premisas en que habrían de basarse, posteriormente, nuestro desarrollo territorial. ¿Cuál sería el porcentaje de área a conservarse en áreas naturales protegidas y cómo habría que distribuirlo en ecosistemas para garantizar mayor beneficio y funcionalidad? ¿Qué tipo de agricultura y forestación habría que buscarse, por qué, cómo y adónde? ¿Qué tipo de desarrollo urbano sería la más conveniente de buscar? Evidentemente, estas premisas claves fueron omitidas por prisa, desconocimiento o aun posiblemente temor a interferir “excesivamente” con la continuidad del destructivo desorden territorial actual.
Sin duda, querer elaborar un plan para lograr el desarrollo rural, dulceacuícola, terrestre y marino de toda una Nación a costo tan bajo fue un acto de ingenuidad inusitada. Pero sobre todo fue reflejo de un vacío de responsabilidad y liderazgo institucional preocupantemente palpable en el manejo de otros recursos fundamentales, incluyendo el agua, los suelos y los bosques. Por razones incomprensibles, El Salvador simplemente no quiere hacer bien las cosas ambientales.
Para quienes ahora pudieran querer formular una Legislación Territorial con los enormes vacíos de información, criterio y directrices existentes, solo existe la buena suerte o una corrección oportuna.
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