LPG-Despojos sin freno

 Normalmente se tiende a asociar la corrupción en el sector público, con la malversación de los fondos del Estado, en sus más claras e inmediatas manifestaciones: desvío o robo descarado de recursos y clientelismo. Independientemente de la figura que adopte este flagelo, el delito inevitablemente se traduce en un daño para toda la sociedad, que casi nunca se repara. La sofisticación con que operan los corruptos, la debilidad de las instituciones encargadas de perseguirlos y las componendas políticas, invariablemente se traducen en otro mal mayor: impunidad.

Escrito por Juan Héctor Vidal.17 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

Al referirme al tema, no estoy aludiendo al affaire de los $40 mil relacionados con los narco barriles, que se esfumaron por arte de magia. Los casos que quiero comentar están relacionados con verdaderos despojos que han causado grandes perjuicios al erario nacional, sin que nadie responda por ellos. Por cierto, al menos yo esperaría que estos sean tratados de manera casuística en la Ley de Acceso a la Información Pública, aceptando que desconozco su texto final.

De uno de estos casos, daba cuenta el editorial del blog de Neto Rivas (4/1/11) al referirse a la posibilidad de que la CEL se vea compelida a acudir a un arbitraje internacional, ante los problemas surgidos en la construcción de la presa El Chaparral, con el riesgo de perder un juicio que involucra decenas de millones de dólares, como ocurrió frente a Nejapa Power que implicó, según se comenta, una erogación de $200 millones.

Que el lugar que se escogió para construir la presa no es el adecuado –por la geología del terreno– me lo aseguró el experto que envió la compañía alemana que yo representaba en ese momento y que por cierto, es una de las más prestigiosas del mundo en el diseño y supervisión de este tipo de proyectos. Solo le bastó examinar una pequeña parte de las piezas rocosas que la autónoma puso a disposición de los potenciales oferentes de esos servicios, para llegar a esa conclusión y dar su dictamen a la casa matriz.

Después le perdí la pista al proyecto, porque mi representada decidió retirarse del país como respuesta a la decisión que tomó la CEL de rescindir unilateralmente los contratos firmados entre ambas partes para supervisar la re-potenciación de las tres presas construidas a lo largo del río Lempa. El motivo: nuestro supervisor cuestionó la calidad del trabajo realizado por el contratista. Tiempo después trascendió que en una de ellas había colapsado una turbina, cuyo costo de reparación se estimó en $10 millones. El editorial de Neto también alude al diferendo con la empresa italiana Enel, que puede significar otra pérdida multimillonaria.

Pero los casos de CEL son tan solo un ejemplo de los costos en que tiene que incurrir el país, en muchos casos, por la subordinación de los intereses nacionales y la falta de preparación de las entidades estatales frente a intereses espurios para lidiar, como en los casos de arbitraje (nacional o internacionales) con verdaderos gañanes. En esta categoría cae el juicio que promueve Pacific Rim en el Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones –invocando arbitrariamente el CAFTA– y en el cual están involucrados ex ministros, diputados y profesionales encopetados, algunos de muy dudosas credenciales éticas.

El aprendizaje para luchar en esas lides debimos comenzarlo mucho antes de que se planteara un arbitraje que afectaba al Ministerio de Medio Ambiente y a ANDA, durante la administración Flores. En ese momento el fiscal general me comentó que el país no estaba preparado para enfrentar ese tipo de eventos, por lo costoso y la falta de experiencia.

Si la situación se mantiene, los riesgos de que el país siga siendo despojado de sus raquíticos activos no son remotos. Consecuentemente, también estaríamos expuestos a nuevos impuestos, tarifas incrementadas, impunidad y otras bellezas donde el silencio se arropa en una doble moral.

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P. D. Talvez ahora dejan en paz a la familia Duarte.

Despojos sin freno