LPG-Editorial-Sigue usándose el trillado argumento de “no estar preparados”

 Es determinante, tanto para la consolidación del Estado de Derecho como para el saludable desarrollo de la práctica institucional general, que se le vaya haciendo honor inequívoco a los compromisos que la misma evolución del proceso nacional nos demanda.

Escrito por Editorial.10 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica.
 

En nuestro ambiente, está bien establecida la “cultura” de la postergación reiterada de aquello que, por alguna razón, afecta a los intereses del poder, en cualquiera de las expresiones de éste. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando en la Asamblea Legislativa se dejan pasar tranquilamente los plazos constitucionales para la elección de funcionarios cuando se requiere mayoría calificada, por la sola razón de que las fuerzas políticas están haciendo sus juegos tácticos para quedar mejor representadas en las distintas posiciones.

Hay casos que son casi de laboratorio de lo que no debería pasar, como es el tema del seguro vehicular obligatorio, que viene rodando sin concreción práctica desde hace años. En otros temas, como el ya famoso ordenamiento y desarrollo territorial, argumentos van y argumentos vienen; y, entretanto, no hay regulación a la vista, como sí la hay en otros países, aun del entorno inmediato. La cuestión básica, más que de circunstancias específicas en situaciones determinadas, reside en esa “cultura” dilatoria a la que hemos hecho referencia, que en el fondo es una expresión constante de irresponsabilidad, que no concuerda de ninguna manera con la lógica propia del proceder y del quehacer democráticos.

En estos días, se han dado otros ejemplos de esa “cultura” tan nociva para el buen desempeño de la institucionalidad nacional. En el caso de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal se han presentado importantes dificultades, que eran perfectamente previsibles. Surge otra vez el argumento de “no estar preparados” con todo lo necesario para cumplir la nueva normativa a plenitud. Más allá de los distintos puntos de vista internos en la cúpula judicial, que en buena medida reflejan el clima de discordia ríspida que ahí viene imperando, lo que no es admisible es que se use otra vez el mismo argumento, como si fuera algo perfectamente natural.

En el punto del proceso de formación de ley de la normativa sobre Acceso a la Información Pública, se acaban de conocer las observaciones presidenciales y ya hay distintas reacciones al respecto. La Ley se aprobó con los votos del FMLN y ARENA, y desde el principio fue claro que el asunto no era bien visto desde las esferas ejecutivas. Algunas de las observaciones son atendibles, pero hay otras que a todas luces apuntan a dilatar la entrada en vigor real de la mencionada legislación. Para el caso, pretender que se posponga por un año más dicha entrada en vigor es un recurso demasiado obvio para ser disimulable. Y cuando se busca ponerle más trabas a la información confidencial, la intención queda aún más a la vista. La transparencia existe o no existe: al ser rodeada de veladuras ya no se puede hablar de auténtica transparencia. Y es que el poder es enturbiador por naturaleza, y sólo una heroica práctica democrática puede irlo depurando dentro de una línea de apego a la legalidad en todos los órdenes.

Es determinante, tanto para la consolidación del Estado de Derecho como para el saludable desarrollo de la práctica institucional general, que se le vaya haciendo honor inequívoco a los compromisos que la misma evolución del proceso nacional nos demanda. Eso de “dejar las cosas para mañana” como hábito de vida es la fórmula perfecta para mantener al proceso en ascuas, con todas las consecuencias negativas que acarrea el no hacer las cosas a tiempo. Necesitamos un cambio de cultura al respecto, y ese sí es un “cambio” imperioso.

Sigue usándose el trillado argumento de “no estar preparados”