“Mundialmente los estados enfrentan a los sindicatos públicos por prebendas excesivas. Aquí lo agravan los métodos ilegales y violentos. Paralizan los servicios públicos, violan la ley. Zapatero los militarizó. ¿Lo hacemos?”
Escrito por Rafael Castellanos.25 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
Hay una batalla planteada mundialmente, los estados contra los sindicatos públicos. Esos están generalmente sobrepagados, son inamovibles, son los grandes “come impuestos”, los gobiernos defienden a los ciudadanos, los “paga impuestos” en época de recursos fiscales son escasos y se necesita apretar el cinturón. Los sindicatos reaccionan con protestas (civilizadas principalmente), guardianes de penales, policías, maestros, trabajadores ferroviarios, controladores aéreos en Estados Unidos, Europa y por supuesto Latinoamérica.
Algo común a todos es que quieren quitar o reducir prebendas que no les corresponden, fiscalizarlos para que trabajen bien, ahorrar el dinero del contribuyente para dedicarlo a programas sociales, alivio de la pobreza, educación, salud, servicios, etcétera. Los sindicatos responden con protestas, huelgas... nadie suelta fácilmente lo que tiene, aunque no sea legítimo.
Lo que en El Salvador es diferente es que aquí piden más exageradamente, paralizan servicios públicos por la fuerza, toman rehenes, exigen violentamente, los apoyan sindicatos diferentes, siempre hay agitadores profesionales en los movimientos, hay partidos políticos detrás y al final el estado termina “negociando¨ para evitar desestabilización.
Violan la ley y no son castigados, en otros países les caen duramente.
Los empleados públicos en promedio son mejor pagados que los privados, no pueden ser despedidos por mal rendimiento o mala conducta, sus jubilaciones son más ventajosas, tienen aumentos por antigüedad, no por rendimiento, hay muchos más empleados de los que se necesitan casi en cualquier dependencia, emplean a parientes, amigos o relaciones sentimentales como práctica común. Como no hay evaluaciones ni estímulos por eficiencia, la mayoría no se esfuerza, es ineficiente.
Hace décadas el conflicto era entre el capital y los sindicatos. En el sector privado el sindicalismo ha disminuido en todo el mundo, los trabajadores se entienden mejor con los privados y la paga está relacionada con productividad.
La gran diferencia es que lo privado tiene dueño que cuida, ve que no haya abuso, pide cuentas y retribuye por eficiencia. Lo público se cree que no tiene dueño porque es de todos, nadie vigila, el estado es una gran piñata y todos quieren aprovecharla.
Los sindicatos mundialmente han evitado que se implemente retribución por productividad y hacen punto de honor la inamovilidad laboral. En países modelo como Singapur, los públicos son élite de trabajo, reclutan a los mejores, les pagan como a los más altos ejecutivos de las grandes corporaciones mundiales, pero son extraordinariamente eficientes y así son evaluados. También si no funcionan se van.
Hay dos conflictos planteados, uno es el pago por eficiencia y no garantizar la inamovilidad, evaluación como a cualquier privado. Esta batalla se debe resolver adecuadamente, por el lado de aumentar la productividad, mejorar la calidad de la burocracia y pagarles muy bien a los buenos.
El otro conflicto planteado, grave en el país, son los métodos de protesta, la ilegalidad de las acciones, paralizar servicios públicos y el país impunemente. La práctica de décadas de la izquierda de legitimar y acompañar las protestas por ilegales e ilegítimas que fueran. Ya no son oposición, son el gobierno, hay que darle vuelta a la página, avanzar a la institucionalidad y aplicar la ley.
Cumplamos y hagamos cumplir la ley, apoyemos al gobierno y a las autoridades que corresponden, en este caso a la CSJ y al Ministerio de Educación si los maestros van a la huelga.
Es lícito que busquen mejoras, también debiera ser lícito que despidan a los malos y que vayan presos los que violan la ley. Cuando se paralicen servicios públicos, hay que militarizarlos, es decir, que los empleados públicos del área paralizada entran inmediatamente al servicio militar y se rigen por las reglas del ejército, como soldados y oficiales, no son deliberantes, obedecen, si no se presentan a trabajar, causan baja; si huyen, son desertores.
Este ejemplo lo da recientemente un gobierno socialista, Rodríguez Zapatero, ¿tendremos las agallas de implementarlo aquí?
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