FMLN, ARENA y GANA ven en el congreso, desde ópticas diferentes, la propuesta de la FUSADES.
Escrito por Amadeo Cabrera.04 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
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Las bancadas de la Asamblea Legislativa tuvieron respuestas encontradas ante la propuesta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) de iniciar una discusión sobre la conveniencia o no de promulgar una ley de estado de peligrosidad.
El diputado arenero y presidente de la comisión de legislación del congreso, Guillermo Ávila Qüehl, valoró que una normativa en ese sentido iría en desarrollo con el artículo 13 de la Constitución de la República, que en su inciso último reza: “Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos”.
“Definitivamente, debe haber una ley de peligrosidad. Hay elementos (personas) que tienen conductas antisociales que deben ser condenables”, demandó Ávila Qüehl al recordar que las pandillas nacieron “por no haber tenido una legislación adecuada en cuanto a la peligrosidad”.
El FMLN es bastante parco a la hora de hablar sobre si cree necesario o no la promulgación de una ley de este tipo.
“Tendríamos que analizarlo. Al final tomaremos la decisión al ver la propuesta, pero mejor hagamos el debate porque habría que ver el contenido para luego tomar la decisión”, pide Jaime Valdez, diputado efemelenista y también miembro de la comisión.
GANA, por su parte, cree que estas conductas antisociales, inmorales o dañosas deben de ser castigadas por medio de una ley de contravenciones, por lo que no ve factible el hablar de una nueva legislación.
“Ya hay un adelanto en esta materia y es la ley de contravenciones que busca regular aquellas conductas que no llegan a delito, pero que de no regularlas al final se convierten en delitos”, recordó el vicepresidente del congreso y miembro de la comisión de legislación, Guillermo Gallegos.
La comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad del parlamento ya tiene en su seno, desde finales del año pasado, un proyecto de ley de convivencia y contravenciones administrativas, surgido tras una larga discusión con diferentes sectores de la sociedad.
El presidente de esa comisión legislativa, el diputado pecenista Antonio Almendáriz, dijo en su momento que con esta legislación se busca “la instauración de normas de convivencia ciudadana”, las cuales permitan la preservación de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia social.
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