LPG-Editorial-Es saludable que los funcionarios no hagan política partidaria

 Tenemos que ir logrando, como sociedad y como institucionalidad, que la disciplina conforme a la ley se imponga en todos los órdenes, esferas y funciones.

Escrito por Editorial. 12 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

La Constitución de la República, en su artículo 218, correspondiente al Capítulo 1 del Título VI sobre Servicio Civil, establece inequívocamente: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley”. Esta es una norma de sanidad institucional que merece toda atención y todo respeto, justamente porque en el pasado, tanto inmediato como más distante, ha sido ignorada y vulnerada con toda tranquilidad, como si no existiera, hasta el punto que en el ambiente llegó a parecer natural su reiterado y abusivo quebranto.

Esto es resultado de la inmadurez de nuestro desarrollo político, que permite que el poder siga imperando sin reservas ni restricciones, frente a actores políticos aún muy desestructurados e institucionalmente débiles. Si tuviéramos una institucionalidad consistente y sólida, tanto en las esferas partidarias como en los ámbitos gubernamentales, ni siquiera sería imaginable que los funcionarios públicos pretendieran hacer valer sus ventajas estratégicas en beneficio de alguna fuerza específica. Afortunadamente, el proceso mismo de democratización va haciendo su tarea ordenadora, y eso indica que, pese a todos los trastornos que surgen en el recorrido, las señales positivas también se van haciendo sentir.

En estos días, el mismo Presidente de la República, de cara a la próxima campaña electoral, ha salido al paso de cualquier intención de vulnerar la norma constitucional antes citada por parte de funcionarios de su Gobierno, con énfasis en los de más alto nivel jerárquico. El Presidente, desde un principio, deslindó su propia función de cualquier compromiso partidario. Esto desde luego está vinculado con la curiosa y confusa relación que mantiene con el partido que lo llevó al poder; pero, en todo caso, es una práctica acorde con la naturaleza de un sano proceder democrático, en cuya competencia nadie debe tener dados cargados.

En el período anterior vimos las consecuencias nocivas del proceder contrario, y todo ello debe servir de enseñanza de cara a un futuro que está siempre a las puertas, y en el que debe hacerse todo lo necesario para que la democracia vaya dando lo mejor de sí en cada momento. Y aquí, con la crudeza ya habitual, el mandatario cerró la puerta de las interpretaciones, porque algunos estaban matizando la prohibición con argumentos como el trabajo libre de fin de semana o la solicitud expresa de sus respectivas cúpulas partidarias. No se puede, sin excepciones.

Tenemos que ir logrando, como sociedad y como institucionalidad, que la disciplina conforme a la ley se imponga en todos los órdenes, esferas y funciones. El Estado de Derecho implica el sometimiento estricto a los mandatos de la ley, sin excusas ni pretextos. Sólo de ese modo se sentarán las bases de una seguridad y una estabilidad verdaderamente sostenibles. La legalidad debe operar naturalmente, y no esperar a que se presenten las conductas violatorias para hacerse valer. La legalidad tiene que convertirse en una forma de cultura espontánea y cotidiana, que opere por convicción antes que por represión. De eso se trata, efectivamente, la evolución democratizadora, en la que todos los ciudadanos valemos lo mismo y estamos todos obligados a cumplir la ley, que es la que establece los derechos y determina los deberes y las responsabilidades.

Es saludable que los funcionarios no hagan política partidaria