La nueva normativa debe aplicarse en medio de la polémica entre las instituciones del sector justicia que se contradicen por falta de preparativos para la nueva ley.
Escrito por Jessica Ávalos/Tania Membreño.03 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
“A corto plazo se verán los problemas, porque nos estamos metiendo a aplicar el código sin estar listos.”
Ulices del Dios Guzmán, magistrado de la CSJ
“Se capacitaron 116 miembros de la Policía en actualización del nuevo Código Procesal Penal.”
Marco Tulio Lima, jefe de la DIHO
“Quizá lo más afectado es que no le vamos a dar respuesta a las víctimas en los plazos que la ley establece.”
Romeo Barahona, fiscal general de la República
“Ya es poco lo que nos hace falta, y en términos generales podemos decir que estamos listos para ir dando inicio.”
Carlos Ascencio, director de la PNC
judicial
Desde el 1 de enero de 2011 está en vigor el Código Procesal Penal que fue aprobado el 22 de octubre de 2008 por la Asamblea Legislativa. Esta normativa permitirá, entre otras cosas, que los procesos judiciales por delitos como robo, hurto o conducción temeraria sean resueltos en menos tiempo por la celebración de juicios rápidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) fue la única institución que se atrevió a admitir y decir que no estaba preparada para aplicar la nueva normativa. Señaló que ninguna institución del sector justicia tenía lista la infraestructura ni la logística para el nuevo código.
“La Policía no está preparada, la Fiscalía no está preparada, los tribunales no lo están. Para los juicios rápidos que tienen que celebrar los jueces de Paz no han creado las salas de audiencias. Los juzgados de Paz no tienen la infraestructura para celebrar las audiencias”, reconoció el fiscal general de la República, Romeo Barahona, la primera quincena de diciembre.
La Fiscalía, de hecho, es la que resulta más afectada por el nuevo código, porque con la nueva normativa los fiscales pueden ser multados por excederse de los plazos para la investigación de las denuncias que reciben. El artículo 17 impone un límite de cuatro meses para que haya respuesta fiscal a los denunciantes.
Hasta 2008, el ministerio público tenía acumuladas 49,000 denuncias sin resolver.
Se intentó refrescar este dato, pero el personal de la FGR dice no tener un sistema confiable que actualice la cifra.
Además de las multas, el nuevo Código Procesal también establece a la Fiscalía la obligación de habilitar un depósito de pruebas urgentes para que en casos extraordinarios los fiscales puedan obtener adelanto de pruebas y resguardarlas sin autorización de un tribunal.
La posición de la CSJ
Contrario al fiscal general, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime, aseguró que el Órgano Judicial estaba preparado para la nueva normativa. Sin embargo, el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán, lo contradijo unos días después porque aseguró que sin la infraestructura y sin hacer estudios suficientes sobre el nuevo marco legal, la Corte está improvisando y generando problemas futuros.
“Nos estamos metiendo en una nueva forma de realizar los procesos sin estar preparados. Las cámaras, por ejemplo, deben de readecuarse porque harán admisible la casación”, aseveró el magistrado, quien considera que si bien el nuevo código tiene cambios, mayoritariamente se trata de un remiendo del anterior.
Los 506 artículos que están en vigor desde ayer ya fueron prorrogados en tres ocasiones, porque debió hacerse efectivo desde el 1.º de julio de 2009.
La primer prórroga que concedieron los diputados a las instituciones del sector justicia fue en julio de 2009. En enero del año pasado, otorgaron otro plazo para alargar la nueva ley.
El fiscal general aclaró que no estaba dispuesto a solicitar la cuarta prórroga por el costo que esto supone. Pero tanto la Fiscalía como la Corte se presentaron en octubre del año pasado a la Asamblea para explicar que experimentaban insuficiencia de recursos para la nueva normativa. En ese momento estimaron que la aplicación del código requiere un aproximado de $19 millones.
La Policía Nacional Civil (PNC), al igual que la presidencia de la CSJ, dice estar preparada para la nueva normativa. El director de la corporación policial, Carlos Ascencio, aseguró en los últimos días del mes pasado que el 75 por ciento del personal fue capacitado en la nueva materia penal.
El jefe de División de Investigación de Homicidios, Marco Tulio Lima, lo reiteró la semana pasada: se capacitaron 116 miembros de la Policía, entre ellos 60 investigadores, personal de análisis en actualización del nuevo Código Procesal Penal, así como otras cursos de investigación criminal, de investigación de droga, manejo de escena, delincuencia organizada, inteligencia policial. “Entre esos cursos va el tema del Código Procesal Penal, y son multiplicadores que están dando a conocer esos conocimientos adquiridos en otras capacitaciones a sus compañeros”, explicó Lima.
OTROS CAMBIOS
El nuevo Código Procesal plantea que los jueces de Paz podrán celebrar juicios rápidos, es decir, que en menos de un mes podrán resolver casos de hurto, robo, conducción temeraria y otros. La nueva normativa también deja en manos de los jueces el otorgamiento de criterio de oportunidad y ya no en manos de la Fiscalía.
Le concede, además, a los fiscales y policías la posibilidad de recolectar evidencia sin tener que contar con la autorización de un juzgador.
También contempla arresto tecnológico, es decir, la utilización de grilletes electrónicos para que los reclusos no tengan necesariamente que estar al interior de un centro penitenciario. Y habilita la posibilidad de realizar videoconferencias en la celebración de juicios.
El nuevo código entra en vigor al mismo tiempo que la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), normativa que requería la creación de un consejo que no ha sido creado.
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